¿Hasta cuándo la (omnipresente e histórica) pena a pagar por ser homosexual?

Irene Martí García. Defensora de derechos humanos

La historia nos ha demostrado cómo tener una determinada orientación sexual, o más bien, no tener la única orientación sexual "esperada" (la heterosexual) puede ser delito, y ello conlleva pagar una pena a nivel social, político o económico, como ocurre en los 69 estados que criminalizan los actos sexuales entre personas del mismo sexo, llegando incluso a sentenciarlas a muerte en 6 de ellos.

Además, no hay que irse muy lejos para ver estas condenas aplicadas a personas no heterosexuales. Recientemente, en la "avanzada" Unión Europea se han presenciado graves manifestaciones de discriminación hacia estas personas. Varias regiones y municipios de Polonia (que representan alrededor de un tercio del país) se han proclamado como "zonas libres de personas LGTBI", debido en gran medida a las peligrosas campañas de difamación contra estas personas provenientes de los discursos políticos del gobierno ultraderechista y su partido sustentante, Ley y Justicia (PiS), que dirige el país. Asimismo, en Hungría, se aprobó el pasado verano una ley contra la pedofilia que prohibía mostrar a menores de 18 años, tanto en escuelas como en televisión, cualquier contenido que informe sobre el cambio de sexo y la homosexualidad, justificando esta medida como "protectora de los derechos de las niñas/os a la identidad propia"; medidas inadmisibles por cuanto equiparan la homosexualidad con la pedofilia, y a mi parecer es totalmente contradictoria en relación al fin que dice perseguir, al marginar a las personas LGTBI y discriminarlas en base a su identidad y orientación sexual.

En el caso de España, los delitos de odio, en concreto, los de homofobia, han experimentado un repunte en los últimos años, aumentando un 8,6% en 2019 (último año del que se ofrecen datos) respecto al año anterior, contabilizando un total de 278 delitos contra personas LGTBI, según los datos del Ministerio de Interior. Y si incluimos las denuncias recibidas en las asociaciones españolas del colectivo, serían 971 los incidentes de odio registrados en 2018, según el informe de la Federación Estatal LGTBI. Entre otros, destaca el crimen de Samuel Luiz, joven de 24 años a quien mataron tras darle una paliza grupal al grito de "maricón" el pasado mes de julio. También cabe nombrar la reciente manifestación neonazi en el barrio madrileño de Chueca, histórico epicentro del movimiento LGTBI, en la que manifestantes, algunos con puños americanos, desfilaban ondeando banderas franquistas y luciendo brazaletes con esvásticas, al grito de "fuera maricas de Madrid" o "fuera sidosos de nuestros barrios". Asimismo, y, en consecuencia, se está desarrollando una sensación de miedo e inseguridad en el colectivo, como testifica Francisco Peña Díaz, doctor en Derecho y especialista en derechos humanos LGTBI al declarar que "hay una intranquilidad que no había antes", y que "intenta no mostrar a ciertas horas de noche y en ciertos lugares que soy LGTBI".

Todos estos ejemplos muestran que actualmente la homofobia sigue muy viva y no sólo en los países donde está tipificada como delito, sino en países democráticos donde se han normalizado los discursos de odio debido en gran parte al ascenso de partidos de ultraderecha, los cuales, lejos de restringirlos, legitiman esos pensamientos discriminatorios, que son los que luego llevan a casos de violencia física y también psicológica.

Además, los ataques violentos y palizas denunciados muestran sólo la "punta del iceberg" de las innumerables agresiones que sufren a diario; según el director del Observatorio Madrileño contra la LGTB fobia "sólo se denuncia entre un 2% un 5% de los casos". Este grave problema se debe a la discriminación que sufren estas personas por parte de la sociedad y a la falta de sensibilización con la realidad LGTBI de la policía y tribunales. Y por si esto fuera poco, en muchos casos los jueces no aplican los agravantes por delito de odio (por razón de orientación sexual o identidad de género), que contempla el Código Penal español.

Concluyendo, a pesar de que pienso que cada vez las personas somos menos intolerantes y menos homófobas, al ser la comunidad LGTBI más visible, hay más ataques por parte de los intolerantes. Si, además, a esto se le suman los discursos de incitación al odio, que polarizan a la sociedad y crean más violencia, así como lo "muy barato" que sale pegar una paliza, los agresores se ven empoderados y se sienten más envalentonados para agredir. Por ello, las prácticas discriminatorias y los discursos de odio son de tremenda peligrosidad, pues a pesar de no ser las causantes directas de las agresiones, sí que alimentan a los intolerantes agresores. Se empieza con la invisibilización y marginación, se sigue con los discursos de odio, las leyes contrarias a los valores como la dignidad humana, la igualdad y los derechos fundamentales, y se termina con agresiones físicas y psicológicas que discriminan, restringen libertades, denigran, y hasta acaban con la vida de estas personas.

¿Qué pena hay que seguir pagando por ser gay, lesbiana, transexual, bisexual e intersexual?, ¿hasta cuándo?, y ¿por qué, por qué tanto odio?

Fuente: AMNISTÍA INTERNACIONAL