Anpe reitera la necesidad de un pacto de Estado por la educación

Anpe hace balance del curso 2016-2017, marcado por el debate del Pacto educativo, los cambios en las evaluaciones, el plan de estabilización de las plantillas y la desvertebración del sistema educativo. "Nuestras prioridades pasan por la reversión de los recortes en educación, el impulso de la enseñanza pública como garante de la cohesión social y el principio de igualdad de oportunidades, que como principios transversales impregnen a los verdaderos pilares que deben sustentar el pacto", argumentan desde el sindicato.

A pesar de todo, en Anpe se muestran escépticos porque "conocemos la encrucijada en la que se encuentra la educación en España, caracterizada por una fuerte ideologización y agravada ahora por las tensiones políticas y territoriales".

Comunicado de Anpe

El comité ejecutivo estatal de ANPE en su sesión de 5 de julio de 2017 ha hecho una valoración del curso 2016-17, que comenzó con los mismos debates y problemas del curso anterior: la insistencia en la necesidad de un pacto educativo, las dudas y controversias generadas por la aplicación de la LOMCE, y la ausencia de un Estatuto docente tantas veces prometido como incumplido.

El curso transcurre con la forzada cohabitación de dos leyes educativas en las aulas (LOMCE y LOE) después de que el Gobierno decidiera desmontar poco a poco la controvertida LOMCE con el objetivo de alcanzar un gran pacto educativo, lo que está generando disfunciones que se han visualizado, sobre todo, con la liquidación de las pruebas externas de evaluación (reválidas),que, a partir de ahora, sólo tendrán carácter orientador y muestral y en la normativa que regula los requisitos para la obtención del título de graduado en la ESO y en el Bachillerato, que permite titular en los niveles obligatorios con dos materias pendientes y con una media inferior a 5, medida cuestionada por ANPE por atentar contra la cultura del rigor y el esfuerzo y que puede afectar negativamente a la desmotivación del alumnado y del profesorado.

El acuerdo por el que se crea una Subcomisión en el Congreso para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación pretende dar el tiro de gracia a una Ley que nació sin consenso, en un escenario de recortes y que después de tres años de vigencia ha evidenciado numerosos problemas de aplicación. Dicho pacto servirá de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley Básica de Educación, que sustituya la legislación vigente y que nazca con vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo político y social.

ANPE compareció el pasado 21 de febrero en el Congreso exponiendo sus criterios para la elaboración del pacto de estado por la Educación que debe partir, precisamente, del reconocimiento de esta necesidad. Para que sea verdaderamente efectivo, el diálogo que lo sustente deberá emplear la visión de futuro, el interés real por mejorar la calidad de la enseñanza, y el valor para modificar lo que no funciona para adaptar la educación a los nuevos retos y exigencias de una sociedad en continuo cambio y trasformación.

Nuestras prioridades pasan por la reversión de los recortes en educación, el impulso de la enseñanza pública como garante de la cohesión social y el principio de igualdad de oportunidades, que como principios transversales impregnen a los verdaderos pilares que deben sustentar el pacto como la vertebración del sistema, su modelo y estructura, la financiación de la enseñanza, el desarrollo profesional de los docentes, el funcionamiento de los centros, y la coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas para asegurar la implantación de cualquier reforma. Pero desde nuestra voluntad colaboradora en la búsqueda del pacto también tenemos que mostrar nuestro escepticismo porque conocemos la encrucijada en la que se encuentra la educación en España, caracterizada por una fuerte ideologización y agravada ahora por las tensiones políticas y territoriales.

En los últimos meses del curso escolar hemos asistido a la polémica surgida sobre la elaboración de los libros de texto en alguna que otra Comunidad Autónoma, plagados de contenidos en los que priman los «planteamientos ideológicos sectarios y tendenciosos» lo que ha motivado que el Ministerio de Educación haya solicitado un informe a la Alta Inspección para ver si se vulnera la legalidad vigente. Para ANPE, la desvertebración que existe en el sistema educativo se manifiesta no solo en los libros de texto, sino también en la propia distribución curricular, en las pruebas de evaluación y en otros aspectos de la gestión de la educación como la financiación, las convocatorias de oposiciones a los cuerpos docentes y otras cuestiones que están abriendo una brecha significativa en los resultados académicos entre las CCAA como señalan los informes internacionales y que puede abocarnos, de no remediarlo pronto, a la desintegración en diecisiete sistemas educativos.

Finaliza el curso con la celebración de la Mesa Sectorial de Educación el 28 de junio, en la que el Ministerio de Educación acordó con los sindicatos la convocatoria de amplias ofertas de empleo público (150.000 plazas ) en los próximos 5 años con 3 convocatorias por cuerpo docente, para cumplir con lo regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en la que se fija el objetivo de reducir en los próximos años a un 8% la tasa de interinos docentes existentes, situada actualmente en todo el Estado por encima del 20%. Desde ANPE hemos trasladado al Ministerio la necesidad de coordinar y dotar de seguridad jurídica y rigor a los procesos que se convoquen y fijar unas reglas del juego que sean conocidas con suficiente antelación por todos los interinos y aspirantes. ANPE está abierto a cualquier modificación del sistema de acceso de estas convocatorias que pasaría por facilitar el acceso a los interinos con el aumento en la valoración de la experiencia docente en la fase de concurso hasta el máximo legal y jurisprudencialmente posible con la perspectiva de la regulación de un nuevo modelo de acceso que ha de establecerse en un futuro Estatuto Docente. Por otro lado, ANPE ha propuesto al Ministerio y así ha sido aceptado, la creación de una comisión de seguimiento que permita anualmente conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de reducir la tasa de interinos, velar por una amplia oferta de empleo público y dotar de estabilidad a las plantillas docentes.

Desde ANPE nos reiteramos en la imperiosa necesidad de impulsar un pacto o acuerdo de estado básico que dote de estabilidad al sistema, aleje a la educación de la confrontación ideológica permanente y siente las bases de un compromiso para hacer de ella una verdadera prioridad política y social. La actual situación del profesorado y su futuro profesional requieren un tratamiento urgente en el compromiso de mejorar la educación. Todo ello pasa por poner en marcha todas aquellas actuaciones que dignifiquen la figura del profesor, le devuelvan su valoración social y hagan más atractiva y motivadora su tarea, de modo que consigamos atraer a la docencia a los mejores profesionales. Es imprescindible contar con el profesorado y convertirlo en uno de los pilares del pacto, porque ninguna reforma educativa podrá arraigar si en ella no se cuenta con la implicación de los docentes.