El robo en Casillas de Flores de la placa dedicada ‘A los vecinos asesinados en 1936’
Vigésimo segundo capítulo de la serie de Ángel Iglesias sobre 'Actitudes contrarias a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica'
A primeros de este mes algunos descendientes de las víctimas de Casillas Flores se enteraron del robo de la placa conmemorativa "en homenaje a los vecinos asesinados en 1936" que el verano de 2016 habían costeado y colocado en una pared del cementerio. No residen en la localidad, y nadie les informó oficialmente. El daño se descubrió casi en vísperas de la conmemoración de los Difuntos y podría remontar a una decena de días, aunque el autor o los autores del hecho no dejaron otros indicios que el vacío en la ubicación mural. La Asociación de Salamanca por la Memoria y la Justicia (ASMJ), que participó en la subvención de la lápida, presentó una denuncia ante las instancias competentes de la Junta de Castilla y León. De las pesquisas que la Guardia Civil pueda haber efectuado no hay noticias y de la posibilidad de que la Justicia intervenga hay remotísimas esperanzas. Los medios de comunicación provinciales y comunitarios no parecen haberse interesado por el caso. No hay ecos de la reacción de autoridades locales o provinciales, ni de responsables y representantes políticos o religiosos. Desmemoria.
En el estado actual esto es un excelente ejemplo del desinterés y desacato de la Ley de Memoria Histórica que venimos denunciando y no es de muy buen augurio de cara a la Ley de Memoria Democrática in fieri, mientras no se pongan los medios para erradicar el soterrado franquismo y el rencor contra el legado republicano que anidaba de siempre en la sociedad española y ahora se manifiesta con descaro en la política nacional. Desde hace ochenta años hasta hoy existen personas que sienten miedo o vergüenza de que los señalen como descendientes de represaliados franquistas en estos pueblos de la España vaciada. Casillas de Flores (1.296 habitantes en 1940; 178 hab. en 2019) no es una excepción; por desgracia, no es el primero ni será el último en que se produzcan este tipo de atentados contra la convivencia pacífica, cuyo efecto se intensifica por afectar a un colectivo poco numeroso en un espacio reducido ("ambiente enrarecido", dejan entender los casillanos moderados).
Las circunstancias que a simple vista se perciben en el hecho delictivo, el anonimato, la fecha elegida, el contexto local y el modus operandi encajan perfectamente con el franquismo primitivo y hasta salvaje, más que nada por la mezquindad y cobardía que revela en la falta de respeto a los muertos y el nombre que los identifica socialmente en la historia. Se puede calificar de secuestro intencional de la memoria de los asesinados republicanos. Simbólicamente reitera el ostracismo a que los han sometido sus asesinos y los comanditarios. Los romanos reservaban "la condena de la memoria" (damnatio memoriae) para los grandes delitos contra el estado. Ciertamente no era el caso de las personas asesinadas en Casillas de F. y Ciudad Rodrigo o su entorno, eliminadas extrajudicialmente o por sentencias condenatorias de tribunales militares rebeldes, precisamente por su fidelidad al Gobierno legítimo. Por ello esto resulta intolerable. Quizá para entenderlo sea necesario un breve recordatorio histórico de la feroz represión que entre 1936 y 1948 afectó a los vecinos de Casillas de F., como pacientes o victimarios (para detalles se remite a las referencias / enlaces), el intento de reparación de las víctimas (también reseñado en las "Croniquillas del verano sangriento") y el contexto posterior (expuesto en las "Secuelas").
En 2016 se habían identificado nominalmente 9 víctimas mortales (una dudosa) de la docena aproximada de vecinos asesinados por milicianos fascistas ("falangistas") que señalan los testimonios orales, a los cuales se deberían añadir al menos tres personas fallecidas a consecuencia del contexto bélico y de la represión local (Iglesias 2016: 572, 584). En el homenaje se identificó otra víctima de 1936, hasta entonces considerada dudosa. Los victimarios casillanos, armados por su cuenta y por la Guardia Civil, actuaron dentro y fuera de la localidad, uno de ellos como responsable en el contorno, bajo el control del mando del Ejército sublevado, al principio ejercido de hecho en la zona por Luís Goded Llopis, comandante de estado mayor e Inspector Jefe de Fronteras, nombrado por la Junta de Defensa Nacional y a las órdenes del general Mola. Además de la represión sangrienta, en Casillas de Flores hubo afectados por otras modalidades represivas por orden militar o civil (Iglesias 2016: 588, 600, 604): 11 presos o detenidos (después se han identificado otros tres), 4 depurados (2 maestras y 2 militares, uno de estos también preso), 9 sancionados con multas (5 de ellos también presos); pero este tipo de represión tuvo mucho mayor alcance y sus efectos son incalculables.
El mencionado homenaje fue promovido por nietos de dos víctimas mortales que habían ejercido responsabilidades municipales con anterioridad a la Sublevación contra la República: José María Moreiro Ríos, alcalde, asesinado en una detención sangrienta en la localidad y enterrado en el entonces cementerio municipal; Antonio Álvarez Martínez, gestor, detenido y ejecutado ilegalmente, al ser sacado de la cárcel del partido judicial (Ciudad Rodrigo), enterrado en lugar desconocido. La iniciativa y el acto contaron con el apoyo de la ASMJ y de Documentación y Estudio de El Rebollar. La ceremonia se celebró después de la misa dominical (17 de julio, 2016). Consistió en un sencillo y emotivo acto en que hablaron representantes de las familias, el párroco y asociaciones citadas, se descubrió la placa con los nombres de las víctimas y una biznieta de Antonio interpretó al violín una canción adecuada a la ceremonia. Asistió a la misma un concejal socialista, junto con un nutrido grupo de varias decenas de vecinos y forasteros, entre los cuales se contaba el ganadero José Pinto, hoy fallecido (2019) y entonces muy famoso por su participación en programas lúdicos de la televisión en los que, entre otros, se había dado a conocer con uno titulado significativamente "saber y ganar". Esta presencia de una reconocida buena persona contribuiría a dar una imagen culta, cívica y casi idílica de Casillas de Flores, que alguien desprovisto de tales sentimientos se ha encargado de estropear.
