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Emerĭtus

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OPINIóN
Actualizado 25/12/2021 12:49
Francisco Aguadero

Queda mucho por saber, investigar y debatir sobre la figura del rey Juan Carlos I, y, por supuesto, falta toda la perspectiva histórica. Pero sería bueno que nos fuéramos acostumbrando a nombrarlo y tratarlo en pasado: Juan Carlos I, como corresponde al penúltimo rey de la historia de España, que dejó de serlo según la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio del 2014, por la que abdicaba en favor de su hijo Felipe, a título de Rey y con el nombre de Felipe VI.

Las monarquías, todas, han sido fuente de conflictos a lo largo de la historia, ni que decir tiene la española, que ya nació complicada y disputada allá por 1516 cuando a Juana, heredera legítima, así confirmada en 1502 por las Cortes de Castilla y las de Aragón; proclamada en 1504 Reina bajo el título de Juana I de Castilla y en 1516 también de Aragón, consolidando así la unificación de la Monarquía Española en una sola persona, la Reina Juana I; le quisieron arrebatar la corona, y le arrebataron el gobierno, bajo pretexto de que estaba loca.

Muchos han sido los avatares de la Corona española a lo largo de los más de 500 años de su existencia, incluso la pérdida del ejercicio de sus funciones y salida del territorio, debido a la proclamación de sendas repúblicas, de corta duración, y la prolongación de una dictadura de casi cuatro décadas.

La restauración de la Monarquía el 22 de noviembre de 1975 se llevó a cabo tras jurar, el entonces príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, las Leyes Fundamentales del Reino, comenzando su reinado con el título de Juan Carlos I. Una primera etapa de transición como Monarquía absoluta-franquista, hasta junio de 1977 y como Monarquía Parlamentaria refrendada por la Constitución a partir de 1978.

Un reinado de 39 años, el de Juan Carlos I, lleno de luces, por los incuestionables servicios prestados a la nación, a la democracia y al pueblo español. Pero también ensombrecido por determinados comportamientos personales, nada edificantes y mucho menos moralizantes. Ernst H. Kantorovicz desarrolló la teoría de "los dos cuerpos del rey", pensando en la monarquía inglesa. Esa teoría apunta, esencialmente, que en el monarca coinciden dos cuerpos, el del rey y el suyo propio, resultando ser el del rey el que debe predominar y manifestarse. Aplicada esta teoría a Juan Carlos I, todo parece indicar que, especialmente en los últimos tiempos, ha sido al revés, es su propio cuerpo, sus acciones personales, y no las institucionales, las que han predominado y se han manifestado con mayor intensidad.

Dice el sabio refranero castellano que “Más vale una retirada a tiempo que una batalla perdida”. Tal y como iban las cosas Juan Carlos I ya estaba tardando en retirarse. En el cómo lo hizo quedaron demasiadas puertas abiertas. Seguir haciéndose llamar Rey, aunque con el calificativo de “emérito”, viviendo en la misma residencia real y manteniendo sus prácticas en lo personal nada ejemplarizantes; junto con los escándalos que estaban apareciendo y con las lógicas tensiones de convivir con los nuevos reyes Felipe y Letizia, jóvenes ellos, con ganas de cambiar cosas, era caldo de cultivo para una brusca salida.

El 3 de agosto de 2020, Juan Carlos I comunicaba a Felipe VI su “meditada decisión” de trasladarse a vivir fuera de España, debido a los escándalos sobre “ciertos acontecimientos pasados” de su vida privada. El ex Jefe del Estado se ha visto involucrado en varias investigaciones, tanto dentro como fuera de España. Escándalos relacionados con el presunto cobro de comisiones, obtenidas antes de su abdicación en el 2014 y posteriores presuntos delitos fiscales.

Después de tres años de investigación, el 13 diciembre de 2021, la fiscalía suiza ha cerrado el caso sobre la presunta donación de 65 millones de euros que Juan Carlos I recibió en 2008, procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y que transfirió a Corina Larsen en 2012 a través de una de sus sociedades instrumentales en el paraíso fiscal de Bahamas. Con el cierre del caso, la justicia suiza exonera de responsabilidad penal a los investigados, entre los que no constaba Juan Carlos I.

En España, todo parece indicar que la Fiscalía del Supremo y la Fiscalía Anticorrupción también archivarán la causa, ante la imposibilidad de querellarse contra Juan Carlos I, ya sea por falta de pruebas, por la prescripción de los presuntos delitos, o por la inviolabilidad que la Constitución Española, en su artículo 56.3, le otorga a la persona del Rey. Si se archivara la causa, aún le quedaría a Juan Carlos I librar la batalla jurídica más comprometida, tras la demanda por acoso, presentada por Corinna Larsen en Londres.

En las sociedades democráticas, más allá de la acción de la justicia y el rendimiento de cuentas ante la misma, los representantes públicos, ya sean salidos de las urnas o pertenecientes a la estructura fundamental del Estado, como es la figura del Rey, tienen una dimensión política, ética y democrática, más allá de la jurídica, propiamente dicha. La opinión pública tiene sus propios cauces. La dignidad institucional que debe ostentar la Corona, reclama del ex Jefe del Estado que dé una explicación a los españoles sobre las presuntas comisiones obtenidas como presunto intermediario, la existencia de fondos en paraísos fiscales y las circunstancias en las que se produjeron las regularizaciones fiscales ante la Agencia Tributaria.

Una pena, que el gran aporte, reconocido, de Juan Carlos I a la democracia y al desarrollo español en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, se vea enturbiado por la prevalencia del cuerpo y actuaciones propias, sobre el cuerpo institucional de Rey, aunque se le llame “Emérito”.

¡Felices Fiestas! Escuchemos a José Feliciano - Feliz Navidad

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© Francisco Aguadero Fernández, 24 de diciembre de 2021

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