¿Es necesaria una segunda transición?

La efemérides semanal nos traslada a 1976, concretamente al 15 de diciembre, fecha en la que se aprobó por Referéndum la Ley para la Reforma Política; una norma que en el momento de su aprobación por las Cortes y del refrendo por el pueblo español, se consideró una nueva Ley Fundamental (la octava) de las del régimen franquista ?junto al Fuero del Trabajo, la Constitutiva de Cortes, el Fuero de los Españoles, la de Referéndum Nacional, la de Sucesión a la Jefatura del Estado, los Principios del Movimiento Nacional y la Orgánica del Estado- , es decir, una continuidad de la estructura normativa de la dictadura. Desde el punto de vista jurídico, como años después y recién aprobada la Constitución del 78 nos explicaría en clase de Derecho Político el catedrático Pedro de Vega, suponía una aberración sin precedentes, porque cuando "lex posterior derogat (legi) priori", la nueva norma jurídica, la nueva Ley se crea "ex novo", no un precepto creado en el mismo cuerpo normativo: las Leyes Fundamentales del Reino y que forme parte del mismo, sirva para derogar todas las disposiciones normativas anteriores del mismo cuerpo normativo. En cambio, desde el punto de vista político ?como también reconocía el Catedrático- supuso una jugada maestra con la que Suárez logró engañar a todos los "Procuradores azules" adeptos a los Principios del Movimiento Nacional. De ahí esa imagen de Suárez -que tantas veces hemos visto en reportajes sobre la transición- respirando con alivio en su escaño después de conocer el resultado de la votación de la "Octava Ley Fundamental del Reino" en las Cortes franquistas que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1976 y cuyo resultado fue de apoyo de 425 de los 531 Procuradores.

Cierto es que esta Ley sirvió para convocar las primeras elecciones generales libres, por sufragio universal y habiéndose legalizado todos los partidos políticos (también el Comunista en aquél famoso "Sábado de Gloria" de 1977), que eligieron a las Cortes Constituyentes encargadas de discutir y consensuar una buena Constitución democrática, en 1978. Tampoco es menos cierto que el trabajo serio de los gobiernos de Suárez apoyados por el Monarca y con la implicación excepcional de los partidos políticos de la izquierda provenientes del exilio, dio su fruto iniciándose la construcción de un auténtico Estado de Derecho. Las condiciones de consenso y concordia fueron decisivos. También hay que reconocer que los partidos de izquierda, que venían de la ilegalidad, de las torturas sufridas en las comisarías, en los cuarteles y en los juzgados, cedieron mucho más de sus pretensiones iniciales republicanas del anterior periodo democrático y, en cambio, los que provenían del Régimen franquista, no estaban dispuestos a ceder y asumir cuestiones transcendentales recogidas en los principios y valores de la Constitución de 1931, como la forma política del Estado, la enseñanza laica o la libertad religiosa. Aún así, el esfuerzo de unos y otros fue considerable y la metodología de trabajo encomiable porque, a pesar de la procedencia social y política de cada parte, consiguieron debatir con sosiego y consensuar las líneas maestras de lo que debe ser el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, con honestidad, responsabilidad y sentido de Estado. Algo de lo que carecemos ahora, donde el Parlamento se ha convertido en una pelea de gallos indecente. La última intervención de Casado en la sesión de control al Gobierno ha sido lamentable. No sólo es grave su actitud chabacana y desafiante, más propia de una bronca callejera en la que los que buscan camorra van bien pertrechados de navajas, cadenas y otros instrumentos igualmente peligrosos, sino que también lo es que sus enfervorecidos seguidores diputados lo jaleen cuando de su boca salen las barriobajeras expresiones acompañadas de una chulería insultante. Como decía un famoso contertulio radiofónico esta mañana, Javier Aroca: "¿con qué parte del cuerpo se expresa Casado?"

Un síntoma claro de la cesión de la izquierda en la transición fue que aceptó como Jefe del Estado a un rey impuesto por la dictadura franquista. Esta herida, que, es cierto, se cerró en la transición y en los primeros años de democracia plena en España, no ha cicatrizado correctamente y con los años y el conocimiento por parte de la sociedad de esa presunta vida licenciosa del ahora rey emérito Juan Carlos I, financiada también, presuntamente, con dinero público, la polémica sobre la Monarquía ha vuelto al tapete social y político. Porque, evidentemente, un Estado Social y Democrático de Derecho consolidado consiste en reconocer la dignidad y derechos humanos de todos, en la igualdad y no discriminación y en la ausencia de privilegios. Como consecuencia de esto, si la sociedad se entera de que el rey emérito ha podido participar en actividades de dudosa ética y legalidad, es lógico que se promueva la investigación pertinente como a cualquier otro ciudadano. De lo contrario estaremos fomentando la opacidad, la corrupción y el caciquismo. Resulta sorprendente que líderes de la derecha y la ultraderecha pongan el grito en el cielo porque sectores sociales y políticos pretendan que se investigue al rey emérito y los califiquen de ser la "anti España", cómplices de los terroristas y de los independentistas. Lo que demuestra con ello la derecha y la ultraderecha es que para ellos es normal que el poder político (siempre que lo ostenten los de siempre, es decir, ellos) y económico y la aristocracia cometa estos actos de presunta "corrupción". Es consustancial a su condición, como también lo debe ser que esos sectores sociales son los que eternamente tienen que ostentar el poder, no los "descamisados comunistas" y procedentes de los sectores más humildes de la sociedad, por muy buenos currículos académicos que tengan. ¡Cómo va a gobernar la chusma, por Dios!

Por todas estas consideraciones y después de más de 40 años de vigencia de la Carta Magna sería conveniente abordar las reformas necesarias para adaptar la realidad jurídica a las exigencias sociales y aprovechando el proceso sería obligado abordar temas de absoluta trascendencia como la forma política de Estado. Debería someterse a referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre si quiere seguir con la Monarquía Parlamentaria u optar por una República en la que el Jefe del Estado sea elegido también por el pueblo de forma periódica; postura que parece más lógica y acorde con un auténtico sistema democrático y que el Jefe del Estado también pueda ser juzgado, no como actualmente en que la misma Constitución se contradice; porque, mientras en la parte dogmática proclama la igualdad de todos ante la ley, la sujeción de ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento jurídico, cuando aborda el título de la Corona en el artículo 56.3 establece que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".

Con la "segunda transición" España subiría un peldaño importante y necesario en la consolidación de los principios y valores de una sociedad democrática, en la igualdad de todos ante la ley y en la persecución, sin tregua, de la corrupción política y económica, venga de donde venga. De esta forma, conductas como la del ex presidente M. Rajoy -el pasado día declarando en la comisión de investigación del Congreso sobre el presunto caso de corrupción "Kitchen", donde negó todo en relación a su posible participación en este nuevo caso de corrupción e incluso negó que el PP haya sido condenado por la "Gurtel y la caja B"- se producirían con menor frecuencia y serían condenables, no sólo por los tribunales de justicia sino también por los ciudadanos, que estarían más informados y soportarían menos que los gobernantes nos tomaran el pelo de esa forma tan descarada.