Es posible que este episodio del robo tenga que ver con los avatares de una "cruz de los caídos" que exhibía el pomposo triunfo nacional-católico proclamado el 1º de abril de 1939 (y que a continuación fue rematado con ejecuciones masivas por sentencias en juicios sumarísimos). Cuando se hizo el inventario de símbolos franquistas por estos pagos en el otoño de 2017 ya había desaparecido. Entonces el alcalde, que no había participado en el susodicho homenaje, habría quitado o mandado ocultar el listado de "los caídos por Dios y por España" con los gritos fascistas de rigor, no por iniciativa espontánea, sino urgido por la amenaza legal de una multa al ayuntamiento. La operación, si no fue clandestina y con nocturnidad, fue efectuada con tal discreción, que pasó casi desapercibida, según la versión oral recibida, y consistió en darle la vuelta a la lápida. A pesar de ello, la retirada no gustaría a quienes a nivel local no entiendan que los muertos en el frente "nacional" no fueron reclutados "por Dios", sino por los militares rebeldes, y los que eventualmente ellos o sus compañeros de armas allí mataran también eran víctimas de la guerra proclamada por los mismos jefes felones, y por tanto tienen tanto derecho como aquellos a ser considerados "caídos por España".
En cuanto a las víctimas causadas por la represión en la retaguardia, el contraste no puede ser más marcado. Los de la zona republicana han sido elevados a los altares y, como "santos" o "beatos" incluidos el "martirologio", reciben culto en el ritual católico. Los de la zona "nacional" han sido demonizados, vilipendiados y olvidados. De muchos de ellos se ignora hasta hoy el paradero y lugar de enterramiento, a pesar de laboriosas gestiones y costosas operaciones. Sin ir más lejos, el mismo día de la colocación de la placa ahora profanada, los familiares de Antonio Álvarez eran portadores de una caja con los restos hallados en la finca de Portanobis (Castillejo de Martín Viejo), donde por testimonios fiables (y confirmados) se tenía conocimiento de un enterramiento clandestino de varios cadáveres en el otoño de 1936, pero las pruebas de ADN no permitieron la identificación de Antonio. Sus hijos murieron con ese desasosiego de por vida; sus nietos aguantaron la frustración, paliada con aquella ceremonia un tanto ecuménica, antes de depositar dichos restos en el memorial previsto para esta coyuntura en el cementerio de Salamanca. Esto de ahora es una puñalada trapera.
Está por ver el efecto mimético que en posibles portadores del virus patriótico-integrista pueda haber ejercido el comportamiento revanchista que señalábamos el mes pasado (22/10/2020) en el Ayuntamiento de Madrid, que está lejos de ser una excepción. La aprobación de la retirada de los nombres y efigies de F. Largo Caballero y de Indalecio Prieto en la capital podría ser una pobretona concesión a los "patriotas" de Vox para lavar la "ofensa" por el desalojo de Franco en la "Santa Cruz del Valle de los Caídos", donde a todas las luces "ocupaba" un lugar que no le correspondía (no era monje, ni "caído" ni "santo"). Estos días la Plataforma del Centro de Memoria de Carabanchel ha denunciado la destrucción del memorial de los presos políticos allí recluidos entre 1944 y 2008, unas 50.000 personas. Se expande ese virus vehiculado por los neofascistas que profanan el nombre de la Libertad y abusan de la democracia para luchar contra ella, invocando convicciones políticas y religiosas que desacreditan con su discurso y comportamiento clasista, misógino, homófobo, xenófobo y racista. La fecha en que se produjo la desaparición de la placa encaja con el rancio simbolismo ultra nacionalista y católico, si como parece el robo se produjo en torno a la celebración de la Virgen del Pilar (12 de octubre), hoy fiesta nacional, antaño "día de la Raza", aglutinante de las esencias religiosas y aspiraciones políticas de la Hispanidad.
Lógicamente, la razón más clara de esta insensata patochada es que el delincuente, no teniendo bastante con los estragos de la pandemia, se ha servido de ella para añadir un castigo que los casillanos, vivos o muertos, no merecían. Con el anónimo todo el mundo resulta sospechoso, empezando por los vecinos del pueblo, y el autor y presumibles compinches quizá se sientan satisfechos del "ambiente detestable" que allí reina a raíz de la fechoría, que tiene más calado del que parece. Sin embargo, para los familiares y personas respetuosas con los vivos y los muertos, más que el descubrimiento de la autoría del delito, lo prioritario es el remedio de este desacato a la memoria y la convivencia democrática. El Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de CyL, o quien pueda, harían bien en atajar el mal, reponiendo la placa (si alguien sabe dónde está) o costeando otra, porque, abusando de la socorrida metáfora, el silencio y el olvido de las víctimas, en lugar de "cerrar heridas", las encona, y de rechazo perjudica a la imagen colectiva castellano-leonesa.
Referencias / enlaces:
Á. Iglesias Ovejero: La represión franquista en el sudoeste de Salamanca (1936-1948), Centro de Estudios Mirobrigenses, 2016.
? "Croniquillas":
https://salamancartvaldia.es/not/122173/croniquillas-necrologios-locales-verano-sangriento-1936-i/
? "Secuelas":
https://salamancartvaldia.es/not/250302/viva-fernando-vamos-robando/