Aplicado el artículo 155 por desobediencia de la Generalitat y por el interés general
Reunión extraordinaria del Consejo de Ministros
La Mesa del Senado se reúne para fijar el calendario de aprobación del artículo de la Constitución
El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del 155 de la Constitución por la desobediencia de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España. Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy. El texto de esa exposición de motivos subraya que el artículo 155 del texto constitucional configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación.
El primero de ellos es que la comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y el segundo que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España. "Ambos concurren en el presente caso", asegura el Gobierno, que recuerda que el 155 faculta al Estado a adoptar medidas para restablecer el orden constitucional o para prevenir el daño al interés general, respetando en todo momento la existencia de la comunidad autónoma, sus instituciones y su estatuto.
Subraya el Ejecutivo el "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de las obligaciones constitucionales de los dirigentes de la Generalitat. Algo que considera que ha ocurrido con la puesta en marcha de un proceso de secesión "con desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional afectando gravemente al interés general de España". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicará tras la reunión del Consejo de Ministros las medidas pactadas con PSOE y Cs, que elevará al Senado durante la semana próxima, en un pleno que está previsto que se celebre el viernes.
Además, la Mesa del Senado se reunirá hoy para fijar la tramitación hasta entonces de las decisiones del Gobierno, una tramitación que incluye un plazo para que Puigdemont pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. La segunda ocasión será para debatir las medidas definitivas y redactar el texto que se pasa al Pleno. Lo ideal es que se celebre el viernes próximo, aunque no es seguro. En ese Pleno podría intervenir Rajoy. Con toda esta actividad, la próxima semana será una en las que el Senado tenga más protagonismo de los últimos tiempos. Desde el Gobierno aseguran que el president de la Generalitat tiene "margen" hasta el día del Pleno en el Senado para "dar marcha atrás y volver a la legalidad".
La suspensión de competencias, no obstante, es una jugada de consecuencias imprevisibles en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de importantes servicios como Sanidad y Educación y cuenta con una policía propia. El presidente catalán Carles Puigdemont ha amenazado con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia, amparándose en los resultados del referéndum del 1 de octubre.
La intervención del Gobierno español desembocará presumiblemente en la convocatoria de elecciones autonómicas, planteando a los independentistas el dilema de participar en unos comicios impuestos. Puigdemont está bajo la presión contrapuesta de Madrid y de los círculos empresariales, que le piden dar marcha atrás, y del ala dura del soberanismo, que le exige proclamar ya la república catalana para fortalecer su posición. También este sábado está convocada una manifestación a partir de las 17 horas en el centro de Barcelona en la que miles de independentistas se congregarán para reclamar la puesta en libertad de los líderes de Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, encarcelados preventivamente esta semana como sospechosos de sedición.
En el marco de las "acciones directas" para protestar por el encarcelamiento de Cuixart y Sánchez, muchos secesionistas fueron a retirar dinero como gesto de protesta contra el Gobierno español y los bancos que trasladaron fuera de la región su sede social, como CaixaBank y Sabadell.
Fuente: El Norte de Castilla