La Junta instruyó 317 expedientes sancionadores en 2020, un 93,06% de Patrimonio y sólo un 5,36% de Sucesiones
La Consejería de Economía y Hacienda instruyó un total de 317 expedientes sancionadores a lo largo del año 2020 con una sanción media de 4.078,86 euros y un importe de las liquidaciones de 1,29 millones de euros de los que la mayor parte provienen del Impuesto sobre Patrimonio, con 963.000 euros, mientras que 294.000 euros corresponden al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y 36.000 euros al de Transmisiones Patrimoniales.
Así consta en la Memoria de la Gestión Tributaria 2020 elaborada por la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda consultada por Europa Press que sitúa la conflictividad el pasado ejercicio en un 1,31 por ciento, inferior a la de los años anteriores, como 2019 con 750 actas y un 2,80 por ciento, o 2018, con 757 actas y un 3,17 por ciento.
Por conceptos, prácticamente la totalidad de los expedientes de 2020 correspondió a sanciones vinculadas con el Impuesto sobre el Patrimonio, con 295, el 93,06 por ciento del total; mientras que un 5,36 por ciento fueron sanciones vinculadas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (17 en total) y el 1,58 por ciento restante está vinculado con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con cinco casos en concreto.
Por provincias, la mayor parte de los expedientes sancionadores instruidos por Hacienda se ha registrado en Salamanca, con 56, seguida de Palencia, con 53, y de Burgos, con 50. A continuación se sitúan Ávila, con 38; León, con 37; Zamora, con 33; Valladolid, con 24; Soria, con 20, y Segovia, con 6.
Sin embargo, el mayor volumen de las sanciones se registró en Valladolid, con 802.000 euros, seguida de Salamanca, con 156.000 euros, y de Burgos, con 121.000 euros, mientras que el resto se sitúa por debajo de los 100.000: León (65.000 euros), Zamora (57.000 euros), Palencia (37.000 euros), Segovia (20.000 euros), Ávila (19.000 euros) y Soria (16.000 euros)
Según esta memoria, durante el año 2020 las unidades con competencias inspectoras de la Comunidad instruyeron un total de 535 actas por 7,60 millones de euros, la mayor parte en concepto de Impuesto de Patrimonio, con 368 y 3,49 millones de euros; seguida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con 132 expedientes por valor de 3,21 millones de euros, y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con 35 por valor de 898.000 euros.
El 90,09 por ciento de las actas instruidas por Hacienda fueron de conformidad (482 por 4,32 millones de euros) y el 9,91 por ciento restante de disconformidad, 53 en total por valor de 3,27 millones de euros, la mayor parte de ellas (42 por 1,97 millones de euros) relacionadas de nuevo con el Impuesto de Patrimonio, con seis casos en Sucesiones y Donaciones y cinco en Transmisiones Patrimoniales.
La media de la cuantía por acta se situó en 14.220 euros si bien del análisis por conceptos se desprende que la media más elevada corresponde en este caso al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con 24.352,05 euros; seguido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con 13.206,47 euros de media, y del Impuesto de Patrimonio que alcanza una media de 9.497,80 euros.
Por otro lado, el análisis de la gestión de recursos evidencia una reducción de los recursos pendientes del cien por cien al pasar de los cuatro pendientes a finales de 2019 a ninguno a finales de 2020.
Según recuerda la Consejería de Economía y Hacienda en la Memoria de la Gestión Tributaria 2020 que la actividad inspectora tiene como función principal comprobar la situación tributaria de los ciudadanos con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones o deberes y proceder en su caso a la regularización correspondiente.