Muerte anticipada

Con el alma entumecida tras ver las últimas imágenes televisadas de la ruinosa vida física, moral y familiar llevada por José Antonio Arrabal desde que le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), no queda otra opción que aceptar sus palabras y compartir con él la libertad alcanzada con la muerte, tras el suicidio voluntario en soledad y de forma clandestina, realizado el pasado 2 de abril, reclamando con ello la legalización de la eutanasia en nuestro país, siguiendo los pasos de Suiza, Bélgica y Holanda.

No autorizar el suicidio asistido, exigiendo a los ciudadanos seguir viviendo hasta que el tránsito natural llame a la puerta, ha significado para José Antonio un anticipo en su defunción, porque de existir la muerte asistida hubiera prolongado la vida más allá de la inmovilidad que le impidiera suicidarse, contradiciendo con ello la intención de moralistas y legisladores de prolongar la existencia hasta que la parca llame a la puerta.

Todos estamos sentenciados a muerte, y a quienes exigen el derecho a morir dignamente, debe concedérsele hacerlo en manos de profesionales que les ayuden a dar el paso fatal de la forma más pacífica, dulce y serena que sea posible, y no ilegalmente, lejos de la familia para evitarle el castigo de complicidad y con dudosos fármacos adquiridos a través de Internet.

José Antonio deseaba suicidarse con dignidad porque amaba la vida, extraña paradoja que a todos nos conmueve y alienta a pedir la eliminación del artículo 143 del Código Penal, permitiendo a profesionales sacar del infierno a los enfermos terminales que soliciten ser liberados con la muerte de su calvario.

A ello unimos nuestro profundo respeto hacia los enfermos terminales que prefieran vivir hasta que la innombrada se los lleve, pareciéndonos tan legítima la actitud de quienes piden ayuda para acabar con su vida, como la de aquellos que prefieren mantenerse en ella por razones ideológicas, religiosas, familiares o esperanzadoras en un tratamiento sanador de su dolencia