El Gobierno cesa a Puigdemont y convocará elecciones en seis meses

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acordado junto a sus ministros en el consejo extraordinario el cese de todo el Govern catalán y la convocatoria de elecciones en Cataluña en un plazo de seis meses. Sin embargo, se mantendrá el Parlament, aunque el acuerdo atribuye al Gobierno central capacidad de veto de iniciativas parlamentarias y la suspensión de la facultad de control por parte de la Cámara. Ahora es el Senado quien debe aprobar este acuerdo el próximo viernes en el pleno extraordinario.

Toda la plana mayor del Ejecutivo ha acudido a la rueda de prensa ofrecida por Rajoy a las 13.30 horas, en la que el presidente del Gobierno ha detallado las medidas más relevantes que va a solicitar al Senado. "No se suspende la autonomía, sino que se cesa a las personas que han puesto al Gobierno catalán al margen de la Constitución", ha explicado Rajoy en rueda de prensa.

Rajoy ha afirmado que a partir de que el Senado lo apruebe, la facultad de disolver del Parlamento de Cataluña "pasa al presidente del Gobierno", quien puede convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. A pesar de este plazo, Rajoy ha señalado que su "voluntad" es hacerlo "tan pronto como recuperemos la normalidad institucional".

El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del 155 de la Constitución por la desobediencia de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España.

Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

El texto de esa exposición de motivos subraya que el artículo 155 del texto constitucional configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación. El primero de ellos es que la comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y el segundo que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España.

"Ambos concurren en el presente caso", asegura el Gobierno, que recuerda que el 155 faculta al Estado a adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir el daño al interés general, respetando en todo momento la existencia de la comunidad autónoma, sus instituciones y su estatuto. Además, el Gobierno considera que Puigdemont puso de manifiesto, en su respuesta al requerimiento del Ejecutivo, su "deliberada voluntad de persistir en la secesión de España y atentar de modo flagrante contra la soberanía nacional y la integridad territorial".

Según relatan en la exposición de motivos, Puigdemont no dio una respuesta afirmativa o negativa a la pregunta de si había declarado la independencia a pesar de advertirle de que cualquier contestación distinta a un sí o un no, se interpretaría como un asentimiento.

En consecuencia, subraya que la respuesta es motivo más que suficiente para entender desatendido el requerimiento. Pero a ello suma que, en su carta, señaló que el pueblo de Cataluña decidió el 1 de octubre la independencia en referéndum, dando así "plena validez y carácter vinculante" a una consulta que recuerda el texto que fue suspendido y anulado por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, la Mesa del Senado se reunirá hoy para fijar la tramitación hasta entonces de las decisiones del Gobierno, una tramitación que incluye un plazo para que Puigdemont pueda presentar las alegaciones que considere oportunas.

La segunda ocasión será para debatir las medidas definitivas y redactar el texto que se pasa al Pleno. Lo ideal es que se celebre el viernes próximo, aunque no es seguro. En ese Pleno podría intervenir Rajoy. Con toda esta actividad, la próxima semana será una en las que el Senado tenga más protagonismo de los últimos tiempos.

Desde el Gobierno aseguran que el president de la Generalitat tiene "margen" hasta el día del Pleno en el Senado para "dar marcha atrás y volver a la legalidad". La suspensión de competencias, no obstante, es una jugada de consecuencias imprevisibles en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de importantes servicios como Sanidad y Educación y cuenta con una policía propia. El presidente catalán Carles Puigdemont ha amenazado con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia, amparándose en los resultados del referéndum del 1 de octubre.

La intervención del Gobierno español desembocará presumiblemente en la convocatoria de elecciones autonómicas, planteando a los independentistas el dilema de participar en unos comicios impuestos. Puigdemont está bajo la presión contrapuesta de Madrid y de los círculos empresariales, que le piden dar marcha atrás, y del ala dura del soberanismo, que le exige proclamar ya la república catalana para fortalecer su posición.

Fuente: El Norte de Castilla