El Juzgado de Instrucción archiva las denuncias por los contratos de la señalización y alumbrado ...

El Juzgado de Instrucción número 11 de Salamanca ha dictado un auto acordando el sobreseimiento y consecuente archivo de las diligencias abiertas a raíz de las denuncias presentadas por los concejales de Ganemos Salamanca por la prórroga del contrato de mantenimiento de la señalización en las vías públicas de la ciudad, y el retraso en la licitación del mismo; y por la adjudicación realizada en su día del contrato de mantenimiento de alumbrado público.

Así lo ha informado este miércoles en rueda de prensa el portavoz del Gobierno Municipal, Fernando Rodríguez, quien ha señalado que el Juzgado adopta esta resolución, tras la práctica de abundante prueba documental y testifical, y coincidiendo también con el criterio del Ministerio Fiscal, al entender que en los hechos denunciados e investigados no se aprecian indicios de que se cometieran los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos denunciados por los concejales de Ganemos.

Respecto al contrato de señalización, el portavoz municipal ha manifestado que "no existe delito de prevaricación ni en la prórroga del contrato ni en el retraso de la nueva licitación".

En este sentido, ha explicado que el Juzgado señala que la aprobación de la Base de Ejecución del Presupuesto (que amparó la prórroga del contrato) tenía su fundamento en dar solución a la posible situación que pudiera producirse en el caso de no haberse renovado a tiempo la contratación de un servicio que fuera necesario mantener, y como los servicios del contrato de señalización eran necesarios y no se había realizado una nueva contratación, no había otra posibilidad real de solventar la situación que prorrogar el contrato existente.

Del mismo modo, según ha añadido Fernando Rodríguez, "el Juzgado afirma que puede criticarse el retraso en la tramitación del nuevo expediente de contratación, pero que no existen indicios de que desde el Ayuntamiento se intentara con ello dar un trato de favor a una empresa concreta, como lo acredita que no hubiera un comportamiento pasivo en la tramitación de la nueva contratación, que existieran otros contratos en el Consistorio con empresas distintas en la misma situación, y que, además sea ello un problema común en las administraciones locales".

Fernando Rodríguez ha subrayado que tampoco existe delito de malversación de caudales públicos. Así pues, el Juzgado entiende que difícilmente "puede sostenerse que haya existido este delito cuando el Tribunal de Cuentas (órgano encargado de fiscalizar la actividad económica financiera del sector público) ya señaló en mayo de 2017, al archivar una denuncia por los mismos hechos realizada por los mismos concejales de Ganemos, que no apreció hechos que pudieran determinar la exigencia de responsabilidad contable frente a persona alguna del Ayuntamiento de Salamanca".

En cuanto a la adjudicación del alumbrado público, el portavoz municipal ha afirmado que no existe tampoco delito de prevaricación, pues el Juzgado entiende que admitir como justificada la baja de la empresa que resultó adjudicataria fue una cuestión compleja que motivó informes y resoluciones (de órganos administrativos y judiciales) contradictorios, pero también todos ellos con una fundamentación aceptable y razonable, todo lo cual excluye de pleno la posible existencia de un delito de prevaricación.

Asimismo, según ha proseguido el tercer teniente de alcalde, tampoco aprecia la existencia de un delito de malversación de caudales públicos por el hecho de que una sentencia judicial condene al Ayuntamiento a indemnizar a otra empresa. Señala el Juzgado que la postura de la acusación llevaría a que en cada ocasión que una administración fuera condenada a indemnizar por estimarse un recurso contencioso-administrativo ello entrañaría un delito de malversación, "lo que evidentemente no es de recibo".

Fernando Rodríguez ha sostenido que el auto del Juzgado de Instrucción es "un nuevo varapalo a la campaña de acoso y derribo emprendido por los concejales de Ganemos contra el alcalde de la ciudad y el Gobierno Municipal, con la que se ha pretendido también coaccionar a funcionarios públicos municipales". Con estas denuncias de Ganemos se persigue tratar de desprestigiar y hacer daño no sólo al Ayuntamiento, también a personas concretas y van contra el trabajo de los funcionarios públicos.

Ha recordado que al archivo de estas denuncias se une al archivo por el Tribunal de Cuentas de las denuncias que presentaron por la prórroga de diversos contratos y al archivo decretado en su día por la propia Fiscalía Provincial de Salamanca de la investigación por la denuncia de Podemos sobre la contratación de la gestión de las Escuelas de Educación Infantil Municipales, "por no existir el más mínimo indicio de la comisión de un hecho delictivo".

El portavoz ha sentenciado que los concejales de Ganemos han tenido desde el principio el propósito de "arrastrar hasta la ciénaga más infecta el debate político municipal, y de aniquilar al adversario político mediante la calumnia y la difamación". En palabras de Fernando Rodríguez, "a ellos no les ha hecho nunca falta esperar al pronunciamiento de jueces y fiscales sobre los hechos que denuncian ante los mismos".

"La denuncia no es más que la coartada, la tapadera, para erigirse ellos en esos jueces y fiscales y dictar la condena correspondiente", según ha criticado Rodríguez, quien ha señalado, como dato, que la primera denuncia sobre el contrato de señalización la interpusieron en octubre de 2017 y desde entonces (sin esperar por prudencia a lo que dijera el juez) "se han hartado de hacer declaraciones públicas, dando por cierto lo que, por denuncia suya, se estaba investigando en sede judicial".

