Un procedimiento de estas características consiste en posibles infracciones del Estado Miembro de la Legislación UE, basándose en las propias investigaciones de ésta, o bien, a partir de las denuncias de los ciudadanos, las empresas y demás partes interesadas.
El procedimiento se compone de varias fases a tenor del comportamiento del Estado Miembro.
España tenía abiertos a dicha fecha, 93 incoaciones, de las cuales 61, se referían a Estabilidad Financiera, servicios financieros y unión de los mercados de capitales, por transposiciones incorrectas y/o mala aplicación del Derecho de la UE. y 32, a temas medio ambientales por transposición tardía.
Igualmente, España también ostenta el dudoso récord de ser el Estado Miembro que más multas viene sufriendo.
Este Medio, ya publicó semanas atrás la problemática existente con los Vertederos de: SALAMANCA, mediando Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. del 15.03.17, basándose en reiterada Jurisprudencia, en el sentido de que un Estado Miembro no puede alegar una situación de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos resultantes del Derecho de la Unión.
Como ya mencionamos, es más que probable una sanción millonaria para las CC.AA. infractoras, salvo alguna exoneración inesperada y negociada su "quita" a última hora, a cambio de algo, al estilo de Bruselas, donde "todo se negocia".