“En Salamanca hay un incremento de empresas que abusan de la temporalidad en la contratación”
"Tienen a la mayoría de su plantilla con contratos de obra o servicio, o trabajadores y trabajadoras de ETT con el único objetivo de evitar una posible indemnización por despido"
César Rodrigo Vicente (secretario de Organización del SOV Salamanca) y Desiderio Martín Corral (Gabinete de Estudios Jurídicos Confederal) han denunciado la precariedad laboral de Salamanca, donde "hemos constatado como son muchas, demasiadas, las personas trabajadoras que han visto recortados sus derechos, que son explotadas e incluso a las que roban impunemente".
En este sentido, añadían que "aprovechándose de la crisis-estafa que la clase trabajadora sigue sufriendo, han aumentado los casos de empresas sin escrúpulos que vulneran la ley sin ningún pudor. Abusan de la temporalidad en la contratación de forma fraudulenta, empresas que de una manera constante tienen a la mayoría de su plantilla con contratos de obra o servicio, o trabajadores y trabajadoras de ETT con el único objetivo de evitar una posible indemnización por despido".
Además, en su opinión, este problema es mayor ya que "cuando trabajadores y trabajadoras acuden a denunciar que están realizando horas extraordinarias de forma obligatoria y no son abonadas, tampoco cotizan a la seguridad social, reciben la respuesta de que es muy difícil de demostrar y que acudan al juzgado para reclamarlo".
Comunicado de CGT Salamanca
La realidad contractual de los mercados de trabajo privados y públicos, se define por tres variantes:
Fraude masivo en la contratación (temporal), por medio de mecanismos indeseables de realizar contrataciones temporales a-causales, para puestos de trabajo permanentes.
Abuso masivo de la contratación a tiempo parcial, para después realizar dobles o triples jornadas.
Millones de horas extras realizadas semanalmente, donde los y las trabajadoras, realizan horas extras (fuera de la jornada contractual "pactada"), sin ser compensado este trabajo en demasía y ser un claro fraude a la hacienda pública y a la seguridad social.
Las empresas de multiservicios, las contratas y las subcontratas, son el reino de la discriminación salarial y resto de condiciones de trabajo, que eluden fácilmente las condiciones colectivas de los convenios del sector o de las empresas principales, siendo violados derechos fundamentales de las personas trabajadoras, como el derecho al principio de igualdad de trato, el principio a igual trabajo igual salario y a no ser discriminados.
La Inspección de Trabajo, a través y por medio de sus inspectores/as y sub-inspectores/as, vienen obligadas por Ley, a vigilar, investigar y sancionar cualesquiera de las actuaciones empresariales realizadas en claro fraude de ley, ante indicios suficientes que son suministrados en estos momentos por los sindicatos y por las personas asalariadas, las cuales se encuentran "suficientemente disminuidas" en su poder contractual, debido a la desregulación del mercado de trabajo, como para que se les exija ser héroes o heroínas en sus realidades laborales de sobre explotación.
El Gobierno, ante la vergüenza de la actuación empresarial, respecto a la falta de respeto de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, ha publicado un RD por el cual se dota de más medios y más poder a las Inspecciones de Trabajo, para que asuman su papel (obligacional y de derecho) en la denuncia y reparación de la lesión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
La Inspección de Trabajo solo tiene un criterio único, al cual cualesquiera de sus territoriales, están obligadas a obedecer: el velar por el interés general y que se cumpla la Ley.
En Salamanca sucede esto:
Aquí, en Salamanca, hemos constatado como son muchas, demasiadas, las personas trabajadoras que han visto recortados sus derechos, que son explotadas e incluso a las que roban impunemente.
Aprovechándose de la crisis-estafa que la clase trabajadora sigue sufriendo, han aumentado los casos de empresas sin escrúpulos que vulneran la ley sin ningún pudor.
Vemos como:
Abusan de la temporalidad en la contratación de forma fraudulenta, empresas que de una manera constante tienen a la mayoría de su plantilla con contratos de obra o servicio, o trabajadores y trabajadoras de ETT con el único objetivo de evitar una posible indemnización por despido.
En este mismo sentido, se ha llegado al punto que hay empresas que se "alían" para sortear la legalidad y van rotando entre una y otra la contratación de las mismas trabajadoras por periodos de seis meses.
