Los asesinatos en pueblos indígenas no han estado en cuarentena en Colombia

Liseth Ximena León Botero

Defensora de los Derechos Humanos

Históricamente, los grupos originarios se han visto expuestos a situaciones de saqueo, explotación y exterminio. Lo cual, en la actualidad, específicamente en Colombia, se sigue presentando de forma inminente como expresión de violencia a los derechos humanos. Es así como desde diferentes colectivos, comunidades, consejos y mingas indígenas se ha pedido al estado la defensa de la vida de sus comunidades y sus territorios.

CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y AICO (Autoridades Indígenas de Colombia) son las principales organizaciones indígenas que velan por el cumplimiento de sus derechos y libertades; sin embargo, sus peticiones han sido invisibilizadas a nivel nacional e internacional en gran medida por la desviación mediática asociada a la COVID-19. Esta situación se ha convertido en una estrategia de "efecto lupa", haciendo que la mirada social se enfoque a los sucesos relacionados con la pandemia y pasen a un segundo plano las demás problemáticas sociales y políticas que se presentan en la actualidad. Esto se evidencia en el aumento de asesinatos, amenazas y hostigamientos a comunidades indígenas desde el inicio de la cuarentena en el país.

En este tiempo de crisis, muchos líderes de las comunidades indígenas expresan estar preocupados y alarmados no solo por las consecuencias letales del virus, sino también por la incidencia de grupos armados. Esto implica entonces un doble reto para dichas comunidades: por un lado, dar respuesta a las necesidades biológicas relacionadas con la pandemia y, por el otro, defender sus derechos humanos, especialmente en la zona del Norte del Cauca colombiano. Aquí han tenido lugar combates en medio de las comunidades y persecuciones a líderes y guardias indígenas, tal como ocurrió el pasado 24 de abril en el asentamiento ASEINPOME en Puerto Gaitán, Meta.

El asentamiento fue invadido por desconocidos, quienes provocaron un incendio que tuvo nefastas consecuencias. Este hecho, que fue denunciado por varias entidades de protección a los derechos humanos, aún no ha empezado a ser investigado por el estado colombiano, así como otras tantas afectaciones que ha sufrido la comunidad desde su regreso al territorio desde el año 2015. Entre estos hechos se encuentran, según las denuncias públicas dadas por la Corporación Claretiana, numerosas llamadas y avisos intimidatorios y hostigadores a líderes de la comunidad.

Además, el 1 de noviembre de 2019, mediante la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, se certificó la NO presencia de indígenas en este territorio, dando vía libre a la multinacional canadiense FRONTERA ENERGY CORP para que desarrollara su proyecto de extracción petrolera, lo que efectivamente coincide con la presencia de las comunidades. Este hilo de hechos ha traído consigo la invasión del territorio, el aumento de amenazas y muertes a las personas de la comunidad, lo cual ha quedado inmune, siendo esto un cúmulo de situaciones de violación a los derechos humanos.

Adicional a la situación de la comunidad ASEINPOME, en Bojayá, Chocó, dos indígenas Emberá del resguardo Pichicora Chicué fueron asesinados el 23 de marzo del presente año y otros dos fueron heridos gravemente. Además, esta comunidad se encuentra atrapada en medio de enfrentamientos de dos grupos armados desde el 3 de abril. Esta situación llevó, según la ONIC, a un episodio de nuevos desplazamientos, los cuales ponen a la comunidad Emberá como escudo humano en la línea del fuego.

Teniendo en cuenta la situación, los indígenas hicieron un llamado de emergencia a todos los organismos humanitarios y estatales, y manifestaron que la situación forzosa por la que atraviesa la población Emberá los obligó a abandonar comunidad y refugiarse en la selva, pese a que querían cumplir el aislamiento como medida necesaria para la prevención de la Covid-19.

A partir de lo expuesto, se hace necesario y además urgente que tanto organismos de derechos humanos como el Gobierno nacional provea ayuda humanitaria oportuna ante la situación de las comunidades indígenas, ya que los agravios van en aumento y la vida de las comunidades no pueden esperar.