Csif pide en Topas la equiparación salarial de los empleados públicos de prisiones

Funcionarios de Prisiones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León se ha concentrado este viernes primero de junio, ante la prisión de Topas (Salamanca), para exigir al Gobierno la equiparación salarial con los funcionarios penitenciarios de Cataluña, como ha sucedido con los colectivos de Policía y Guardia Civil. De esta manera, CSIF continúa con las movilizaciones iniciadas hace semanas, tras la celebración de la multitudinaria manifestación nacional de Madrid celebrada en febrero, ya que a Topas acudirán funcionarios penitenciarios de todas las provincias de Castilla y León.

CSIF reclama a Instituciones Penitenciarias y al Gobierno que desbloqueen la actual situación, y que impulse la demanda de la equiparación salarial, como se ha hecho con los colectivos de Policía y Guardia Civil. Tras meses de movilizaciones en toda España, CSIF reclama al Gobierno a los responsables políticos que terminen con el "agravio" que sufren los funcionarios de prisiones, respecto a otros colectivos. CSIF denuncia que, hasta el momento, el ministro del Interior ni siquiera se ha reunido con los representantes de Prisiones, como sí ha hecho con el resto de los colectivos de su Departamento. Recuerda que la dotación económica para atender la reivindicación son 168 millones, y advierte que "continuaremos con las medidas de presión hasta que haya una negociación clara y una propuesta presupuestaria encima de la mesa. Desde CSIF insisten en que no vamos a cejar en nuestro empeño hasta que consigamos avanzar en nuestros objetivos".

Además de la mejora salarial, CSIF también exige la convocatoria de concursos de provisión de puestos de trabajo (traslados anuales con baremos negociados), oferta de empleo público suficiente para cubrir las grandes necesidades que existen actualmente y el reconocimiento de agentes de la autoridad en el ejercicio de su trabajo. El sindicato independiente recalca que las plantillas de Prisiones sufren un déficit de más de 3.000 efectivos.