Profesor de Derecho Penal de la Usal
Una de las tradiciones que sigue vigente en los pueblos de nuestra provincia, como en la mayoría de las zonas rurales de España, es la de las conversaciones "al fresco" de los vecinos en las noches de los tórridos días del verano, único momento en el que la suave brisa nocturna atenúa el rigor calenturiento de la jornada. Los vecinos comparten poyos de piedra, bancos y sillas en la calle. También este verano, aunque se tenga la precaución de mantener una distancia interpersonal mayor, protegidos, además, por las horribles mascarillas para que las diminutas partículas que expulsamos al hablar no sean respiradas por nuestros contertulios. ¡Qué horrible!, pero, por otra parte, ¡qué necesario! para prevenir los contagios de la Covid-19.
En una de estas noches "al fresco" que he compartido en Mieza con vecinos y amigos que no veo durante el año, salvo en verano, he tenido la oportunidad de escuchar a uno que vive habitualmente en Cataluña y que se sorprendía de la progresiva desaparición de los servicios esenciales que los vecinos de los pueblos tuvieron siempre. En el caso concreto, mi vecino se lamentaba de que el consultorio médico local sólo estuviera abierto previa cita telefónica realizada por los ciudadanos que necesitan asistencia y tratamiento médico, solicitada con varios días de antelación. El comentario que hizo fue significativo al expresar, muy cabreado, que "a pesar de los avances sociales y económicos que hemos experimentado en los últimos cincuenta años, es vergonzoso que ya no tengamos un médico que atienda, exclusivamente, las necesidades sanitarias de los ciudadanos que viven en el pueblo y los que vienen desplazados de vacaciones y que la entidad bancaria que tenía una sucursal en el pueblo hasta no hace mucho tiempo, no haya venido, con su oficina móvil-furgón, ni un día durante el estado de alarma hasta el 7 de julio (cuatro meses completos) y ahora sólo venga 2 días al mes, cuando hasta no hace mucho tiempo y desde que cerraron la sucursal bancaria venía un día todas las semanas del año".
Yo mismo pude comprobar durante el periodo de confinamiento que la entidad bancaria no trasladaba su furgón hasta Mieza para que sus vecinos pudieran realizar las gestiones oportunas, a pesar del ingente número de personas mayores de 80 años que habitan nuestros pueblos y aldeas. Después de escuchar las legítimas quejas de mi madre (que tiene 85 años y vive sola, porque su salud física y mental le permite vivir aún con plena autonomía personal y con libertad) sobre la actuación de la entidad bancaria que se negó a ir a Mieza y al resto de pueblos y aldeas durante esos duros momentos de encierro colectivo, hice varias llamadas telefónicas a la sucursal que la entidad bancaria tiene en un pueblo cercano . Las respuestas del "empleado bancario" que me atendió no quiero calificarlas porque si lo hago diría cosas de las que luego me tendría que arrepentir: "-su madre puede coger un taxi y venir hasta aquí a sacar dinero-", y yo le respondí: "-qué poco pegados a la realidad social están ustedes. ¿creen adecuado y legítimo que un vecino de 85 años tenga que llamar a los taxis de Vitigudino (en muchos pueblos no existe este servicio) para acercare a su entidad bancaria y extraer el dinero que necesita (que es suyo) para realizar las compras de primera necesidad? ¿Es así como tratan a los clientes, ?muchos de ellos que lo llevan siendo toda su vida- después de que ustedes se beneficiaron directamente del rescate bancario, con dinero público, que no han devuelto ni devolverán y que cobran a los clientes cada día más comisiones por los depósitos y las operaciones bancarias que realizan?.
Después de todos estos desaguisados que lesionan los derechos sociales y la calidad de vida de los ciudadanos, vivan donde vivan, nos preguntamos, ¿qué institución es la responsable del trato que reciben los ciudadanos de la sanidad pública y de las entidades bancarias? ¿El ayuntamiento? ¿El gobierno autonómico? ¿El gobierno del Estado? Con la normativa en la mano, la sanidad pública es competencia del gobierno regional y, en el segundo caso, al ser una entidad privada, los gobiernos autonómico y local deberían hacer valer su autoridad para, en defensa del interés general de los ciudadanos, negociar con los responsables de la misma condiciones más favorables para los vecinos de todos estos pueblos. ¿Por qué la prensa "de siempre" no denuncia estas situaciones? Si en lugar de gobernar Mañueco (PP) e Igea (Ciudadanos), lo hiciera el PSOE de Tudanca, que, recordemos, venció en las elecciones, después de 32 años, ¿esa misma prensa seguiría tan callada? ¿censuraría con la misma intensidad que lo hace con el presidente del gobierno por la gestión de la pandemia o por no realizar el protocolo de reapertura de fronteras con Portugal después del confinamiento en Fuentes de Oñoro- Vilar Formoso, en lugar de hacerlo, como así ha sido, en Badajoz-Elvas?
Mucho me temo que los consultorios médicos locales cerrarán sus puertas más pronto que tarde y, con ellos, la salud de nuestros pueblos se quebrará y entrará en fase de enfermedad terminal. Ya no habrá excusa para sentarnos y conversar "al fresco" durante las noches tórridas de los veranos en las entrañas de estos idílicos enclaves que nos vieron nacer, que disfrutaron del bullicio de los niños correteando por las calles y plazas. Y sólo nos quedará la nostalgia y el recuerdo para recitar aquéllos versos de la emotiva canción de Serrat, "Pueblo blanco", y que, con amargura y un nudo en el alma, expresan: "?Por sus callejas de polvo y piedra/ por no pasar ni pasó la guerra/ sólo el olvido camina lento/ bordeando la cañada/ donde no crece una flor/ ni trashuma un pastor./ El sacristán ha visto/ hacerse viejo al cura/ el cura ha visto al cabo/ y el cabo al sacristán/ y mi pueblo después/ vio morir a los tres/ y me pregunto ¿por qué nacerá gente/ si nacer o morir es indiferente?
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