El 26 de abril se cumplen 33 años del accidente de Chernobil, que mostró a las claras el peligro que entrañan las centrales nucleares. El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) quiere recordar a las víctimas y denunciar que no se han aprendido las lecciones de aquel accidente y pedir el cierre de las nucleares españolas cuando expiren sus permisos de explotación.
En la madrugada del 26 de abril se produjeron dos explosiones en el reactor número 4 de la central de Chernobil (Ucrania) que levantaron por los aires la losa de más de 500 Tm que cubría el reactor y desperdigaron por el medio ambiente una enorme cantidad de productos radiactivos, algunos con una vida de decenas de miles de años. Un mal diseño, un experimento de seguridad motivado por las presiones políticas y una gestión envuelta en el secretismo, y el riesgo inherente a mantener una reacción en cadena, dieron lugar al peor accidente nuclear de todos los tiempos, con unos efectos simplemente devastadores: 4,5 millones de personas afectadas, una extensión contaminada equivalente a la tercera parte de España, localizada en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, una nube radiactiva que viajó por toda Europa, dejó una fina capa de plutonio y afectó intensamente a países tan lejanos como Austria, una zona de 30 km de radio inhabitables y decenas de miles de víctimas, cuyo número total aún no ha sido consensuado debido sobre todo al acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para evaluar los efectos de los accidentes nucleares. Se puede decir, por tanto, que la OMS no es una agencia independiente cuando tratamos con accidentes nucleares, pues no emite evaluaciones realizadas por sí misma.
En España, el mercado eléctrico está hecho a la medida de los explotadores de las nucleares que reciben unos pingües ingresos en forma de "beneficios caídos del cielo" que salen en realidad de los bolsillos de los consumidores. Por si esto fuera poco, las centrales continuarán generando residuos radiactivos de alta actividad, lo que ha generado el conflicto del ATC de Villar de Cañas (Cuenca) y fuerzan a la ampliación del cementerio de media y baja de El Cabril (Córdoba), junto con la búsqueda de mineral de uranio en la Península Ibérica en las provincias de Salamanca (Retortillo) y Badajoz, hechos que también suponen conflictos sociales. Por todo ello reclamamos el cierre de las nucleares según caduquen sus permisos de explotación, de tal forma que la Península Ibérica se vea libre de esta amenaza en 2024.
Plataforma Stop Uranio