Surrealista condena al Ayuntamiento por la caída de un hombre al foso durante el Carnaval 2019

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha sido condenado a pagarle una indemnización al individuo que se cayó al foso durante el Carnaval del Toro 2019 y que decidió llevar los hechos a los tribunales, que le han dado parcialmente la razón, con unos argumentos que son calificados por el Consistorio mirobrigense como ‘disparatados’, más aún cuando ha quedado probado que el hombre iba andando por dónde no debía y que había consumido sustancias estupefacientes.

Como publicamos hace unos meses en Ciudad Rodrigo Al Día, los hechos ocurrieron a primera hora de la noche del Sábado de Carnaval de 2019 en la zona del glacis situada a la derecha de la Avenida de Yurramendi. El individuo venía de la zona de la Escuela de Música situada en la Avenida Sefarad con la intención de adentrarse en el casco histórico mirobrigense, pero en vez de seguir el camino habilitado para ello (es decir, la larga escalera de piedra que lleva a la Avenida de Yurramendi), se fue recto hacia la muralla, cayéndose al foso.

Inicialmente, el individuo –de fuera de Ciudad Rodrigo- presentó en el propio Ayuntamiento una reclamación de "responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la caída". El Consistorio, al que ni siquiera le constaba el incidente, desestimó la reclamación, argumentando que no había ninguna responsabilidad municipal ya que el individuo estaba andando por una zona que ‘no es transitable’ (fuera de las rutas habilitadas para el tránsito de peatones).

Sin embargo, el hombre decidió acudir a la justicia ordinaria, presentando ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Salamanca un Recurso Contencioso Administrativo contra la resolución de la Alcaldía que como decíamos más arriba ha sido parcialmente admitido, entendiendo la justicia que en la caída hay una ‘concurrencia de culpa’ entre el individuo y el Ayuntamiento. Al respecto, lo que más llama la atención son los argumentos concretos que se esgrimen en la sentencia para condenar al Consistorio.

Por un lado, se considera que el Ayuntamiento tiene parte de culpa porque los fosos y la fortificación “no están señalizados”, algo que en palabras del alcalde Marcos Iglesias “nos parece un disparate”. Según señala, en primer lugar, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, aunque se encargue del mantenimiento, no es el dueño de la fortificación (lo es el Estado), con lo cual es “insostenible desde el punto de vista jurídico” que se condene al Consistorio por algo que no es suyo: “¿por qué el Ayuntamiento tiene que hacer frente a un gasto si no somos propietarios?”.

En torno a la protección, el alcalde se pregunta “¿cómo se señaliza una fortificación?” para que no se caiga la gente, habiendo ya planteado el asunto en la última reunión de Conjuntos Históricos de Castilla y León al Director General de Patrimonio de la Junta, quién evidentemente confirmó que, aunque quisiese el Ayuntamiento, no se le permitiría vallar el foso.

Por otro lado, el Ayuntamiento también acaba condenado porque, aunque se ha demostrado que el individuo había consumido previamente a la caída sustancias estupefacientes, el Consistorio no ha podido probar “cuánto le influyeron” a la hora de caerse al foso, es decir, que ese consumo hubiera disminuido “la capacidad de la persona para controlar sus movimientos”.

En base a estos argumentos, la justicia ha condenado al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a pagarle al individuo 4.000€, que es el 20% de lo que reclamaba (que eran 20.000€). Al respecto de esa cantidad (que será abonada por el seguro municipal), Marcos Iglesias añade que “no tiene motivación ninguna; ponen el 20% como podían poner cualquier cosa”. Por la cuantía impuesta (que no alcanza cierta cantidad), la sentencia no es recurrible, lo que considera que “deja al Ayuntamiento en una indefensión absoluta”.

Como valoración general de la sentencia, Marcos Iglesias expresa que están “totalmente en desacuerdo; nos ha metido en este problema un juez con escasa sensibilidad; es penoso”, calificando de “surrealista” que el hecho de tener una fortificación sea ahora “un problema para el Ayuntamiento”.