Profesor de Derecho Penal de la Usal
Hace dos días el Congreso de los Diputados ha aprobado la ley que regula la Eutanasia, y lo ha hecho con una mayoría significativa: 198 votos a favor frente a los 138 en contra y 2 abstenciones. Ahora debe pasar el trámite del senado para ser aprobada definitivamente.
Como ha ocurrido con la inmensa mayoría de las leyes que suponen un avance considerable en el reconocimiento de los derechos humanos y sociales y de las libertades fundamentales de los ciudadanos, las formaciones de la rancia derecha española han votado en contra; porque, como sucedió en su momento con las leyes del divorcio, aborto o matrimonio homosexual, los sectores ultra conservadores consideran que todo lo que no está prohibido es de cumplimiento obligatorio y, por tanto, ahora ?dicen y reiteran- a todas las personas que padezcan enfermedad terminal se les aplicará la eutanasia activa "quieran o no los enfermos". Ya lo han escenificado los seguidores de estas formaciones cuando a las puertas del Congreso portaban una pancarta negra con una calavera dibujada y con el siguiente texto: "gobierno de la muerte".
Esta ley contribuye a la construcción de una sociedad más humana y más justa y a salvaguardar la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad o la prohibición de tratos inhumanos o degradantes al poner fin a sufrimientos intolerables a personas enfermas desahuciadas que, con su consentimiento, como es lógico, y con todas las garantías previstas, se ponga fin a su vida, considerando esta conducta como un comportamiento justificado y, como consecuencia, impune. Con esta regulación, se despenaliza la eutanasia, siempre que concurran los requisitos previstos e incluye su práctica en el Sistema Nacional de Salud.
El comportamiento de la intransigente derecha política española es una manifestación más de su cinismo e hipocresía, puesto que no sólo no apoyan, sino que atacan miserablemente estas leyes sociales cuando se aprueban y, en cambio, luego no se atreven a derogar cuando gobiernan. E incluso se acogen a ellas cuando les interesa. Todos conocemos algún caso de políticos del PP que se han visto favorecidos con la aplicación de estas leyes progresistas, aunque votasen en contra de las mismas en el Parlamento. Resultó curioso y paradójico ver a M. Rajoy y varios miembros del PP en la boda de un conocido parlamentario, que contrajo matrimonio conforme a la ley de matrimonio homosexual aprobada por el gobierno Zapatero en 2005.
Si hacemos un poco de historia, que merece la pena, debemos trasladarnos al 18 de junio de 2005, día en que M. Rajoy y la cúpula del PP se unieron a la manifestación que convocó el Foro Español de la Familia, en Madrid, para protestar por las bodas de personas del mismo sexo. Los lemas que más se corearon en esa concentración de nostálgicos nacional católicos fueron los de "la familia sí importa" y "Zapatero dimisión". El 30 de septiembre de ese mismo año, cincuenta diputados del PP presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra la ley de matrimonio homosexual aprobada en julio de ese año. En noviembre de 2012, gobernando ya el PP, el TC declaró constitucional la referida ley.
Yendo más atrás en el tiempo, retrocediendo 45 años, nos situamos en los meses de octubre-noviembre de 1975. Franco agonizaba y el "equipo médico habitual" se vio obligado a realizar, una tras otra, operaciones gravísimas debido a las horribles hemorragias internas que sufría el dictador Franco. En algún momento, mientras se ocultaba la información real a la población española y varios días antes de fallecer, ante el intenso sufrimiento del enfermo, que en momentos de lucidez exclamaba: ¡Qué duro es morir!, como manifiesta Paul Preston en su gran obra "un pueblo traicionado", uno de los médicos del Caudillo comentó que "a Franco debería permitírsele morir con dignidad", afirmación que, según el referido Preston, encolerizó a su yerno, Martínez Bordiu (Marqués de Villaverde) e incluso, en algún momento, el referido personaje intentó agredir a los médicos. Al final, la cordura -que todos tenemos en algún momento- de la hija de Franco, a pesar de ser ultra católica de misa diaria, insistió a los médicos que "le permitieran morir en paz". A partir de entonces se le retiraron los tubos que conectaban a las máquinas de soporte vital, falleciendo inmediatamente después.
