El Poder per-judicial

Sí, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) se está tornando perjudicial para la salud de la gobernanza de España. Aunque el CGPJ es el órgano de gobierno del poder judicial, parece que quiere convertirse en un segundo ?y más alto? control político del Estado español. Ellos, el CGPJ, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, se están mostrando como nuestros verdaderos gobernantes. Muchos de ellos son los que miran y remiran la ley según su gusto e ideología.

El sheriff de ese CGPJ es Carlos Lesmes, que sigue sin dimitir después de tres años, ya caducado su mandato, bloqueando así, sine die, su renovación y las de muchos jueces. Lesmes, a la vez, también Presidente del Tribunal Supremo, con un mando omnímodo, da muestras de vez en cuando que su mano justiciera se inclina más por la ´derecha´ y a veces algo más allá. En su carrera profesional ha obtenido un largo ascenso hasta la cumbre de la Justicia, de un cargo a otro. Y ha ejercido en puestos a los que ha llegado con el apoyo del PP. Ya se sabe: ´arropado` por una red de favores cruzados: hoy por ti, mañana por mí. Los ´salvapatrias´ se sienten poderosos gracias a la estrategia de bloqueo institucional de la gran derecha. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, debe de estar frotándose las manos porque cree que el ilegítimo es el Gobierno, no él.

Parece incompresible para muchísimos ciudadanos que el comportamiento de la Justicia cuando se trata del rey emérito o cuando toca juzgar a políticos y empresarios corruptos es muy distinto con respecto a los españolitos de a pie. Piglesias afirmaba respecto a estos privilegios del ex rey Juan Carlos: "La justicia es igual para todos... Vergüenza".

Otro de los sheriffs de la Justicia española es el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal. Este magistrado presidió el juicio, muy mediático, contra los líderes catalanes independentistas y dictó la sentencia condenatoria, que ahora está recurrida en los Tribunales de la Unión Europea. Marchena, vuelve a enmendar la plana al poder político, ahora del Congreso, y él solito, sin consultar a sus compañeros del T. Supremo, le dice a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, lo que debe o no debe hacer respecto al diputado de Podemos A. Rodríguez. Y todo ello, a pesar de los informes jurídicos de los letrados y de la Mesa del Congreso, contrarios a despojar de su escaño a Alberto Rodríguez. Recordemos que dos magistrados de los siete de este alto Tribunal hicieron voto particular, negando la culpabilidad no demostrada y que se absolviera, por tanto, a A. Rodríguez.

Otros jueces ´estrella´, afines a los conservadores populares, son García Castellón, bien amparado en su carrera por el PP. O el juez Llarena, con sus descalabros con la Justica de la UE por la instrucción del ´procés´ catalán y la persecución por toda Europa del expresidente Puigdemont. Y un largo etc., pues abundan entre los jueces las asociaciones derechistas.

En los despachos y tribunales jurídicos de UE nos van a ´arrear´ de lo lindo por esos españolismos en la interpretación de la Justicia, que con este caso de A. Rodríguez ya son muchos en pocos años.

Para entender esos privilegios deplorables (ese poderío judicial de la derechona española), escuchemos al consejero de Justicia del PP y de IDA Ayuso, Enrique López, anteriormente juez motero piripi, expulsado del CGPJ por eso, cómo juzga a su tropa de amiguetes y fieles leguleyos conservadores, incluso algunos cercanos al franquismo y a la ultraderecha: "En el 85, la izquierda entendió que la judicatura era mayoritariamente facha. Hicieron una ley para cambiarla. No lo consiguieron". ¡Menuda pandilla hay todavía en las élites judiciales! En fin, en la actualidad aún existen familias de jueces y funcionarios patriotas exfranquistas y muy derechistas (padres hijos, abuelos, etc.) que copan juzgados y sus decisiones?per-judiciales.

Las ´cesiones´ del PP en el tema de la renovación de los órganos judiciales no son de risa sino de ignominia. Tanta bravuconadas por parte de los populares para despolitizar la Justicia durante años y sus apuestas para el TC son: Enrique Arnaldo, un juez imputado que prometió a Ignacio González colocar a fiscales afines, y que le salpican varios casos de corrupción. Y Concepción Espejel, una jueza apartada de Gürtel y caja B del PP, y demasiada afín a Cospedal y a la FAES de Aznar. Con ellos la mayoría sigue siendo conservadora en el T. Constitucional. Al margen de este acuerdo, la formación de Pablo Casado insiste en su negativa a renovar a los miembros del CGPJ, manteniendo así la mayoría conservadora que predomina en la cúpula judicial ¡Vaya forma que tiene la derecha pepera de despolitizar la política!

Po otro lado, la contundente y renovada declaración del PSOE ?en sus Congresos autonómicos de este mes? a favor de la socialdemocracia ha sido más un paso atrás en los avances de derechos sociales. Ya saben, otra vez Pésanchez bailando la Yenka: un, dos, tres, adelante, atrás, izquierda, derecha?El PSOE dio el pistoletazo de salida ?otra vez atrás, cuesta abajo?, hacia su derechización. Y esto no es solo por esta ´rajada´ de Pésanchez y Calviño en la negociación de reforma laboral tan cacareadamente prometida. También ha influido el embrollo judicial y la cacería de Alberto Rodríguez, la claudicación de Batet por presiones del magistrado Marchena, y sobre todo la advertencia severa del CGPJ contra la ministra podemita Ione Belarra por ´pasarse´, dicen ellos, en las criticas contra el T. Supremo y hablar de prevaricación de unos y de otros en el caso de su diputado ?hasta ahora? A. Rodríguez.

¿Ha cometido prevaricación el magistrado Marchena? El interés (un tanto exagerado y personal y que ´interactúa demasiado´) del magistrado Marchena en que se cumpla la pena accesoria y en que esta conlleve la privación del escaño del diputado, es un "apartamiento de lo previsto en el Código Penal y un retorcimiento del Derecho". Además, supone una extralimitación del magistrado, dado que el Congreso, como poder legislativo, se rige por sus normas. Varios expertos en Derecho Penal y Derecho Electoral, y exjueces del T. Supremo, alertan sobre las polémicas decisiones de Batet y Marchena, dejando claro que el asunto de esa inhabilitación era, por lo menos, debatible sino rechazable.

Rodríguez, dimite como militante de Podemos y denuncia una sentencia injusta y cuestionada, a la vez que una "interferencia" entre poderes. "El PSOE se ha plegado a las presiones del poder judicial". La ´jurisprudencia a lo Marchena´, como la del ´procés´, y otras muchas?de este ´eximio´ magistrado aupado tantas veces por el PP, no es de recibo. Hay muchas dudas jurídicas entre los expertos, que discrepan sobre la ´inhabilitación retroactiva´ aplicada por él en el caso del exdiputado de U.P. Alberto Rodríguez.

Hay que acabar con los abusos del poder per-judicial que erosionan la democracia.