Primero de Mayo. Dos día después de celebrarse las elecciones generales, los sindicatos UGT y CCOO salen a la calle con el lema 'Primero las personas' "que expresa el rotundo rechazo a todas las posiciones excluyentes, populistas y retrógradas que amenazan los derechos laborales y sociales básicos, y que combatiremos con todos los instrumentos a nuestro alcance, en las instituciones, con el diálogo, y en las calles, con la movilización".
Ambos sindicatos reivindican en esta jornada 10 propuestas en un manifiesto que recuerda que "el crecimiento económico tiene bases muy débiles y el nuevo empleo es mayoritariamente precario", y que "no dejan de surgir intentos de huir de la regulación laboral para abaratar y precarizar el empleo naciente (falsos autónomos, falsos becarios, empresas multiservicios, etc.). Ni siquiera la legalidad actual en materia de contratación se aplica", por lo que exigen derogar las reformas laborales, perseguir el fraude, y adoptar medidas destinadas a generar empleos estables y bien remunerados.
Ambos sindicatos recuerdan que han planteado un decálogo de propuestas a los partidos que han concurrido a las elecciones, entre las que se encuentran la apuesta por un modelo económico distinto, con mayor base industrial, asentado en la innovación, la formación y cualificación eficaz, una política energética más eficiente, y la movilización de las zonas rurales para avanzar en cohesión social y territorial; reforzar el Estado de bienestar; actuar contra la discriminación por razón de género y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
10 propuestas para recuperar derechos y libertades
- Por un nuevo modelo productivo sostenible. Hace falta un Plan Estratégico para la Industria e impulsar una transición energética y medioambiental justa hacia un modelo de economía circular.
- Por el empleo de calidad hay que derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 para acabar con la precariedad laboral en el sector público y privado.
- Para recaudar más y de manera más justa hay que impulsar una reforma fiscal integral y aprobar un plan de choque contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
- Por la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación urge desarrollar una Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva e implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con financiación suficiente y adecuada.
- Hay que impulsar las políticas sociales y de lucha contra la pobreza implantando un suelo de gasto social y derogar la reforma de 2011 del art. 135 de la Constitución. Para garantizar la viabilidad y la suficiencia de las pensiones públicas debemos reforzar la estructura de los ingresos y recuperar consensos en el Pacto de Toledo. Derogar la reforma de las pensiones de 2013, el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del 0,25.
- Para mantener y mejorar unos servicios públicos de calidad, se debe incrementar sustancialmente los recursos públicos en sanidad, educación, vivienda, protección social y ayuda a la dependencia. Hay que derogar la LOMCE.
- Se debe intensificar la lucha contra la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales y desarrollar un sistema que garantice la salud integral de los trabajadores. Hay que implementar planes y campañas de Inspección que corrijan los incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Hay que asegurar la igualdad de trato y oportunidades aprobando una ley de igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación. Hay que garantizar los derechos de las personas LGTBI.
- Para mejorar la calidad de nuestra democracia hay que revertir todas las reformas regresivas: desde la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (Ley Mordaza), hasta el art. 315.3 del Código Penal, que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga.
- Para mejorar la calidad de nuestra demo- cracia hay que revertir todas las reformas regresivas: desde la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (Ley Mordaza), hasta el art. 315.3 del Código Penal, que criminaliza facultades esenciales para ejer- cer el derecho de huelga.