Hacienda asegura que no habrá congelación salarial para los empleados públicos en 2018
Ministerio de Hacienda en Madrid
El Ministerio prevé hacer la subida y el proceso de estabilización de empleo público a través de los Presupuestos de 2018 o vía Decreto
La Secretaria de Estado para la Función Pública, Elena Collado, ha trasladado a las organizaciones sindicales la voluntad del Gobierno de evitar la congelación salarial a los empleados públicos en 2018 y llevar a cabo el acuerdo en materia de empleo público alcanzado antes de que se interrumpieran las conversaciones, como consecuencia de la crisis institucional en Cataluña.
El Gobierno mantiene la viabilidad de conseguir apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos donde incluiría la subida salarial y el acuerdo de estabilización del empleo público. Si no fuera posible se haría a través de otras fórmulas legales.
CSIF trasladó el pasado mes de octubre su más absoluto rechazo a la congelación salarial, después de que el Gobierno enviara a Bruselas un plan presupuestario para 2018, en el que se incluía este supuesto. "También le hemos trasladado que consideramos muy insuficiente la subida propuesta del 1,5% (Hacienda ha retomado la negociación a partir de la última propuesta que realizó en septiembre), teniendo en cuenta que se ha perdido un 20% de poder adquisitivo en los últimos años", explican desde el sindicato.
Su objetico es alcanzar un acuerdo de legislatura que permita recuperar de manera progresiva el poder adquisitivo perdido durante la crisis.
Respecto a la oferta de empleo público, Hacienda ha aceptado extender el acuerdo de estabilidad de Interinos al conjunto de las Administraciones (hasta ahora solo afectaba a Sanidad, Educación y Justicia), una tasa de reposición del 100 por cien a todos los servicios esenciales y del 115% a la Policía Local.
Además, para CSIF, es fundamental la recuperación de las 35 horas para aquellas administraciones que así lo acuerden con las organizaciones sindicales (como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid).
Esta organización sindical también defiende la equiparación de las retribuciones en la Administración General del Estado con las de las plantillas de las Comunidades autónomas que, de media, son un 25 por ciento superiores.