Turquía, juicio a defensores y defensoras de derechos humanos

Juan L. Hernández Mira

Activista por los derechos humanos

El pasado 19 de febrero, once defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía iban a recibir la sentencia del juicio que se ha llevado a cabo contra ellos y en el que se les acusaba de terrorismo. A consecuencia de la preocupación internacional por la suerte que podían correr estas personas, estaba confirmada la presencia a la vista celebrada en Estambul de una delegación internacional con altos representantes de Amnistía Internacional, entre los que se encontraban los directores de Amnistía Internacional del Reino Unido, Noruega, Suecia, Alemania o Suiza, y Yolanda Vega, coordinadora de Turquía de Amnistía Internacional España. Sorprendentemente, tendremos que esperar hasta el 3 de abril. pues la sentencia se ha pospuesto a esa fecha.

Estos defensores y defensoras de los derechos humanos fueron detenidos en 2017 y han sido procesados por graves cargos de terrorismo. Pero ¿quiénes son estos presuntos terroristas y qué graves delitos han cometido para poder ser condenados hasta 15 años de prisión? Uno de ellos es Taner Kilic, que entonces era presidente de Amnistía Internacional en Turquía. Taner fue detenido el 6 de junio de 2017, posteriormente el 5 de julio diez personas más fueron detenidas cuando estaban asistiendo a un taller de seguridad digital y gestión de la información, todas ellas son defensores de los derechos humanos y entre ellas se encontraba la directora de Amnistía Internacional en Turquía Idil Esser.

La detención y procesamiento de estas personas es una muestra más de la represión y la situación de deterioro de los derechos humanos que se dan en Turquía y que ha ido empeorando desde el intento de golpe de estado de julio de 2016. Para entrar en antecedentes, este intento de golpe de Estado fue en definitiva una frustrada movilización armada realizada en la noche del 15 al 16 de julio de ese año por algunas facciones dentro de las Fuerzas Armadas de Turquía con el fin de derrocar al presidente Erdo?an y al Gobierno del su primer ministro. La movilización se realizó principalmente en la capital política, Ankara, y en la ciudad de Estambul, capital económica del país. Aunque en un principio los sublevados lograron controlar lugares estratégicos, la situación dio un cambio drástico en las horas siguientes tras un masivo rechazo tanto de la ciudadanía, que salió a protestar en las principales ciudades, como de todos los partidos políticos (incluyendo los de oposición) y también la condena de la comunidad internacional fracasando así el intento de golpe.

Algunos analistas creen que los responsables del golpe serían sectores afines a los altos mandos que fueron apartados de la cúpula militar cuando Erdogán asumió el poder. Todo ello para restar la influencia de un ejército que ha estado marcando el paso de la política turca durante décadas y ha sido también el garante de la laicidad del Estado turco desde que Mustafá Kemal Atatürk, primer presidente de la República, impulsara una serie de reformas de gran alcance para crear un Estado moderno, democrático y laico en contradicción con los movimientos islamistas del país y, más concretamente, el partido islamista al que pertenece Erdogan, ganador de las elecciones en la que salió elegido presidente.

Erdogán, considerado como un gobernante con rasgos autoritarios, ha rechazado la herencia secular de la Turquía moderna. Han sido constantes las críticas que ha recibido desde la comunidad internacional, excepción hecha de sus afines, por haber involucrado al país en la guerra en Siria, al respaldar a la oposición islamista que se enfrenta al presidente Bashar al Asad. También por extender el conflicto a través de la frontera, reavivando el tradicional enfrentamiento con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).

Desde el intento de golpe de Estado, las autoridades turcas han reprimido de forma violenta y generalizada los derechos humanos y las libertades fundamentales: al declarar el estado de emergencia (que estuvo en vigor hasta julio de 2018) el gobierno derogó una larga lista de artículos de Tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte Turquía (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales).

Además, el gobierno aprobó una serie de decretos ejecutivos en contra de los derechos humanos que han afectado a toda la sociedad. Estos decretos se han centrado de forma arbitraria y permanente en medios de comunicación, ONG (incluidos grupos de derechos de las mujeres, asociaciones de abogados y organizaciones humanitarias), la detención preventiva a más de 50.000 personas por las autoridades turcas, entre ellos periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. También se han producido denuncias por casos de torturas durante actuaciones de las fuerzas de seguridad. Además, en este tiempo, más de 100.000 empleados del sector público han sufrido represalias y muchos de ellos han sido despedidos de sus trabajos y les ha retirado el pasaporte acusándoles de ser de "terroristas" sin justificación ni pruebas.

En este contexto se ha juzgado a los defensores de los derechos humanos aludidos en este artículo y a pesar de que en todas las vistas previas no se han presentado pruebas contra ninguno de ellos, al contrario, son los mismos informes policiales los que desmontan las acusaciones de las que son objeto. Amnistía Internacional, ante el riesgo de que sean considerados culpables y condenados a severas penas de prisión, ha puesto en marcha una campaña de solidaridad a nivel internacional, considerando que es el momento de mostrar apoyo y solidaridad a todos ellos en estos difíciles momentos. Confiamos que final y definitivamente, el 3 de abril el veredicto dictado les sea del todo favorable.