No obstante, como sabemos, en España los sectores políticos e ideológicos ultra conservadores supeditan los intereses generales a sus principios y valores y quieren imponer a los demás, a la sociedad, mediante la regulación normativa, sus postulados éticos. Algo que en el debate sobre la ley de eutanasia en el Congreso se lo ha recordado un diputado del PNV (grupo también de tradición cristiana) a PP y Vox, cuando les ha espetado que "hay que legislar más allá del código ético de cada uno y dar cobertura legal a quien no tenga los mismos conceptos sobre la vida y la muerte que ellos".
Pero no todos los políticos conservadores piensan lo mismo. Cuenta el gran penalista Enrique Gimbernat, en uno de los prólogos de una edición del Código Penal Español, que en una entrevista publicada en el diario alemán Der Spiegel, el periodista le preguntaba al ministro alemán de finanzas de turno, Wolfgang Schäuble, cómo era posible que siendo de ideología cristiana y perteneciendo a la CDU, estuviera a favor del reconocimiento legal del matrimonio homosexual o de la despenalización aborto consentido. La respuesta fue: "¿sabe usted cuál es la diferencia entre un ideólogo y un político cristianodemócrata? El político cristianodemócrata no hace política para las personas tal como deberían ser según su voluntad, sino para las personas tal como son". Sigue contando Gimbernat que a otro político de la CDU le preguntaron en ese mismo periódico que si como cristiano no debería luchar para que en Alemania existieran regulaciones más restrictivas del aborto, contestando: "como cristiano estoy en contra del aborto excepto en casos de violación. Pero, como político tengo que reconocer que en la sociedad no existe una mayoría que defienda esta posición. No somos una república cristiana, en Alemania el Estado y la Iglesia están separados".
Semejantes argumentos fueron esgrimidos por Peces-Barba en una de sus últimas e interesantísimas publicaciones, "La España civil", obra en la que establece una separación entre la "ética pública y la privada". La pública es "sinónimo de idea de justicia, conforma el orden justo y estable, los criterios de organización de la vida social, conjunto de valores superiores, de principios y de derechos fundamentales, contenido de moralidad que una sociedad democrática debe realizar principalmente a través de su derecho. Su finalidad es que todos y cada uno de los ciudadanos estén en condiciones de poder escoger libremente su moralidad privada, pero no establece conductas directamente dirigidas a la moralidad privada ni a comportamientos de salvación. La consecuencia de este punto de vista es el pluralismo, tanto en las concepciones políticas sobre la justicia o moralidad pública, como de las opciones de moralidad privada". En cambio, la ética privada "es personal, el camino que el individuo puede escoger para alcanzar la autonomía o independencia moral, la felicidad, el bien o la virtud". Esta ética es personal y nunca se debe imponer puesto que las mayores aberraciones políticas -las mantenidas por Hitler, Mussolini, Franco o Stalin- se han cometido cuando se ha pretendido que, incluso por la fuerza, la ética pública fuera también ética privada.
Desde esta perspectiva, es lamentable que, tanto los políticos del PP como los de Vox, pretendan estar más cerca de las teorías de Franco, Hitler o Mussolini, que de las de los políticos de la CDU alemana. Ahora que Casado pretende defender tanto a Ángela Merkel, que no se limite a las palabras sino que de paso, con su ejemplo, a los hechos. Ya quisieran Abascal y Casado tener la altura política, la cordura y la sensatez de Ángela Merkel. No es posible porque la talla política, humana e intelectual de aquéllos está a años luz de la de la canciller alemana.
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