En Castilla y León hay 1.730 menos, entre julio de 2010 y noviembre de 2016, y en el caso charro se registra un descenso del 7%, con la desaparición de 116 puestos
El 60% de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) tiene más de 50 años; y la incorporación de jóvenes se ha reducido drásticamente en un 80% por la paralización de las contrataciones. Las plantillas sufren una merma muy significativa en este sector, que en Castilla y León se concreta en una pérdida de 1.730 empleados, el 14,6%, entre julio de 2010 y noviembre de 2016. La provincia que más ha perdido porcentualmente ha sido Burgos (un -22,2%, con una supresión de 340 trabajadores), y la que menos Salamanca (un -7%, 116 empleados).
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta sobre el riesgo que conllevará, en los próximos años, la jubilación de los empleados públicos en el sector de la Administración General del Estado (AGE), el más envejecido de la Función Pública, si no se pone fin a la tasa de reposición. El 60% tiene más de 50 años, y la incorporación de empleados jóvenes se ha reducido radicalmente en un 80% a nivel nacional, por el efecto de la paralización de contrataciones.
Así lo recuerda el presidente del sector autonómico de la Administración General del Estado (AGE) de CSIF Castilla y León, Juan Carlos González. La reducción de la plantilla de empleados públicos ha respondido, desde el inicio de la crisis, a un control del gasto público, remarca CSIF. "En estos años, la tasa de reposición (cubrir las jubilaciones y fallecimientos de los empleados públicos) ha pasado desde el 100% del año 2003 a mínimos históricos en la actualidad. Con la mejoría de la situación económica, la tasa de reposición ha revertido, pero solo en organismos prioritarios, como son Educación, Sanidad o Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Todos los demás tienen su tasa de reposición congelada, el más afectado ha sido el Sector de Administración General del Estado, añade CSIF.
Esta situación ha llevado a que las bajas no cubiertas y la escasa, o casi nula, convocatoria de Oferta de Empleo Público, sobrecarguen de trabajo a los empleados públicos, y los usuarios de los distintos servicios vean como se incrementa el periodo de espera para ser atendidos, indica CSIF.
Hay determinados organismos, como Subdelegaciones, que se encuentran prácticamente al 50% del personal. si a esto se suma la posibilidad de futuras jubilaciones anticipadas a los 63 años, "nos encontraremos ante una situación caótica para la administración del Estado".
Según el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones públicas, y datos obtenidos de la Subdirección General de Relaciones Laborales con fecha de 1 de noviembre de 2016, se observa que la caída de empleo que viene sufriendo la AGE desde julio de 2010, en Castilla y León, es del 14,6% de la plantilla, concretamente 1.730 empleados públicos menos. En julio de 2010 el número de trabajadores era de 13.634 en la Comunidad, y en noviembre de 2016 había bajado a 11.804. La pérdida de funcionarios ha sido de 1.120 empleados (de 9.918 a 8.798) y de laborales de 572 (de 3.493 a 2.910.
Por provincias, en Ávila se han perdido 119 (-17,4%) trabajadores públicos en la Administración General del Estado, en ese periodo de julio de 2010 a noviembre de 2016, pasando de 802 a 683 empleados. En Burgos, la reducción ha sido de 340 (-22,2%), de 1.866 a 1.526 empleados; en León 303 empleados menos (-16,5%), de 2.140 a 1.837; en Palencia, 139 menos (-15%), de 1.098 a 959; en Salamanca, 116 menos (-7%), de 1.772 a 1.656; en Segovia, 172 menos (-16%), de 1.244 a 1.072; en Soria, 78 menos (-13,4%), de 659 a 581; en Valladolid, 356 menos (-12%), 3.302 a 2.946; y en Zamora, 107 menos (-19,6%, de 651 a 544.
Si a estos datos "clarificadores" se añade el "alarmante" envejecimiento de los trabajadores, "puede verse con claridad que desde CSIF pidamos que se elimine de una vez por todas la tasa de reposición, y se lleve a cabo un plan de recursos humanos en la administración central, para afrontar esta situación de emergencia", afirma Juan Carlos González.
Para el responsable del sector de AGE de CSIF Castilla y León, merece una mención especial la situación en Instituciones Penitenciarias, por el incremento de agresiones a los funcionarios de prisiones. "La falta de efectivos en las prisiones, el envejecimiento de las plantillas, la elevada incidencia de los problemas de salud mental entre los internos de las cárceles, o el hacinamiento de los presos, son factores con conforman una combinación explosiva, que está provocando un aumento intolerable del número de agresiones a los trabajadores de prisiones".