Fernando Rodríguez se ha preguntado que, "si para Ganemos el simple hecho de ser denunciado ya debe tener consecuencias políticas, ¿cuáles deben ser las consecuencias para quienes ven desestimadas de manera reiterada sus denuncias por los jueces y fiscales? La única salida debe ser la dimisión de los cuatro concejales", ha concluido.

Comunicado de Ganemos Salamanca

Los concejales de Ganemos Salamanca, tras conocerse la decisión del Juzgado de Instrucción han remitido un comunicado a los medios:

Ganemos Salamanca asegura que está cumpliendo con creces con su función de control y fiscalización en el Ayuntamiento, obteniendo la documentación necesaria para denunciar en los órganos municipales, a la opinión pública y en los juzgados la mala gestión, las ilegalidades y los presuntos hechos delictivos, pero recuerda que corresponde a policía, fiscales y jueces investigar y sentar en el banquillo a los corruptos, como está sucediendo en el resto del país.

No obstante, comprende la dificultad de romper la barrera del miedo para que las personas implicadas en las relaciones corruptas entre los políticos y los empresarios se atrevan a denunciar la realidad de la corrupción en nuestra ciudad. Por ello, Ganemos Salamanca solicita a las personas que conocen la presunta trama de corrupción que no tengan miedo y sean valientes, después de que la agrupación política haya sacado a la luz el caso y la ciudadanía esté esperando que la época negra de la corrupción del PP finalice con consecuencias para los implicados. El grupo recuerda, además, la actual necesidad de una nueva legislación que ampare y proteja a los denunciantes de corrupción.

Y es que el juzgado de instrucción nº1 de la ciudad ha remitido un auto de sobreseimiento provisional de la causa seguida contra el alcalde Fernández Mañueco y otros miembros de su equipo en el Gobierno municipal (PP), incluido el Jefe de la Policía Local, por favorecer a la empresa Aceinsa, a través de la prórroga y concesión de varios contratos millonarios, adjudicados en contra de informes técnicos e incluso sentencias que avalan la ilegalidad manifiesta de sus actuaciones, y en contra de los intereses de la ciudadanía, con daños millonarios a las arcas públicas. La excusa de esta decisión judicial es el transcurso del plazo legal de 6 meses que la última reforma legal del gobierno de Mariano Rajoy introdujo para acortar la fase de instrucción y, que de forma habitual y sistemática, la Fiscalía suele solicitar que se prorrogue de oficio para proseguir las diligencias de investigación, algo que no ha sucedido en este caso, quizá debido precisamente a la relevancia política del mismo. La posición de Ganemos al respecto sigue siendo "firme" y hoy su portavoz, Virginia Carrera, ha confirmado que su grupo interpondrá un recurso de reforma ante el Juzgado para tratar de mantener el caso abierto y que, si se produjera un segundo archivo, su siguiente paso sería un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional.

De este modo, y sin haber practicado las pruebas solicitadas por el grupo Ganemos, el juez instructor considera que por ahora no puede considerar la existencia del delito de prevaricación, aunque "evidentemente las tareas de preparación de la nueva licitación debieron realizarse o con más antelación o con más agilidad", y que se ha acreditado la grave imprudencia cometida. Sin embargo, considera que hasta la fecha no hay pruebas suficientes para deducir una "intencionalidad deliberada", pues "en las actuaciones descritas puede criticarse el retraso en la tramitación del expediente, pero no puede calificarse como un retraso intencionado para prorrogar maliciosamente el contrato existente."

Del mismo modo entiende que, con las pruebas existentes hasta la fecha, no puede deducirse la existencia de malversación de fondos públicos y prevaricación, en el caso de la acreditada adjudicación ilegal del contrato de alumbrado, aunque el Ayuntamiento tenga que indemnizar a Etralux con 800.000?, pues estima que no debe derivarse la comisión de un delito solo por la "mera discrepancia entre una resolución administrativa y la legalidad sino que es preciso que además no exista un fundamento técnico-jurídico aceptable". Así, aunque recuerda que la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo han afirmado que "no había razón alguna para adjudicar el contrato a Aceinsa Movilidad S.A", entiende que, al existir una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad en la que se dan fundamentos jurídicos a favor del Ayuntamiento, este hecho excluiría la existencia de delito alguno.

Por su parte, tanto desde Ganemos Salamanca como desde sus servicios jurídicos se rechaza de forma tajante este argumento, que podrá ser objeto de recurso, "pues no serviría para otra cosa que parablanquear prácticamente cualquier tipo de ilegalidad y corruptela, calificando de no delictivas decisiones declaradas ilegales por los tribunales competentes y con grave daño para la ciudadanía (800.000?, en este caso), sólo por el hecho de la existencia de alguna opinión técnico-jurídica contradictoria previa", según el concejal Gabriel de la Mora.

Por otro lado, el concejal del grupo granate Gabriel Risco, afirma que, en cualquier caso, la agrupación está satisfecha por el trabajo realizado y que "seguirá denunciando la corrupción y buscando nuevas pruebas para reabrir la investigación, ya que es imprescindible que los corruptos no queden impunes". La agrupación Ganemos Salamanca nació en septiembre de 2014 precisamente para gestionar de un modo más transparente, justo y eficiente los recursos públicos, y para luchar contra la corrupción municipal, de modo que "este es nuestro caballo de batalla y el de los y las ciudadanas que nos votaron", concluye.