ASAJA pide medidas políticas y económicas para potenciar el avance del cultivo del maíz

Lisboa acoge desde ayer el 1º Congreso Ibérico del Maíz, que reúne a 600 agricultores y técnicos agrícolas de Portugal y España. ASAJA está representada tanto por el presidente nacional, Pedro Barato, como por el de Castilla y León, Donaciano Dujo y también por el presidente de León, la mayor provincia productora del país, Arsenio García.

El maíz es uno de los principales cultivos de la Península Ibérica, y ocupa unas 600.000 hectáreas, de las que aproximadamente 465.000 hectáreas están en España, sumando 359.275 de maíz grano y 106.238 de maíz para forraje (datos campaña 2016). Un total de 112.030 de esas hectáreas, casi la cuarta parte de la superficie nacional, radica en Castilla y León, encabezando la producción León, con 60.905 Ha., seguida por Zamora, con 17.529 Ha., y después Salamanca, con 16.345 y Palencia, con 3.500.

ASAJA considera que el maíz, que ya es un cultivo muy importante en los regadíos de España, crecerá en importancia en el futuro, tanto por las condiciones agronómicas existentes como por la demanda de los mercados. No obstante, para garantizar ese futuro y mejorar su competitividad en un mercado globalizado, ASAJA subraya que son necesarias una serie de medidas en el ámbito político y económico, cuya aplicación depende en buena parte del compromiso de las administraciones con este cultivo.

Entre ellas, destaca la necesidad de desarrollar una ambiciosa política de nuevos regadíos y de modernización de regadíos obsoletos, para ser más sostenibles y eficientes; el desarrollo de nuevas semillas para conseguir mejores producciones, resistencia al encamado y resistencia a plagas y enfermedades; un mercado global y transparente en los fertilizantes, o contar con unas buenas instalaciones de secado y almacenamiento por parte de cooperativas y empresas privadas, mejorando la logística y la calidad del producto.

También es importante que las administraciones flexibilicen las exigencias del "pago verde", que actualmente obliga a tener tres cultivos, lo que penaliza la producción de maíz en determinadas zonas productoras y que la Unión Europea, en sus relaciones con terceros países, aplique el principio de la reciprocidad obligando a las mismas condiciones sociales, medioambientales, y de seguridad alimentaria, en las importaciones de esos terceros países.