El equipo sanitario consultará la declaración en aquellos casos en que la persona se encuentre en una situación que le impida expresar personalmente su voluntad
El documento de instrucciones previas o testamento vital lo puede realizar cualquier persona mayor de 18 años, capaz y que actúe libremente. Se inscribe en los registros correspondientes de las Comunidades Autónomas. En el testamento vital la persona decide qué tratamientos quiere y cuáles rechaza cuando su situación sea incurable y ya no pueda tomar sus propias decisiones por pérdida de facultades.
Para que el también denominado documento de voluntades anticipadas sea válido es requisito imprescindible formalizarlo ante notario, ante tres testigos -que no tengan con el otorgante relación de parentesco hasta el segundo grado por consanguinidad (por ejemplo, que no sean ni sus padres, ni sus abuelos/as, ni sus nietos/as), ni por afinidad (por ejemplo, que no sean sus suegros/as o sus cuñados/as), ni estén vinculados con él por relación patrimonial u otro vínculo obligacional (por ejemplo, que no estén empleados a su servicio)-, o ante el personal del servicio de la Administración (unidad encargada del Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León). Precisamente esta última es la opción más elegida por los castellanos y leoneses.
El equipo sanitario consultará la declaración en aquellos casos en que la persona se encuentre en una situación que le impida expresar personalmente su voluntad. Mientras conserve su capacidad y posibilidad de expresarse, prevalecerá su voluntad sobre lo escrito en el documento.
El papel de los familiares
El documento de instrucciones previas prevalece sobre la opinión de los familiares. No obstante, el otorgante puede designar a un familiar como
representante. El representante será el interlocutor ante el médico responsable o el equipo sanitario, para ayudar a interpretar, en su caso, las instrucciones contenidas en el documento.
En cualquier momento puede sustituir, modificar o revocar sus instrucciones previas en cualquier registro autonómico, prevaleciendo siempre el último documento legalmente otorgado. Y, por último, los datos del Registro Nacional tienen asegurada la confidencialidad y solo pueden acceder a ellos, previa identificación, personas autorizadas por las autoridades sanitarias. El sistema garantiza la identificación de la persona destinataria de la información y la integridad de las comunicaciones. Además, las personas que, por razón de su cargo u oficio, accedan a cualquiera de los datos del Registro Nacional están sujetas al deber de guardar secreto.