Víctimas salmantinas por la estafa de una falsa tienda que vendía sofás por internet

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una falsa tienda de sofás que utilizaba internet como punto de venta, al detener a tres personas de nacionalidad española por una estafa de 543.095 euros que habría afectado a, al menos, 175 personas en 21 provincias españolas.

Según ha comunicado la Dirección General de la Guardia Civil, la denuncia de un perjudicado en San Juan de Alicante puso sobre la pista a los agentes. La víctima había comprado 'online' un sofá con un precio de 2.100 euros, pero no le había llegado, no le habían devuelto el dinero y la empresa no le facilitaba una solución.

Los demás afectados comenzaron a poner quejas y denuncias en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cantabria, Castellón, Girona, Guadalajara, Guipúzcoa, Madrid, Murcia, La Rioja, Oviedo, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza, aunque se espera localizar a más víctimas.

A los detenidos, un hombre y dos mujeres, se les atribuye haber estafado a consumidores finales, entidades bancarias y proveedores. También estaban siendo investigados por la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, cuyas pesquisas localizaron en internet una web que vendía sofás "de manera engañosa y acordando un pago mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o pago financiado".

120 SOFÁS OCULTOS

Las tres detenciones se llevaron a cabo en Asturias y Valencia. En dos registros efectuados en naves industriales en las valencianas Riola y Almoines, los agentes hallaron escondidos unos 120 sofás.

Durante la investigación, los agentes descubrieron que las supuestas instalaciones de la empresa en Gandía (Valencia) estaban abandonadas, aparte de que la mercantil asociada no tenía actividad registrada, aunque había operado en el pasado, entre 2011 y 2021.

A través de internet, los vendedores se daban a conocer como una marca consolidada en el mercado nacional que operaba con proveedores conocidos, al tiempo que prometía 100 días de prueba y cinco años de garantía. Además, ofertaban los sofás a precios muy competitivos.

En cuanto a la entrega del producto, se comprometían a entregarlo en menos de doce semanas, aunque ofrecían la opción de acelerar el envío a cambio de 49 euros, el precio del "Servicio Rápido", o por 89 euros el "Servicio Premium" lo transportaba en máximo seis semanas.

Respecto a las formas de pago, la falsa tienda permitía abonar el dinero a plazos o financiándolo con diferentes entidades bancarias. Al recibir el pago, los vendedores no fabricaban el sofá encargado.

LA TIENDA DEJABA DE CONTESTAR

Ante la tardanza, los clientes perjudicados contactaban con la empresa por teléfono, por mensaje o a través del correo electrónico, pero una comercial les salía al paso con "todo tipo de excusas para justificar el retraso sin reconocer en ninguna ocasión que en realidad no tenían intención de fabricar ni de efectuar la entrega".

Después, cuando los clientes reclamaban la devolución del dinero pagado, la empresa, la mayoría de las veces, dejaba de contestar. Para perpetrar las estafas, los vendedores seducían a las víctimas sacando a colación su pasada experiencia comercial con los sofás.

Orgánicamente, el hombre ejercía como administrador de la empresa y contactaba y cerraba los contratos con los proveedores. Su madre era la apoderada y gestionaba las cuentas, mientras que la otra mujer arrestada trabajaba como comercial y controlaba los pagos realizados por financiación. Los tres habían trabajado juntos anteriormente.