Cada español tiene que trabajar 177 días este año para pagar sus impuestos

Los españoles tienen que trabajar este año 177 días para cumplir con sus obligaciones tributarias. Es decir, el Día de la Liberación Fiscal, que Think Tank Civismo calcula anualmente, llegó ayer, miércoles, 27 de junio, un día antes que en 2017.

Dentro de este cómputo, la distribución por peso de los gravámenes, traducidos en días, es la siguiente: las cotizaciones sociales suponen, de media, 102 jornadas de salario; a las que hay que añadir otras 35 por IRPF, hasta 25 por IVA, 11 por Impuestos Especiales, y 5 más por otros tributos estatales, autonómicos y municipales como el IBI, Patrimonio, Sucesiones o Matriculación. Esto deja disponibles 187 días de sueldo libres para el contribuyente.

De este desglose se deduce el gran impacto que tienen el IRPF y las cotizaciones sociales, cuya suma denominamos "cuña fiscal", y que reduce el salario neto de los trabajadores de manera significativa. Así, de cada 100 euros que paga el empresario en coste laboral, el ocupado de entre 16 y 29 años cobra 64,11, lo que equivale a una "cuña fiscal" del 35,89%.

Para los trabajadores de entre 30 y 44 años, la retribución neta se queda en 62,50, a causa de una "cuña fiscal" del 37,50%. Los que tienen entre 45 y 64 años reciben de esta cantidad sólo 61,66 euros, lo que supone la "cuña fiscal" más elevada por tramos de edad: un 38,34%. Por último, entre los mayores de 65 años, la fiscalidad directa se traduce en que, de cada 100 euros, se perciben 88 de forma efectiva. En este caso, la "cuña fiscal" es más reducida, de un 12,03%, por la ausencia de presión de las cotizaciones sociales.

Como principal novedad, este año el Día de la Liberación Fiscal realiza por primera vez en España una comparativa entre lo que los ciudadanos contribuyen al Estado y lo que reciben a cambio, en forma de servicios públicos. Para ello, pone en relación la distribución del gasto público por partidas presupuestarias y el pago de impuestos por cohortes de población (tramos de edad).

Así, el gasto en protección social (pensiones, prestaciones por desempleo, y otras ayudas) asciende al 16,8% del PIB español, seguido en peso por el coste de mantenimiento de la Administración pública, con un 6,1%; la Sanidad (6%); Educación (4%); Inversiones (3,9%); Seguridad (1,9%); Subvenciones y Cultura (1,1%); Defensa (1%); Medio Ambiente (0,8%) y, por último, Infraestructuras de vivienda (0,5%).

En cuanto a los servicios públicos que recibe cada ciudadano en función de su edad, se incrementan exponencialmente con la llegada de la jubilación. El valor económico de lo percibido por el contribuyente se más que triplica, pasando de los 6.934,42 euros nominales en la cohorte de 16 a 29 años a los 22.388,80 a partir de los 65. No en vano, la principal prestación, en términos económicos, se trata de la pensión pública, al ascender a 15.454 euros anuales, seguida de la cobertura sanitaria (1.919 euros).

En lo que se refiere a los impuestos, el máximo se da en la madurez de la edad laboral del contribuyente (45-64 años), cuando alcanza a pagar 15.662,24 euros anuales, frente a los 10.449,75 de la cohorte más joven, o los 4.620,31 de los mayores de 65.

Casi el 80% de los contribuyentes pagan más impuestos que lo que reciben hasta la edad de jubilación, momento en el que cambian las tornas. Así, los trabajadores abonan entre 3.515,33 y 7.775,23 euros anuales más de lo percibido en servicios públicos durante los 35 años de carrera de cotización, para luego beneficiarse en forma de pensión, sanidad y dependencia por un importe de 17.768,49 euros anuales durante dos décadas. Esto supone una redistribución de ingresos a lo largo del tiempo, pero sujeta a incertidumbres como la subida de los tipos y las bases de cotización, o las modificaciones de los derechos consolidados de pensiones.