Remite sendas cartas a los ministros de Sanidad y Universidades y a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León para que se incluya a este colectivo en las mismas condiciones que al resto del personal educativo
El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha seguido manteniendo durante las últimas semanas conversaciones con las autoridades educativas y sanitarias nacionales y regionales para que se incluya al personal docente e investigador (PDI) y al de administración y servicios (PAS), tanto funcionario como laboral, en la agenda de vacunación en las mismas condiciones que al resto del personal educativo.
Tras el apoyo mostrado a primeros del mes de marzo a los órganos de representación para que se incorporara al personal de la USAL en las campañas de vacunación por tratarse de un colectivo "de especial riesgo frente a contagios COVID, al desempeñar su trabajo en contacto estrecho con la comunidad universitaria en su conjunto", el rector ha reiterado esta reclamación en sendas cartas remitidas a los ministros de Sanidad y Universidades, así como a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
En la misiva enviada al Gobierno de España, suscrita también por los rectores de las universidades públicas de Castilla y León, Rivero insiste en "la necesidad de evitar dicha discriminación", respecto a los docentes de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, "porque la mayor parte de universidades españolas han mantenido la presencialidad como garantía de calidad y de igualdad de oportunidades para los estudiantes". Una presencialidad que, a su juicio, ha demostrado ser "esencialmente segura con un porcentaje de positivos muy inferior al detectado en la población en general y, en lo que respecta a las universidades de Castilla y León, sin un solo origen de contagio en las aulas".
"Lógicamente, si queremos garantizar y mantener dicha seguridad, los docentes y PAS universitarios deben incluirse entre personal esencial que garantice el derecho fundamental de Educación Superior", subraya.
En la misma línea se refiere la carta remitida a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León en la que le insta a defender esta postura ante el Consejo de Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.