La pena de muerte no se paró con la COVID, pero está en retroceso en el mundo
La pena de muerte ha acabado en 2020 con al menos 483 vidas en 18 países del mundo. Son un 26% menos que las detectadas el año anterior, según el balance anual de Amnistía Internacional. La cifra vuelve a ser la más baja registrada por la organización en los últimos 10 años.
Autora: Lucía Salcedo Gil. Defensora de los derechos humanos.
En el momento en el que todo el mundo se centraba en salvar vidas de la Covid-19 nadie se paró a pensar en una de las mayores agresiones a los Derechos Humanos que tenemos en nuestra sociedad, la pena de muerte. Irán, Irak, Arabia Saudí y Egipto figuran a la cabeza de los países que aplicaron la pena capital. Organizaciones de derechos humanos han probado que 23 de ellas se produjeron tras juicios injustos, con confesiones forzadas y demás violaciones de derechos.
La COVID-19 influyó en la reducción de la cifra de las ejecuciones, pero a su vez, muchas personas ejecutadas no pudieron acceder a un juicio justo debido a las restricciones por la pandemia.
Entre los delitos penados con la muerte figuran los relacionados con las drogas en Indonesia o Singapur, la corrupción en Vietnam o la blasfemia en Pakistán.
A lo largo de estos años pasados muchos países han abolido la pena o acordado moratorias, pero en Estados Unidos, con Trump se retrocedieron 17 años tras reactivar las ejecuciones federales. A estas ejecuciones hay que sumarles un corredor de la muerte que aglutina multitud de casos, algunos muy antiguos, que evidencian el defectuoso sistema penal del país. Según señala un informe de Amnistía Internacional, solo en los primeros cinco meses de 2020, en Estados Unidos se acabó con la vida de 10 personas.
El objetivo final de Amnistía Internacional es acabar con esta pena tan cruel e inhumana, ya que es uno de los máximos exponentes de vulneración de los derechos humanos. Por ello hace un llamamiento para aumentar la presión sobre algunos de los países que siguen aplicando este tipo de penas.
Agnes Callamard, experta en derecho humanos, comenta: “Instamos a los dirigentes de todos los países que aún no han derogado esta pena que conviertan 2022 en el año en que pongan fin para siempre a los homicidios autorizados por el Estado. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todas partes, de una vez por todas".
Esperamos que pronto se puedan dejar atrás unos códigos penales arcaicos, herederos de un pasado en que los derechos humanos no eran unánimemente reconocidos, y que verdaderamente la humanidad de un paso adelante en la forma de afrontar los delitos y de tratar a los delincuentes.
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