Contra la pena de muerte

Miguel Hernández Bermejo

Activista por los Derechos Humanos

Es fácil olvidar que todavía hay lugares en el mundo donde se aplica la pena capital como medida definitiva de justicia, pese a lo paradójico de considerar la ejecución de un ser humano "justicia". Más de 50 países en todo el mundo todavía contemplan la posibilidad de su aplicación y ejecutan dicha pena, pero debe observarse que se ha establecido una clasificación en cuanto a lo que se refiere a la aplicación por los países de la pena de muerte.

En primer lugar, tenemos a los países que mantienen y aplican la pena de muerte con plenitud, entre los cuales tenemos a Sudán, Corea del Norte, Estados Unidos y Bielorrusia. En estos países la pena de muerte se contempla como una sanción penal regulada en los ordenamientos penales de cada país. Después tenemos a los países que mantienen la pena de muerte, pero están en proceso de abolirla, como Argelia, Corea del Sur, Laos, Rusia y Papúa Nueva Guinea. En estos casos la pena de muerte sigue siendo una sanción penal válida, pero no la han aplicado durante al menos diez años.

La tercera clasificación se refiere a los países que únicamente mantienen la pena de muerte para crímenes cometidos en circunstancias excepcionales, como pueden ser los cometidos en tiempos de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio o terrorismo. Este grupo engloba al menor grupo de países, entre los cuales podemos encontrar a Israel, Kazajistán, Brasil o Guatemala, entre otros. Finalmente encontramos a los países que han abolido la pena de muerte por completo y en todas sus formas. En total, más de 100 países tienen la pena de muerte abolida por completo, alrededor de 10 la mantienen para circunstancias excepcionales, en torno a 30 la mantienen pero están en proceso de abolirla, y más de 50 la mantienen y la aplican.

En 2017 se tiene constancia de al menos 993 ejecuciones en 23 países, con China a la cabeza, seguida por Irán y Arabia Saudí. Sin embargo, debe hacerse constar que las cifras de ejecuciones chinas son desconocidas debido a que se clasifican como secreto de Estado y no se hacen públicas, de forma que la cifra es seguramente mucho mayor.

Entre los métodos de ejecución, encontramos la silla eléctrica, la inyección letal, el fusilamiento, el ahorcamiento, el estrangulamiento mediante garrote o por la propia mano, la lapidación y la decapitación. Si bien es cierto que la mayoría de los países ha abolido la pena de muerte por completo, y en un gran número no se aplica pese a que se contempla, este sigue siendo un problema muy importante. El día 10 de octubre tuvo lugar el Día Mundial contra la Pena de Muerte, en el cual se pretende dar a conocer al público las condiciones a las que se ven sometidos los condenados a muerte. Estas condiciones van desde el régimen de aislamiento de las prisiones estadounidenses, hasta el hacinamiento en diversos países africanos y asiáticos. Sometidos a esta situación, los reos se ven deshumanizados y despojados de toda dignidad, pero esto no solo les afecta a ellos, sino también a sus familiares, parientes y defensores legales, que en muchos casos tienen un contacto muy limitado, si es que se permite.

En muchos casos la ejecución tarda años en llevarse a cabo, y durante ese tiempo los condenados se encuentran en el corredor de la muerte, sometidos a una presión y estrés inhumanos, sin saber cuándo pueden despertar por última vez, y este clima lo comparten las personas más cercanas a ellos. Este es el caso de Sasha, hija de un condenado a muerte en Bielorrusia, que no conoció la muerte de su padre hasta un mes después de que ésta tuviera lugar. Su caso puede verse en un corto vídeo documental que relata con brevedad las condiciones en las que están los familiares del condenado, el estrés al que se ven sometidos sin saber cuándo ni cómo puede tener lugar la ejecución. Finalmente, después de que a Sasha y a su madre les fuera transmitida la noticia de la muerte de su padre, ni siquiera tuvieron la oportunidad de recuperar su cuerpo, ni se les indicó el lugar donde enterraron sus restos.

Otro caso distinto es el de Zeinab Sekaanvand, condenada por el asesinato de su esposo a la edad de 17 años, en Irán. Su historia es un reflejo de lo discriminatorio que es el sistema judicial iraní para las mujeres, ya que Sekaanvand pidió el divorcio en numerosas ocasiones antes del asesinato de su marido, solo para ser denegado por éste una y otra vez. También presentó varias denuncias contra su esposo por abusos violentos que se ignoraron por completo, fue repudiada por sus padres por escaparse de casa, y tras ser detenida, fue torturada durante el interrogatorio tras el cual emitió una dudosa confesión sobre el asesinato de su esposo, todo esto sin asistencia legal.

Se vio privada de asistencia letrada hasta la última vista del juicio, que tuvo lugar tres años después de su detención. Fue en esta ocasión cuando se retractó de la confesión, dando otra versión de lo ocurrido, pero fue ignorada y no se inició ninguna nueva investigación. Al final, tras vivir un suplicio en en la cárcel, fue ahorcada recientemente.

Por último, el caso del iraní Mohammad Reza Haddadi, condenado a muerte por un delito que cometió cuando tenía 15 años, lleva cerca de 14 años a la espera de ser ejecutado sometido a una presión y ansiedad inhumanos por su inminente ejecución. Esta situación además de ser moralmente inaceptable, es ilegal, ya que Irán ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que prohíben el uso de la pena de muerte para delitos cometidos por menores de 18 años.

Estos son solo unos pocos casos de condenados a muerte, la situación en la que viven, las condiciones a las que se ven sometidos, pero como ellos, muchos otros han sido ejecutados o están a la espera de que se lleve a cabo su sentencia. Esta es una situación intolerable. Acabemos ya con la pena de muerte.