Desasosiego social

Los acontecimientos sociales y políticos de los últimos meses en España están provocando una sensación generalizada de desasosiego en la ciudadanía y una desconfianza en la arquitectura del Estado Social y Democrático de Derecho; ese que con su creación y consolidación contribuyó a disminuir la violencia en la sociedad por el acatamiento progresivo de las normas sociales de convivencia, incluso por sus redactores del poder legislativo, las entidades de gobierno del poder ejecutivo y los encargados de hacer cumplirlas, el judicial, a corregir los desequilibrios sociales y derrocar los anacrónicos poderes feudales que generaban opresión, injusticia y sometimiento de las clases más desfavorecidas de la sociedad.

El Estado Social y Democrático de Derecho debe caracterizarse por la protección de todos los individuos, por el respeto a sus derechos e intereses legítimos y por las garantías del principio de legalidad y del escrupuloso respeto a la separación de poderes. Esas son las premisas para el funcionamiento adecuado de cualquier sociedad moderna y avanzada.

Ahora bien, aunque en la disertación haya unido Estado de Derecho y Estado Social (los dos en una sociedad democrática), es decir, que predomine el imperio de la ley y que todos (ciudadanos y poderes públicos, también el Jefe del Estado) estén sometidos al ordenamiento jurídico vigente, por un lado, y que el Estado intervenga en los procesos económicos para corregir los desequilibrios sociales; sólo el escrupuloso respeto a los principios de ambos, perfectamente interrelacionados (Estado de Derecho y Estado Social en una sociedad democrática), son los que garantizan la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos.

¿Por qué se está quebrando el Estado Social y Democrático de Derecho en los últimos años en España?. Las respuestas son complejas, pero básicamente porque el ciudadano medio percibe que la justicia no es igual para todos, que no se hace cumplir el ordenamiento jurídico en igualdad de condiciones a Urdangarín, Matas, Francisco Granados, Ignacio González, Bárcenas o Rato que al robagallinas que malvive en cualquier barrio marginal de cualquier pueblo o ciudad española o al político disidente que comete hechos delictivos (insisto, no hablo de delincuencia de conciencia, sino de políticos que cometen hechos delictivos conforme a la legislación vigente).

Todos hemos comprobado que los registros policiales realizados en la sede del PP nacional para encontrar indicios de la presunta financiación ilegal de este partido político que gobierna en España, no se hicieron con la misma intensidad y publicidad que los realizados en los lugares donde ocultan los estupefacientes los miembros de cualquier organización criminal de narcotraficantes o a las instituciones de la Generalitat en el actual conflicto catalán con motivo de referéndum ilegal. Mientras el delincuente habitual se pudre en prisión preventiva primero (claro es un peligroso criminal al que hay que innocuizar e intimidar) y después cumpliendo una condena que, en la mayoría de los casos, si no hay previsión concreta y verificable de reinserción social, va a extinguir íntegramente sus sanciones penales y, probablemente, si su comportamiento no es adecuado en prisión, en un régimen que no le va a permitir disfrutar de los beneficios penitenciarios previstos; el delincuente de cuello blanco podrá disfrutar de beneficios y privilegios.

También, porque el ciudadano medio comprueba que con el transcurso de los años y la quiebra del Estado Social, hay más desigualdades sociales porque para el Estado los intereses de los empleadores son más importantes que los derechos de los trabajadores. Así lo demostró el actual gobierno con la aprobación de una reforma laboral que promueve condiciones precarias y salarios indignos a los trabajadores. A las pruebas me remito porque se ha incrementado el número de ciudadanos que se encuentran en riesgo de exclusión social en España, los salarios medios han bajado y, en cambio, desde 2008, según el informe mundial de la riqueza Capgemini, se ha incrementado el número de ricos en un 60 %, de 127.000 que había en 2008 a los más de 200.000 millonarios que hay actualmente y sólo en el último año el incremento ha sido de 9.600 millonarios. Es decir que la crisis, que ha pasado factura a la inmensa mayoría de la población (excepto a gobernantes y políticos), también ha propiciado que se haya incrementado el número de ricos y que, además, estos lo sean mucho más que antes de la crisis económica.

Si el Estado Social y Democrático de Derecho quiebra definitivamente, será el principio del fin de los modelos sociales hasta ahora vigentes y el regreso al estado salvaje en el que triunfará la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón.