Los últimos datos conocidos situaban a Correos como el segundo colectivo laboral con mayor índice de contagio, solo superado por el sanitario
CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios de Correos, han denunciado que desde el 13 de abril la dirección de la empresa "ha dejado de ofrecer los datos que, desde el inicio de la crisis sanitaria y hasta la mencionada fecha, venía proporcionando a las organizaciones sindicales a través de informes detallados en los que quedaba reflejado el impacto del virus, tanto en el ámbito estatal como desglosado en los centros de trabajo y oficinas de atención al público de las diferentes provincias y comunidades autónomas".
Tal y como señalan en un comunicado conjunto, "tras alcanzar un máximo de cerca de 1.000 contagios y 4.000 cuarentenas en tan solo un mes desde el 14 de marzo entre la plantilla", según los datos proporcionados por la propia dirección de la empresa en su último informe, de 6 de abril, Correos dejó de proporcionar datos sobre la situación del virus y su impacto entre los trabajadores/as, limitándose a ofrecer, "solo en dos ocasiones, y después de cambiar la metodología de recuento, datos genéricos y sin detallar".
En este sentido, añaden, "resulta sorprendente que Correos haya alegado recientemente en un medio de comunicación que se trata de datos confidenciales, cuando el propio Gobierno, los diferentes departamentos del sector público y buen número de empresas, están ofreciendo unos datos que son de interés público y sanitario de primer orden".
Así, CCOO y UGT han alertado que antes de que la dirección de la empresa "ocultara este tipo de información", los últimos datos conocidos situaban a Correos como el segundo colectivo laboral con mayor índice de contagio, solo superado por el sanitario y por encima de los cuerpos y fuerzas de seguridad de ámbito estatal -Guardia Civil y Policía Nacional- según los datos ofrecidos en esas fechas por los Ministerios de Sanidad e Interior.
CCOO y UGT han criticado "esta total desescalada de la actividad, precipitada y simultánea en todo el Estado", iniciada el lunes 11 de mayo "e impuesta a los representantes de los trabajadores/as, por hacerse sin mediciones de la temperaturas ni realización de test, sin cumplirse la distancia de seguridad y ocultando deliberadamente los datos de COVID en contra de los criterios de transparencia del Gobierno y obligaciones legales de darlos a los Comités de Prevención".