Es conocido el refrán que afirma que "lo barato sale caro", y en este caso, parece que la contratación de una empresa más barata, para el recuento electrónico en las elecciones del 26 de mayo, ha puesto en evidencia que en todo refrán hay una parte de verdad, en vista de los desajustes habidos entre los resultados ofrecidos por la aplicación electrónica, y los resultados oficiales tras el recuento de las actas de las mesas electorales.
En el caso de Salamanca, los desajustes no han sido determinantes en cuanto al reparto de escaños en el Ayuntamiento o las Cortes, aunque sí han mostrado diferencias de votos que alteraban el orden en número de votos en las formaciones que concurrían al consistorio capitalino, al corroborarse tras el recuento que UPL estaba por encima del Prepal y el PCTE en número de votos, al haberle otorgado la aplicación electrónica a prepalistas, comunistas y Contigo los votos de Ganemos, PSOE y PP en sendas mesas por error.
Por su parte, en las elecciones a Cortes, los errores han sido mucho menores, ajustándose más a los resultados recogidos en las actas de mesas electorales, salvo excepciones puntuales (caso, por ejemplo, de la localidad de Peñaparda, en la comarca de Ciudad Rodrigo, donde los 8 votos a UPL le habían sido asignados en la aplicación electrónica al Prepal).
No obstante, dentro de la región sí ha habido desajustes de trascendencia para el reparto de escaños y para la gobernabilidad. En este sentido, el 'gran error' se ha producido en la ciudad de León, donde en doce mesas se le habían atribuido a Vox los votos del PSOE, y viceversa. Este hecho ha conllevado, tras el recuento definitivo y la estimación de los recursos interpuestos ante la Junta Electoral de Zona, que Vox se quedará fuera del consistorio legionense (inicialmente se le habían atribuido 2 concejales), y tanto el PSOE como UPL aumenten un edil su representación (que será de 10 concejales para los socialistas y 3 para los leonesistas).
Asimismo, también en la provincia legionense, se han constatado una serie de errores en el volcado de datos a la aplicación electrónica en las elecciones autonómicas, que ha conllevado que, tras el recuento de las actas de mesa, finalmente la candidatura Podemos-Equo consiga un escaño en Cortes por la provincia de León (el cual perderá Ciudadanos), logrando así revalidar su cargo el líder autonómico de Podemos, Pablo Fernández, alcanzando los morados 2 representantes en el hemiciclo autonómico, amortiguando levemente su caída (que aún así ha sido notoria, al pasar de 10 a 2 representantes en las Cortes de Castilla y León).
Por otra parte, los desajustes entre el papel y lo electrónico no se han ceñido a nuestra comunidad autónoma, sino que se han dado en otras zonas de España también, habiéndose registrado bailes de concejales, por ejemplo, en Ibiza o Torrelavega, conllevando asimismo cambios en la gobernabilidad de dichas ciudades.
Y es que, quizá por una mayor complejidad en la aplicación de volcado de datos, o por aquello de que en el sistema electrónico de atribución de votos los partidos venían ordenados de forma distinta a las actas en papel, lo cierto es que ha habido un cierto lío en algunas mesas, y eso ha conllevado que los resultados inicialmente dados hayan variado más de lo normal respecto a los reales y definitivos.
Todo ello, no obstante, ha ayudado a visibilizar le hecho de que los resultados ofrecidos electrónicamente en la noche electoral no son más que resultados provisionales, que ayudan a hacerse a la idea de cuál va a ser el reparto de escaños, pero este último debe esperar en todo caso al recuento posterior de las juntas electorales y a la inclusión del voto emigrante (que no se incluye en los datos electrónicos de la noche electoral).
De esta manera, tras los recuentos, los posteriores recursos ante las juntas electorales, y la resolución de los mismos, los datos definitivos pasarán a ser publicados por el Ministerio y la Junta en unos días, y serán los que determinen el resultado final de las elecciones municipales y autonómicas, así como el reparto de concejales y procuradores en los ayuntamientos y las Cortes.
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