Miedo a la democracia

El 1 de octubre de 1931, después de un interesantísimo debate en el Parlamento Español de la II República, se aprobó la ley por la que se posibilitaba que las mujeres pudieran ejercer el derecho de sufragio activo; es decir, pudieran votar. Hasta ese momento, la paradoja política fue que las mujeres podían ser elegidas pero no elegir. En el debate fue significativo el enfrentamiento entre las dos únicas diputadas presentes en la Cámara: Clara Campoamor, del partido Radical, de Lerroux y Victoria Kent, del Republicano Radical Socialista. Clara Campoamor fue mucho más convincente, defendiendo el voto femenino, mientras que Victoria Kent solicitaba el aplazamiento del sufragio femenino (votó en contra del mismo), a pesar de sus convicciones democráticas y republicanas y pensó que debido a la escasa formación de las mujeres, serían los curas los que manipularían el voto de estas (es sabido que estaban supeditadas al marido o al padre y que apenas se le reconocían derechos). Craso error el cometido por Vitoria Kent porque, aunque es cierto que las mujeres eran más fácilmente manipulables (sobre todo por sus confesores), era necesario que en un sistema político democrático se reconocieran los mismos derechos y se otorgara la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres para todo. Miedo a la democracia.

En nuestro actual sistema democrático, se sabe que las diferentes formaciones políticas no han acudido a las confrontaciones electorales con las mismas garantías ni en igualdad de condiciones. Los partidos mayoritarios y los económicamente más fuertes siempre cuentan con mayores privilegios, incluso la normativa electoral les concede ciertas ventajas en los actos electorales (en los medios de difusión públicos disponen de más tiempo para promocionar su propaganda en las campañas electorales). Por su parte, también aprovechan su posición de poder (cuando desempeñan la gestión de gobierno) para desviar fondos de dudosa procedencia (principalmente de comisiones ilegales de empresarios a cambio de adjudicaciones de obras) y destinarlos para sufragar campañas electorales. El ejemplo lo tuvimos en su día en el PSOE con el caso Filesa, y actualmente, en el PP, con los casos Gürtel, Púnica y Operación Lezo, entre otros. De esta forma, como ya he manifestado en otras ocasiones, los partidos políticos que acuden "dopados" a las confrontaciones electorales tienen más opciones de ganar que los que van limpios de polvo y paja. Lo legal y razonable sería que a estos candidatos que cuentan con esos privilegios económicos procedentes de actos ilegales, en las confrontaciones electorales, fueran sancionados e incluso con inhabilitación a perpetuidad si son reincidentes, como ha ocurrido y ocurre con muchos deportistas que compiten "dopados" (sobre todo en el ciclismo, que se ha dado con demasiada frecuencia). Los partidos que hacen eso y, además, practican técnicas caciquiles, es porque tienen miedo a la democracia y no creen demasiado en ella, puesto que quieren triunfar a toda costa.

El pasado domingo, los militantes del PSOE tuvieron la oportunidad de elegir democráticamente, mediante primarias, al secretario general de este partido, siendo Pedro Sánchez el que obtuvo una clara mayoría de votos, imponiéndose sobre Susana Díaz y Patxi López. La gestora de este partido, así como dirigentes históricos del "aparato" apoyaban claramente a Susana Díaz, quién se las tenía todas consigo creyéndose vencedora, y de forma aplastante, durante la campaña. Líderes conocidos que apoyaban a Susana Díaz se han dado de baja en el partido. En algún caso han manifestado que intentarán crear otra formación política nueva. Estoy seguro que esos mismos hubieran argumentado que "ahora toca apoyar a la ganadora y unirnos todos en beneficio del PSOE", si la triunfadora hubiera sido Susana Díaz. Otro ejemplo claro de miedo a la democracia.

El gobierno del PP y el presidente Rajoy se han atrincherado en posiciones numantinas en relación a las pretensiones de los independentistas catalanes sobre un posible referéndum en el que los ciudadanos catalanes se manifiesten sobre su futuro: seguir perteneciendo al estado español o independizarse de este. El único argumento que esgrime Rajoy y su gobierno es, machaconamente, "que no se puede ir contra la ley", despreciando cualquier atisbo de negociación política en un asunto tan escabroso como es el problema territorial en esa Comunidad Autónoma. Probablemente si Rajoy fuera valiente y, a tenor del artículo 92 de la CE, convocara un referéndum consultivo a todos los españoles (poniendo especial énfasis en los resultados de Cataluña), acabaría con el problema de raíz y deslegitimaría el órdago y la ceguera de los dirigentes independentistas catalanes. Estoy seguro que si la campaña electoral de esa hipotética consulta se desarrollase con normalidad y con argumentos coherentes y sensatos, los resultados establecerían claramente un no a la independencia; o lo que es lo mismo, un sí a continuar formando parte de España. La independencia de Cataluña es inviable en una sociedad globalizada como la nuestra, donde los países tienden a unirse en organizaciones supranacionales (Unión Europea) que contribuyen a resolver mejor los problemas de todos sus ciudadanos (pertenezcan a uno u otro estado). Hay que tener en cuenta que Cataluña, como nuevo estado, dejaría de pertenecer a la UE y el proceso de ingreso en la misma como estado independiente seria excesivamente lento y demasiado costoso, perjudicando los intereses de los ciudadanos catalanes, de sus empresas y de las organizaciones de la sociedad civil.

Rajoy y su gobierno, por tanto, al negarse a cualquier negociación sobre la hipotética consulta de referéndum, están demostrando tener miedo atroz hacia la democracia. La democracia, como decía Churchill, es el "menos malo de los sistemas políticos" y muchos problemas de ese sistema democrático se resuelven, precisamente, con más democracia. No perdamos ese referente, que es el sustrato y la esencia del sistema democrático.