Los falsos autónomos hacen que la Seguridad Social pierda 600 millones de euros al año

Sin paro ni baja laboral, sin vacaciones -por lo menos remuneradas- y sin tan siquiera el derecho a ser despedidos, puesto que dejar de contar con ellos es tan sencillo y simple como no volver a llamarlos. Así viven -o malviven- los denominados falsos autónomos, los que no son ni asalariados ni trabajadores por cuenta propia; es más, tienen lo peor de unos y de otros, puesto que ni poseen la libertad que da el hecho de ser sus propios jefes -ya que dependen económicamente de otros- ni gozan de la protección de los empleados.

Esta figura que supone un fraude de ley está en un momento de crecimiento, animada por las facilidades que dan las plataformas de la economía colaborativa, empresas tales como Deliveroo o Glovo, en el punto de mira de la Inspección de Trabajo e incluso con algunas sentencias judiciales que ponen en entredicho su modelo de negocio. Así, en la actualidad hay 15.000 falsos autónomos más que un año atrás, lo que deja la cifra total en 225.000 en este segundo trimestre, según un informe publicado este martes por la asociación de autónomos UATAE realizado a partir de datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Pero esto tiene su repercusión en las cuentas de la Seguridad Social, ya que suponen cotizaciones que pierde. En este sentido, el sistema, que además arrastra un déficit de 18.000 millones, deja de ingresar más de 592 millones de euros al año por este fraude de ley, según recoge este estudio.

¿Cómo se llega a esta estimación? Esta cantidad se obtiene cruzando el número de falsos autónomos con los datos del sueldo más común de los asalariados (que se sitúa en los 16.498,47 euros anuales), el ingreso medio en la Seguridad Social de un trabajador del Régimen General (fijado en un 28,3%) y la cotización mínima de los autónomos (que está fijada en 275 euros al mes). Y todavía parece más que probable que estos cálculos se queden cortos, ya que UATAE advierte de que el coste podría ser mayor dado el gran número de personas que se acogen a la tarifa plana de 50 euros siendo falso autónomo y, por tanto, no cotizando por la mínima.

«Este tipo de fraude no deja de aumentar en los últimos años ya que supone una reducción de los gastos de empleabilidad para las empresas defraudadoras, puesto que los falsos autónomos pagan su propio coste de contratación», explica la organización, que resalta que no solo se trata de un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social, sino que «supone una destrucción de los derechos de los trabajadores».

El Gobierno parece ser plenamente consciente de este hecho y el pasado 3 de agosto aprobó un real decreto con medidas para combatir el uso fraudulento de la figura del trabajador por cuenta propia. La meta que se ha puesto es sacar a la luz 40.000 falsos autónomos en lo que queda de año y convertirlos en trabajadores que coticen en el Régimen General, que es en realidad donde deberían encuadrarse. Algo que superaría con creces los poco más de 1.800 detectados el pasado año, aunque aún así solo serviría para aflorar menos de una quinta parte del fraude existente en este colectivo.