La historia de un desahucio: de Salamanca a una vivienda de alquiler social a 80 kilómetros
Fotografía de los dos hijos en la vivienda en la que todavía reside la familia.
La familia, una pareja y sus dos hijos pequeños, tiene que abandonar en los próximos días la casa cuyo alquiler no pueden pagar, y trasladarse a Villavieja de Yeltes, a demasiado distancia, a su juicio, del municipio en el que "estamos empadronados"
Durante 2018 se produjeron en Salamanca 196 desahucios por impago del alquiler -procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)-, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una cifra muy similar a la del año anterior (203). Detrás de cada una de estas cifras hay una historia, distintas entre sí, pero que constatan las dificultades de no pocas familias con bajos ingresos económicos, a lo que algunas suman la situación de desempleo, para hacer frente al pago de un alquiler.
Hoy les contamos la historia de Adolfo y Cristina, padres de dos hijos pequeños, y que en los próximos días tienen que abandonar la vivienda del barrio de Pizarrales en la que, como relata Adolfo, han estado residiendo sin agua caliente y sin luz. Hace exactamente un mes se paralizó el desahucio de la vivienda por impago del alquiler, tras la intervención del Ayuntamiento de Salamanca que, además, se hizo cargo de la deuda pendiente al propietario. Alquiler al que, como explican, no podían hacer frente con unos ingresos mensuales de 426 euros por el PAE (ayuda para desempleados de larga duración con responsabilidades familiares. "Primero tienen que comer mis hijos", apunta.
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, el pasado día 24 de junio les comunicaron que había una vivienda de alquiler social disponible, vivienda sin amueblar (sí cuenta con equipamiento mínimo de cocina) con una renta mensual de 41,54 euros más los gastos de suministro, que está ubicada en Villavieja de Yeltes, a 80 kilómetros aproximadamente de la ciudad "donde estamos empadronados, en mi caso desde hace diez años". Aunque aceptaron la vivienda, "ante la situación en la que estamos", han solicitado de nuevo la mediación de las instituciones (Ayuntamiento y Delegación Territorial de la Junta) para encontrar una casa que puedan pagar a menor distancia de la ciudad. A lo largo de estos últimos meses también han remitido escritos incluso al Defensor del Pueblo. Aseguran que desde el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con ellos en estos días la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, quien se ha comprometido a estudiar su expediente.