Castilla y León, entre las cinco autonomías con más casos y acusados por corrupción

En tan solo tres meses, Castilla y León se ha colocado a la misma altura de Madrid, el segundo puesto en el 'ranking' nacional del número de casos de corrupción juzgados, tres, y ocupa el cuarto lugar en el número de acusados, con nueve personas procesadas. Andalucía y Cataluña, con cinco procedimientos judiciales a funcionarios o cargos públicos cada una, abren la tabla, mientras que Canarias, aunque ocupa el tercer lugar en número de casos (2), lidera la tabla en lo que se refiere a número de personas acusadas, una veintena.

Según los datos puramente estadísticos recogidos en el 'repositorio' del Consejo General del Poder Judicial, una herramienta específica sobre asuntos de corrupción inaugurada el pasado 12 de enero y de acceso público (www.poderjudicial.es), entre enero y marzo de este año se han concluido en los juzgados y tribunales españoles 27 procedimientos por este tipo de corrupción política y administrativa, tres de los cuales se han producido en administraciones públicas de Castilla y León. Son casos de los que el Consejo no facilita más detalles que el puro dato numérico, sin determinar el contenido de los procedimientos que ya han sido sentenciados.

Los que no figuran en esta estadística son casos que todavía están 'vivos' en los juzgados, es decir, se encuentran en fase de diligencias y, por tanto, no ha habido auto de procesamiento ni sentencia. Así ocurre con el caso conocido como Perla Negra, la trama eólica, el caso Samaniego o el que se sigue en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) contra el exvicepresidente de la Diputación de Valladolid y actual alcalde de Olmedo y procurador en las Cortes por el PP, Alfonso Centeno, a quien la Fiscalía acusa de recibir como regalo de una empresa constructora un viaje a Japón, que al parecer habría realizado con su esposa y cargos de dicha empresa, adjudicataria de la pista de esquí seco Meseta Sky. El asunto, que está en el TSJ por la condición de aforado del procurador vallisoletano, está siendo instruido por el magistrado César Balmori, quien le tomó declaración el pasado 7 de junio.

Los jueces españoles han dictado auto de juicio oral o procesado a 97 personas, de las que nueve son funcionarios, cargos públicos o políticos en el ejercicio de su cargo de esta Comunidad. Buena parte de los procedimientos seguidos y concluidos durante este periodo fueron por prevaricación, malversación y cohecho contra cargos públicos, con el trasfondo del dinero público de por medio. La mayoría de las personas acusadas en el primer trimestre del año lo han sido por juzgados de Canarias (20), Andalucía (18) , Cataluña (12) y Castilla y León (9).

Los hechos que se engloban en el término genérico de corrupción ?que hasta la última modificación del Código Penal, era un concepto jurídico que no existía? son delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Los juzgados y tribunales dictaron en total 36 sentencias relacionadas con este tipo de procedimientos, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa casi el 78% del total de las resoluciones. Fueron condenadas como autoras de estos delitos de corrupción 58 personas en todo el país.

Trama solar

En los futuros datos correspondientes al segundo trimestre del año en Castilla y León, el 'repositorio' del Poder Judicial contabilizará el juicio con jurado por la trama solar de Zamora, el primer juicio por corrupción de Castilla y León, en el que fueron juzgados por un jurado popular, el pasado mayo, el exjefe del Servicio Territorial de Industria de la Delegación de la Junta de Castilla y León, José Bahamonde, su hijo, su compañera sentimental, el expresidente de Pevafersa y el exjefe de Distribución de Iberdrola en Zamora. El jurado les encontró culpables y la Audiencia les condenó por negociaciones prohibidas y tráfico de influencias al pago de un millón de euros por el beneficio ilícito obtenido con los huertos solares.

León, Madrid y Canarias son las cinco comunidades autónomas donde los jueces y tribunales han visto y sentenciado más procedimientos de corrupción política y administrativa en el primer trimestre del año. En tan solo tres meses, Castilla y León se ha colocado a la misma altura de Madrid, el segundo puesto en el 'ranking' nacional del número de casos de corrupción, tres, y ocupa el cuarto lugar en el número de acusados, con nueve personas procesadas. Andalucía y Cataluña, con cinco procedimientos judiciales a funcionarios o cargos públicos cada una, abren la tabla, mientras que Canarias, aunque ocupa el tercer lugar en número de casos (2), lidera la tabla en lo que se refiere a número de personas acusadas, una veintena.

Según los datos puramente estadísticos recogidos en el 'repositorio' del Consejo General del Poder Judicial, una herramienta específica sobre asuntos de corrupción inaugurada el pasado 12 de enero y de acceso público (www.poderjudicial.es), entre enero y marzo de este año se han concluido en los juzgados y tribunales españoles 27 procedimientos por este tipo de corrupción política y administrativa, tres de los cuales se han producido en administraciones públicas de Castilla y León. Los que no están en esta estadística son asuntos de supuesta corrupción que todavía están 'vivos' en los juzgados, es decir, se encuentran en fase de diligencias y, por tanto, no ha habido auto de procesamiento ni sentencia. Así ocurre con el caso conocido como Perla Negra, la trama eólica, el caso Samaniego o el que se sigue en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) contra el exvicepresidente de la Diputación de Valladolid y actual alcalde de Olmedo y procurador en las Cortes por el PP, Alfonso Centeno, a quien la Fiscalía acusa de recibir como regalo de una empresa constructora un viaje a Japón, que al parecer habría realizado con su esposa y cargos de dicha empresa, adjudicataria de la pista de esquí seco Meseta Sky. El asunto, que está en el TSJ por la condición de aforado del procurador vallisoletano, está siendo instruido por el magistrado César Balmori, quien le tomó declaración el pasado 7 de junio.

Procesados

Los jueces españoles han dictado auto de juicio oral o procesado a 97 personas, de las que nueve son funcionarios, cargos públicos o políticos en el ejercicio de su cargo de esta Comunidad. Buena parte de los procedimientos seguidos y concluidos durante este periodo fueron por prevaricación, malversación y cohecho contra cargos públicos, con el trasfondo del dinero público de por medio. La mayoría de las personas acusadas en el primer trimestre del año lo han sido por juzgados de Canarias (20), Andalucía (18) , Cataluña (12) y Castilla y León (9).

Los hechos que se engloban en el término genérico de corrupción ?que hasta la última modificación del Código Penal, era un concepto jurídico que no existía? son delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Los juzgados y tribunales dictaron en total 36 sentencias relacionadas con este tipo de procedimientos, de las que 28 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa casi el 78% del total de las resoluciones. Fueron condenadas como autoras de estos delitos de corrupción 58 personas en todo el país.

En los datos correspondientes al segundo trimestre del año en Castilla y León, el 'repositorio' del Poder Judicial contabilizará el juicio con jurado por la denominada trama solar de Zamora, el primer juicio por corrupción de Castilla y León, en el que fueron juzgados y condenados por un jurado popular, el pasado mes de mayo, el exjefe del Servicio Territorial de Industria de la Delegación de la Junta de Castilla y León, José Bahamonde, su hijo, su compañera sentimental, el expresidente de Pevafersa y el exjefe de Distribución de Iberdrola en Zamora. El jurado les encontró culpables de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias y la Audiencia de Zamora les condenó, en total, al pago de un millón de euros por beneficio ilícito obtenido con los huertos solares. Las defensas anunciaron un recurso ante el Tribunal Supremo.