Algún día descubriremos la historia del acuerdo que firmaron los representantes de PP y Ciudadanos para la no-investidura de Rajoy. En el documento, que llevaba por título "150 compromisos para mejorar España" (150compromisos-pp-ciudadanos) hay un único apartado dedicado a la "Economía digital". Si cualquier estudio de prospectiva indica que este ámbito de la actividad humana será determinante en las políticas de desarrollo, ¿por qué nuestra clase política sólo le dedica un mísero párrafo a tan relevante tema? Este olvido de la economía digital, ¿no será un pequeño botón de muestra con el que ejemplificar que las prioridades de nuestra clase política son distintas de las prioridades de los ciudadanos?
En un documento de esta naturaleza donde se recogen compromisos y acuerdos mínimos es difícil conseguir la plena satisfacción de las partes. Quizá sea un documento intranscendente porque se utilizará solo para los procesos de investidura y no marcará un programa de gobierno. En todo caso, el tema es lo suficientemente importante como para exigir mayores niveles de atención pública. Buena muestra de ello son las consecuencias que está empezando a tener la multa de 13.000 millones de euros que la UE ha impuesto a Appel. La urgencia de la investidura está alterando de tal manera la agenda política que los ciudadanos no somos conscientes de que esta multa es una pequeña gota de agua en el océano de los desafíos que la economía digital planteará no sólo a la economía financiera o productiva sino al conjunto de las actividades y relaciones humanas. Cualquier sector económico de nuestro futuro más inmediato dependerá del horizonte digital. Y no me refiero solo a los numerosos especialistas en derecho de las TIC que este caso requiere, sino a los numerosos especialistas que debemos preparar para la industria digital, la sanidad digital, la educación digital, el ocio digital, el comercio digital y todo un horizonte antropológico nuevo que llamamos "cultura digital".
El párrafo del acuerdo al que nos referimos es el número 27 y dice lo siguiente: "Impulsar la Economía Digital, trabajando tanto en la mejora de las infraestructuras necesarias como en el fomento de las industrias y servicios de contenidos digitales. Generalizar el uso de las redes avanzadas de comunicación (4G, banda ancha) en diversos ámbitos, impulsar la presencia de PYMES en el comercio electrónico, mejorar la formación en competencias digitales de los estudiantes y los trabajadores y tomar medidas específicas para atraer emprendedores del mundo digital. Avanzar en el desarrollo de una agenda industrial encaminada especialmente a la adaptación a los cambios tecnológicos. Impulsar el proceso de transformación digital de la industria, a través de la iniciativa Industria Conectada 4.0, que pretende la efectiva incorporación de la tecnología en los procesos productivos y cadenas de valor, y en la aparición de nuevos modelos de negocio."
Cualquiera que analice con cierta curiosidad los programas electorales que el PP y Ciudadanos han presentado a las elecciones del 26J observarán que estas reflexiones sobre economía digital no proceden de sus programas. El programa del PP solo hablaba de herramientas y medios digitales cuando planteaba, en el punto 1.9, una referencia a las "nuevas tecnologías para la modernización" (p. 51). Ciudadanos en su programa tampoco decía nada explícitamente sobre la economía digital, sólo mencionaba el problema de regular los "contenidos digitales" (medida 195) y afrontar la "digitalización de archivos" (medida 198).
Lo realmente curioso y sorprendente del tema está en el hecho de que los únicos programas electorales que planteaban explícitamente el término "economía digital" eran los de Podemos y el PSOE, dos partidos que se han opuesto al pacto de investidura. El primero cita superficialmente la Economía digital para referirse al fomento empresarial de sectores innovadores (punto 75). El segundo cita con claridad a la economía digital cuando se refiere a la propiedad de los contenidos (pág. 59), la productividad (pág. 148) y de una manera expresa cuando describe el nuevo modelo económico (pág. 154, 155,193).
Aplicando el principio de caridad al documento deberíamos afirmar que, aunque PP y Ciudadanos no hayan profundizado en el tema de la economía digital en sus respectivos programas, al menos han se han dado cuenta que podría ser un tema bueno y útil para la investidura, y que podría generar cierto consenso de cara al sentido común que los ciudadanos exigen a su clase política. Como Rajoy no ha sido investido, tampoco habrá consenso, y por consiguiente tampoco habrá sintonía entre el sentido común de los ciudadanos y los documentos políticos. Deberíamos preguntarnos qué tipo de representantes políticos tenemos cuando son incapaces de impulsar una agenda de economía digital que se les impone brutalmente desde la calle.
Cuando vemos lo que sucede con el tema de la economía digital y comprobamos que podría generar fácilmente acuerdos y consensos si cada partido leyera con cuidado los programas de los adversarios, descubrimos que pueden existir nuevas formas de hacer política. Podríamos empezar a construir ciudadanía básica para un país excelente generando pequeños acuerdos de urgencia en grandes temas de importancia. La economía digital puede ser uno de ellos porque, como hemos visto, muestra la necesidad de romper con el ensimismamiento partidista y reconocer que los acuerdos de unos pueden nacer cuando se
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