Formalizan contratos por menos jornada de la que realmente obligan a realizar a sus empleados, por supuesto sin que exista compensación económica ni en tiempo de descanso.
Casos, algunos muy mediáticos, en los que las trabajadoras se ven obligadas a firmar que reciben una cantidad de dinero en nómina, recibiendo en mano otra menor.
Utilizan la llamada flexibilidad para imponer jornadas laborales interminables, que se sabe cuándo empiezan y nunca cuando acaban, impidiendo la conciliación de la vida laboral y personal es una utopía.
El acoso laboral cada día es más habitual, donde se abusa de la situación de necesidad que tienen las personas trabajadoras, siendo muy frecuente escuchar frasecitas como "si te interesa bien, si no hay un montón de gente esperando a que las contrate"
Son muchas las personas afectadas que se ven obligadas a aceptar la pérdida de derechos, la precariedad, incluso la explotación, debido a que se ven bajo la espada de Damocles de perder el empleo, de ser despedidas arbitrariamente, no hay que olvidar que el despido en España es libre y cada día más barato.
En las Relaciones Laborales tan importante como el redactado de las Leyes, de los Convenios Colectivos, son las herramientas con las que se cuenta para hacer cumplir la legalidad, siendo la principal la Inspección de Trabajo que, en el caso de Salamanca, no es que ponga demasiado empeño en resolver esta situación, es más, recientemente la Jefatura de la IT ha emitido un informe en el que mediante una interpretación muy particular y torticera de algunas normas y sentencias, nos niega la consideración de Interesados en los casos que somos denunciantes y que siempre hemos tenido reconocida. Es la única Inspección de Trabajo de todo el estado que ha adoptado esta medida y que por supuesto vamos a impugnar ante la Dirección General de Trabajo.
Esto supone que los sindicatos que no tengan representación (comités de empresa, delegadas de personal o no constituyan una Sección Sindical en la empresa) no tendrán derecho a ser informados sobre el estado de las denuncias que tramitan, así como los hechos que se hayan constatado y las medidas adoptadas, lo que repercutirá gravemente en la defensa de los derechos en las pequeñas y medianas empresas.
Esto sumado, a una legislación que favorece al empresariado y a la laxitud, y en algunos casos hasta la desidia con la que muchas veces actúa la Inspección de Trabajo de Salamanca, impiden solucionar las numerosas situaciones de ilegalidad y abuso empresarial.
Algunas directrices de la Jefatura de la Inspección de Trabajo de Salamanca:
Cuando trabajadores y trabajadoras acuden a denunciar que están realizando horas extraordinarias de forma obligatoria y no son abonadas, tampoco cotizan a la seguridad social, reciben la respuesta de que es muy difícil de demostrar y que acudan al juzgado para reclamarlo.
Ante la denuncia de una trabajadora, una empresa reconoce ante la Inspección de Trabajo que esta ha hecho 240 horas extraordinarias (el triple de lo legalmente permitido), ¿qué hace la Inspección con el resto de trabajadoras que se encuentran en la misma situación? ¿qué hace con las infracotizaciones a la Seguridad Social de la empresa por esa gran cantidad de horas? NADA
En casos de Acoso Laboral, como también es muy difícil demostrar, y no quieren perder ante un posible recurso empresarial, prefieren que la persona afectada por acoso vaya directamente a los juzgados, con lo que ello conlleva, pagar abogados.
Tras la denuncia de que el Ayuntamiento de Salamanca incumple, al menos desde hace 7 años, con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya que el Comité de Seguridad y Salud no se reúne con la frecuencia marcada por Ley, y hasta hace poco no estaba ni constituido, La Inspección nos dice de palabra que les han requerido y que no pueden hacer más.
En un caso de recargo de prestaciones por accidente laboral, vemos como, además de contestar 11 meses después, se saltan el Criterio Técnico que marca la Dirección General de Trabajo, abocando a la persona trabajadora a interponer recursos contra la Seguridad Social y presumiblemente tener que ir a los juzgados.
Y ante la vulneración de Derecho Fundamental (Derecho de Huelga) de una importante empresa de Salamanca, se limita a reconocer la vulneración y a requerirles que no lo vuelvan a repetir.