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La Diputación de Salamanca ya es accionista del Grupo Tragsa
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compra aprobada en pleno

La Diputación de Salamanca ya es accionista del Grupo Tragsa

Actualizado 14/01/2020

El Grupo Tragsa dirige su cometido hacia la protección del medio naturaly el desarrollo sostenible de las zonas rurales

La Diputación de Salamanca ha formalizado la compra de una acción del Grupo Tragsa, tal y como se aprobó en el pleno provincial del mes de mayo del pasado año, con el fin de hacer uso de sus servicios técnicos de asesoramiento y consultoría como establece la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha formalizado dicha adquisición, por un valor de 8.039 euros, en un encuentro al que asistieron el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas,y el director general de Patrimonio del Estado, Juan Tejedor.

Con la firma del título accionarial, la Diputación de Salamanca se suma a las diputaciones de León, Ávila, Segovia y Soria como una de las instituciones provinciales castellanoleonesas que estará habilitada para realizar encargos a Tragsa y Tragsatec de proyectos, consultorías y otros trabajos enmarcados en el objeto social del Grupo que puedan ser de interés para la gestión de la institución.

En este sentido, el Grupo Tragsa dirige su cometido hacia la protección del medio naturaly el desarrollo sostenible de las zonas rurales.Con la incorporación de la Diputación de Salamanca al accionariado se apuesta por continuar impulsando la actividad y el empleo local, contribuyendo a fomentar y conservar los valores naturales y patrimoniales de la provinciay a reducir los desequilibrios entre los ámbitos urbano y rural. A este respecto, los datos de empleo del Grupo Tragsa en Castilla y León se sitúan en estos últimos meses en más de 1.300 profesionales, de los cuales en torno a 120 corresponden a la provincia de Salamanca.

Así mismo, los 52 accionistas del Grupo es capital íntegramente de titularidad pública al formar parte del mismo las 17 Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, así como Cabildos y 19 Diputaciones, además de la SEPI, el FEGA y la Dirección General de Patrimonio del Estado.

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