Vuelve el circo al Congreso y al Senado

Se han reanudado las sesiones de control al gobierno en el Parlamento, los martes por la tare en el Senado y los miércoles por la mañana en el Congreso de los Diputados, después de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid y, con ellas, se reanuda la crispación interesada, la mala educación en las intervenciones y los gestos de displicencia, soberbia y prepotencia, más propios de las actividades del "hampa" que de representantes de los intereses generales de los ciudadanos.

Llevamos casi año y medio de legislatura, bien es cierto que contaminada completamente por el problema sanitario provocado por la COVID-19 y la parálisis legislativa es absoluta. En las sesiones de control al gobierno, en lugar de preguntar e interpelar para construir entre todos, para proponer reformas legislativas necesarias para que nuestros ciudadanos dispongan de las herramientas y del escudo social necesario para afrontar los problemas cotidianos, para mejorar y potenciar las políticas públicas de sanidad, educación, servicios sociales, dependencia o pensiones, se hace campaña electoral constantemente, pero no con propuestas positivas, sino intentando destruir al contrario con la única finalidad de acceder al poder. Lo prioritario es estar en el poder, los problemas de los ciudadanos quedan en un segundo plano.

Ni siquiera para afrontar el grave problema de la pandemia, que ha segado la vida de miles y miles de ciudadanos, la oposición se lo ha puesto fácil al gobierno al oponerse sistemáticamente a utilizar el recurso que nuestra Constitución prevé para luchar contra las crisis sanitarias, "tales como epidemias y situaciones de contaminación graves", es decir, el Estado de Alarma, según se dispone en el artículo 116 de la CE y 4.b) de la LO 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. El argumento del PP ha sido siempre que con reformar las leyes sanitarias (LO 3/1986, de 14 de abril, la Ley 14/1986, de 25 de abril y la 33/2011, de 4 de octubre) se resolvería la situación y no hay que acudir al Estado de Alarma. La mayoría de los Constitucionalistas consideran que el único recurso constitucional existente actualmente para combatir estas crisis sanitarias, que restrinjan derechos fundamentales tan importantes como la libertad de circulación o de reunión (artículos 19 y 21 de la CE), es decir, que impidan la circulación libre en todo el territorio nacional o las reuniones familiares y sociales, es el Estado de Alarma.

El PP, que tanto dice defender la Carta Magna, parece que en este aspecto la quiere eludir. No bastaría con unas reformas de la legislación sanitaria, sino previamente sería preciso reformar la Carta Magna en este aspecto, algo mucho más tedioso y complicado y dada la excepcionalidad de la situación, no parece la solución más conveniente. Cuestión diferente es -si pasado más de un año de pandemia y habiendo soportado los ciudadanos el yugo del Estado de Alarma durante varios meses, tendiendo en cuenta, por otra parte, el estado actual de la pandemia y el nivel de vacunación- la conveniencia de volver a prorrogar el Estado de Alarma o declararlo sólo en alguna parte del territorio nacional. Esto se hizo en octubre en Madrid, que tenía los datos disparados de contagios y la derecha política encendió la mecha únicamente para quemar al gobierno central, cuando éste se limitó a cumplir con la normativa vigente, la única posible en ese momento para combatir los contagios y siempre con los informes sanitarios previos.

No solo en este aspecto, como decía al principio, las sesiones de control parlamentario son un espectáculo interesado y malintencionado por parte de la oposición al utilizarlo como medio para acceder al poder con mentiras, insultos, descalificaciones, pero sin argumentos. No se pregunta nada sobre temas que interesan a los ciudadanos y cuyas disposiciones deben modificarse: reforma laboral, pensiones, derogación de leyes represivas como la LO 4/2015, de 15 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, incremento del salario mínimo interprofesional, potenciar la atención primaria sanitaria pública dotándola de más médicos y enfermeras ?la ratio de el personal sanitario es notablemente inferior que en el resto de Europa-, mejorar los servicios sociales de las residencias de mayores y dotar a la educación pública de más recursos humanos y materiales, entre otras necesidades que tiene nuestro sistema.

Pero esto no interesa ni al PP ni a Vox ?de Ciudadanos ya no hablamos porque lo ha absorbido el PP, siguiendo las tesis de Albert Rivera- porque consideran que con estos derechos sociales de los ciudadanos se puede hacer buen negocio, que es lo que está en su mente, hacer negocio de lo que son derechos que todos tenemos y que las administraciones públicas tienen el deber de respetar, proteger y potenciar en un Estado Social y Democrático de Derecho.