Se está investigando dentro del caso iDental que ha llevado a la cárcel a los responsables del grupo que compró el Monasterio
El diario El País ha dado a conocer que la Audiencia Nacional considera que la compraventa a finales del año 2015 del emblemático Monasterio de La Caridad de Ciudad Rodrigo se hizo empleando documentación falsificada. En concreto, según la investigación judicial, el grupo inversor que lo compró hizo una supuesta ampliación de capital, con documentos 'falsos', para dar una imagen de solvencia que permitió conseguir financiación bancaria para llevar a cabo la adquisición del edificio (con la idea de transformarlo en un hotel de lujo).
El hallazgo de la compraventa fraudulenta de La Caridad se ha producido dentro de la investigación que está dirigiendo el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional en el marco del caso iDental, nombre de la red de clínicas que en el verano de 2018 cerró sin previo aviso dejando abandonados a su suerte a miles de pacientes.
Siempre según la información de El País, ese cierre dio paso a una investigación judicial en la que se detectaron dos tramas criminales, una de las cuales estaba integrada por Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido, quienes estuvieron detrás de la compra del Monasterio a la familia Uhagón de Foxá (por 4 millones de euros).
Para ello, crearon una compañía llamada Hotel Abadía (estaba planeado que el establecimiento se hubiese llamado Hotel Abadía Nº100), que llevó a cabo una serie de operaciones societarias para conseguir financiación, recibiendo 10 millones de euros de Bankia, para lo que se aprovecharon de que otro miembro de la organización criminal, Jorge Puga, trabajaba en la concesión de préstamos en ese banco.
Gracias a esos fondos bancarios, los promotores no tuvieron que desembolsar fondos propios. En el auto de la Audiencia Nacional en el que se centra la información de El País se recogen incluso conversaciones entre los miembros de la trama sobre el Monasterio: "en la operación del Monasterio, debemos ser finos y a la vez montarla para que sea rentable para nuestros intereses".
Los responsables de iDental, que continúan en la cárcel pese a sus peticiones de puesta en libertad, están acusados, por un lado, de delitos económicos derivados del entramado societario, y por otro lado, de fraude a la Seguridad Social.