Castilla y León ha incrementado en un 28 %, hasta los 8.400, el número de jóvenes ocupados en lo que va de legislatura
El Plan de Empleo Joven de la Junta de Castilla y León está dotado, en 2018, con 43,3 millones de euros, que integran la dotación de 14,5 millones de euros prevista en el programa de Garantía Juvenil para este ejercicio. La Junta financia con fondos autónomos propios actuaciones no elegibles incluidas en la Garantía Juvenil, así como las acciones de formación y empleo a los jóvenes de hasta 35 años, que la Garantía Juvenil solo prevé hasta los 30 años. Castilla y León ha incrementado en un 28 %, hasta los 8.400, el número de jóvenes ocupados en lo que va de legislatura, un aumento superior en 10 puntos al del conjunto de España. El número de parados jóvenes ha descendido un 40 % desde el segundo trimestre de 2015, lo que supone 12.000 desempleados menos.
El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha comparecido hoy en la Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León para informar sobre la gestión de la Consejería de Empleo del Programa Europeo de Garantía Juvenil y sobre el desarrollo del Plan Prepara.
Plan de Empleo Joven y el programa de Garantía Juvenil
El Plan de Empleo Joven, ha conseguido impulsar, en los dos años de ejecución de la II Estrategia Integrada de Empleo, más de 3.400 contrataciones y llegar a casi 20.000 jóvenes en acciones de formación.
El objetivo de la Junta de Castilla y León es destinar 140 millones de euros al Plan de Empleo Joven, durante el período de vigencia de la II Estrategia de Empleo 2016-2020, con un aumento de los recursos destinados a este Plan que supone un incremento de más del 43 % entre 2015 y 2018, hasta alcanzar los 43,35 millones de euros de dotación para 2018.
Por otra parte, los fondos del programa de Garantía Juvenil gestionados por la Consejería de Empleo se incrementan en 2018 hasta alcanzar los 8,3 millones de euros y la previsión es beneficiar a 1.612 jóvenes. Desde el año 2015, estos fondos se han multiplicado por seis y el número de beneficiarios por más de nueve, pasando de 170 a más de 1.600 jóvenes. Estos fondos, si añadimos los del resto de Consejerías que también gestionan programas de la Garantía Juvenil, se elevan en el Presupuesto para 2018 hasta los 14,5 millones de euros.
El Plan de Empleo Joven integra en su dotación de 43,35 millones para este año los 14,5 millones de euros previstos para 2018 en el Programa de Garantía Juvenil que gestiona la Junta de Castilla y León. De esta forma, los recursos del programa de Garantía Juvenil más los fondos propios de la Junta destinados al Plan de Empleo Joven permiten extender las actuaciones en el colectivo de jóvenes hasta los 35 años.
Tutorización de jóvenes e inscripción en Garantía Juvenil
A través de las 54 oficinas del Servicio Público de Castilla y León (ECyL), se ha desarrollado un procedimiento propio, que mediante un plan de atención personalizada a través de un tutor, ha atendido desde su puesta en marcha en 2017 a 18.118 jóvenes para adecuar su perfil al mercado laboral.
A través de este procedimiento del ECyL, se identifica a los menores de 30 años para inscribirlos en el fichero único del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; se les envía una carta personal informando de la existencia de este Plan y se fija una cita en la oficina de Empleo para una entrevista con un orientador profesional.
Este procedimiento de tutorización ha contribuido a alcanzar los 53.800 jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil en la actualidad que se podrán beneficiar de las medidas puestas en marcha, entre ellas, las destinadas al auto empleo, el programa de contratación indefinida, escuelas taller, prácticas en empresas, así como contratación por entidades locales, entre otras tantas.
El colectivo de los jóvenes es prioritario para la Junta de Castilla y León y así se establece en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020.
Menos jóvenes parados y más ocupados
Las medidas promovidas por la Junta en materia de empleo juvenil han ayudado a reducir la tasa de paro joven en casi 18 puntos. Esta cifra es más de cinco puntos inferior a la media nacional pero todavía supone una tasa de paro joven del 32,26 % Asimismo, el número de parados jóvenes ha descendido en torno al 40 % con casi 12.000 desempleados menos que cuando comenzó la legislatura.
Además, ha aumentado en 8.400 personas el número de ocupados jóvenes, un 28,09 %, lo que supone un incremento de 10 puntos superior al del conjunto de España.
En cuanto a los datos de paro registrado en la Comunidad, el desempleo juvenil se ha reducido un 14,79 % en el último año, con 2.323 parados menos que en febrero de 2017. Esto supone un descenso superior en más de 6 puntos en comparación con la media nacional. Por otra parte, desde el inicio de la legislatura, el paro registrado de jóvenes se ha reducido en casi 6.000 personas, un 30,35 % En este periodo, el descenso del número de parados jóvenes ha sido casi 5 puntos superior al del conjunto de España.
Por último, el paro de los jóvenes de Castilla y León presenta descensos interanuales en los últimos sesenta meses, cinco años continuados de bajada del desempleo juvenil.
Plan Prepara
El Plan Prepara establece una ayuda de carácter excepcional, durante seis meses para desempleados que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios por desempleo. Esta ayuda es del 75 % del IPREM, 403 euros para 2018 que puede llegar al 85 % si el beneficiario tiene tres o más miembros a su cargo en la unidad familiar.
Desde su aprobación en 2011, el Plan Prepara se ha prorrogado en 12 ocasiones y ha dado cobertura a más de 42.000 personas en Castilla y León, si bien actualmente son 613 los castellanos y leoneses que se benefician de esta ayuda en la actualidad.
Además, Castilla y León cuenta con otros mecanismos de protección puestos en marcha para la protección de desempleados que hayan agotado sus prestaciones y no se puedan beneficiar de ningún programa nacional. En concreto estos programas son: el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) con 637 beneficiarios en la actualidad; y la Renta Garantizada de Ciudadanía dirigida a colectivos desfavorecidos en riesgo de exclusión social que permite atender las necesidades básicas de subsistencia a 15.487 desempleados de la Comunidad.
Sentencia del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional estimó parcialmente un recurso planteado por el Gobierno del País Vasco en una sentencia del pasado 20 de julio de 2017, dictaminando que la gestión de las ayudas del Plan Prepara destinas a trabajadores desempleados corresponde a las Comunidades Autónomas al considerarse políticas activas de empleo.
Como consecuencia de esta sentencia se consensuó entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en la Conferencia Sectorial del 18 de septiembre un acuerdo unánime para evitar un solo día la desprotección de las personas con acceso a este programa. De esta forma se atribuye de forma excepcional al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la gestión del programa para no perjudicar a los beneficiarios. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó una prórroga del Prepara hasta el próximo 30 de abril.
Asimismo, el pasado mes de enero el Tribunal Constitucional anuló también el Programa de Activación para el Empleo (PAE) con los que los dos programas nacionales destinados a parados de larga duración quedan sin efectividad.
Propuesta de Castilla y León
La Junta propone por un lado que el gobierno de la nación pueda seguir gestionando las ayudas del Prepara, RAI y PAE, dentro de los límites marcados por la doctrina del Tribunal Constitucional y por otro lado propone tratar de unificar los tres programas en un único instrumento, más simplificado y coherente, todo ello para no causar perjuicios en los beneficiarios actuales de estos programas.
En la actualidad son 9.348 castellanos y leoneses los que se benefician de estos tres programas del Estado, por lo que es preciso transmitir la sensibilidad de la Junta de Castilla y León con quienes peor lo están pasando y paliar en alguna medida los problemas económicos y personales que supone la pérdida del empleo.