Un callejón sin salida

Los medios de comunicación no tienen otro tema en candelero que la convocatoria ilegal del referéndum de Cataluña del 1 de octubre y las leyes inconstitucionales aprobadas por el parlamento catalán para iniciar una vía rápida de desconexión con España en el supuesto de que triunfe el SI en la referida consulta. La imagen que España está dando en el exterior es penosa y lamentable porque ninguna de las partes en conflicto: gobierno catalán y gobierno del Estado, se han puesto de acuerdo para evitar llegar a esta situación, que es, realmente, un callejón sin salida para la democracia y para los intereses de los españoles y de los catalanes.

Desde que hace más de tres años, el ejecutivo catalán de Artur Más fracasara en la convocatoria ilegal de referéndum para el 9-N, de 2014, ha habido tiempo de sobra para que se hubieran dado acercamientos políticos entre miembros de la Generalitat y del gobierno central de Rajoy. Pero no ha habido interés. El gobierno de Rajoy, con su inmovilismo cartesiano, no ha ofrecido alternativas ni le ha interesado ningún tipo de negociación política con la Generalitat. El único argumento que han esgrimido es el del "cumplimiento de la legalidad", cuando ésta se puede cambiar cuando las partes en conflicto llegan a acuerdos para ello. Jurídicamente hablando no hay ninguna ley ?por muy importante que sea- que no pueda derogarse o modificarse, porque la ley tiene que estar supeditada a las exigencias de la sociedad. Es cierto que hay que "cumplir la ley", nadie lo discute, pero parece que el PP alega al "cumplimiento de la legalidad" cuando les interesa. Todos sabemos que el PP no ha cumplido con la "legalidad" en muchos aspectos relacionados con la corrupción del caso Gürtel y la colaboración con la justicia, cuando se está investigando un caso de corrupción tan grave.

Tampoco ha cumplido la legalidad el gobierno del PP en relación a las ayudas a los "dependientes y grandes dependientes" incluidos por la Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, puesto que hay una lista de espera muy larga y muchos dependientes morirán antes de recibir las ayudas o en relación a las subvenciones y otros aspectos previstos en la Ley de Memoria Histórica. Pero parece que estas cosas son menos importantes para Rajoy.

El gobierno del PP debería haber explorado algunas vías en las que se sintieran cómodos los catalanes y los españoles. Y esto sólo se consigue negociando y llegando a acuerdos; es decir, con los métodos democráticos y el consenso, tan necesario en decisiones importantes que afectan los derechos, libertades e intereses de todos los ciudadanos. Es la postura que han llevado algunos partidos políticos y agentes sociales importantes. Un ejemplo significativo es el de Joan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ha manifestado púbicamente que son necesarias reformas constitucionales que avancen hacia el federalismo, porque afecta a un problema muy importante que es el encaje en España de algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, Y, precisamente, Joan Rosell no es ningún "peligroso izquierdista contaminado por Pablo Iglesias y sus compinches".

Pero esto es pedir "peras al olmo", porque el PP nunca ha estado presente de manera decidida en los grandes procesos políticos. Recordemos que algunos de los diputados de AP (antiguo PP) votaron en contra de la Constitución Española del 78 (a pesar de que ahora la "adoran" todos), también votaron en contra de muchos Estatutos de Autonomía y se opusieron a muchas de las leyes sociales importantes que ha habido en España: ley de divorcio, leyes de despenalización de aborto consentido en los supuestos correspondientes y ley de matrimonio homosexual (entre otras reformas legislativas que supusieron un avance social sin precedentes). Tampoco el PP ha liderado ahora cambios en la Carta Magna que mejorarían el problema territorial, porque, sencillamente, el PP no quiere cambios en la Carta Magna de ese calibre.

La fractura social que se está generando entre Cataluña y el resto de España está alcanzando límites jamás conocidos en la sociedad española. El inmovilismo de Rajoy y la cerrazón de la Generalitat va a dejar demasiados muñecos rotos por el camino, deteriorando gravemente, como nunca en nuestra reciente historia democrática, los jirones de la convivencia y tendrán que pasar muchos años para que la sociedad española recobre el pulso vital que debe tener cualquier sociedad democrática avanzada, tolerante y seria. La prueba evidente es que se están enviando, incesante e interesadamente, mensajes a través de las redes sociales para promover el boicot a los productos catalanes una vez más.