La OCU pide una revisión completa del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz

El mercado mayorista acumula desde marzo seis meses de continuas subidas. Además, según OCU, el mes de septiembre se podría cerrar con precio en torno a los 70 ?/MWh, lo que supondrá un nuevo incremento en la factura de la luz en otro 3,3%. Así, un hogar medio acumula durante 2018 una factura de 598 euros, 16 euros más que en el mismo periodo (enero- septiembre) del pasado año y 80 euros más que la factura de ese mismo periodo en 2016.

Estos incrementos afectan directamente a los hogares con la tarifa PVPC y a los beneficiarios del bono social, e indirectamente al resto de consumidores que tienen contrato con una comercializadora en el mercado libre, que ven cómo sus revisiones de tarifa también aumentan, pese a que mucho de ellos ya sufrían tarifas mucho más elevadas que la tarifa PVPC.

Ante esta situación, OCU valora positivamente el avance que supone que el Ministerio de Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee la necesidad de revisar el bono social ampliándolo también a la calefacción, sin embargo, la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas ayer genera serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor.

En este sentido, OCU considera que la única medida concreta planteada, basada en la eliminación del Impuesto a la Generación, a corto plazo sólo traerá consigo que la industria se ahorre un importante coste, que era empleado para aliviar la importante factura de los peajes que también paga el consumidor final. OCU considera que la medida anunciada no provocará de forma automática una rebaja en el precio de la energía y según OCU, puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019.

Ante la declaración de intenciones planteada por el Gobierno, OCU pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan una factura más justa. Entre otras, retirar o limitar conceptos que incrementan artificialmente la factura, asignar una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores, aplicar mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el mercado mayorista y destinar recursos para proteger a los hogares más desfavorecidos.

De manera concreta, OCU propone:

• Revisión de sistema de precios mayorista: según OCU, es imprescindible que este sistema incorpore nuevos ajustes que remuneren de forma justa a las tecnologías más caras e infrautilizadas, pero sin que eso suponga que las tecnologías con costes más reducidos como la nuclear o la hidráulica se beneficien de esos elevados precios. En este sentido s

  e valora positivamente que el Gobierno por fin comparta este análisis de la situación.

• Penalizar las manipulaciones del mercado: esta revisión del mercado mayorista debe completarse con una estricta supervisión y fuertes penalizaciones para prevenir esa manipulación.
• Revisión y redistribución de los peajes de acceso: los peajes de acceso deben ser revisados y en algún caso eliminados del sistema eléctrico, pero sobre todo es importante que se haga una correcta distribución de estos peajes, de manera que no sean los pequeños consumidores los que subvencionen los costes a los grandes fabricantes.

• Revisión del IVA: la luz es un producto de primera necesidad y el tipo impositivo del 21% debería revisarse a la baja, aplicando tipos impositivos reducidos como ya hacen otros países europeos.
• Eliminación del Impuesto de la Electricidad: antes de abordar el Impuesto a la Generación, OCU considera imprescindible que se elimine el Impuesto de Electricidad. Este impuesto supone encarecer la factura eléctrica en un 5.11% y supone una recaudación de aproximadamente 1.500 millones. Con la eliminación de este impuesto a los consumidores se podría compensar la reciente subida de la electricidad.
• Impulso del Bono Social: sobre una previsión de 2,5 millones de hogares como potenciales beneficiarios de esa tarifa, solo un 28% lo ha solicitado. Por ello, OCU cree que se debe facilitar su tramitación simplificando el proceso con fórmulas de aplicación automática como ya se hace en otros países. Además, cree que el bono social debe ampliarse a otros servicios, como el suministro de gas.
• Transparencia en las tarifas aplicadas: el desconocimiento del mercado energético por el consumidor y la confusión interesada provocada por las comercializadoras de energía hace que muchos clientes estén en el mercado libre con tarifas muy elevadas. OCU exige transparencia sobre las tarifas que las comercializadores aplican en las revisiones de contrato a sus clientes, que son totalmente opacas para la administración y en la práctica, también para los clientes.
• Afrontar en beneficio de los consumidores los nuevos retos y posibilidades que nos ofrece el mercado: eliminando barreras al autoconsumo y diseñando nuevas relaciones entre consumidores-distribuidora-comercializadora aprovechando las posibilidades del nuevo contador digital.