Los sectores cerealista y ganadero pierden 850 millones de euros

La Alianza UPA-COAG denuncia que a lo largo de este año 2016 el sector profesional agrario de Castilla y León ha sufrido las consecuencias de los bajos precios percibidos en la mayor parte de los productos, los abusos de la industria y la distribución, y en consecuencia la inacción de la ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria aprobada por el Gobierno central que sigue sin garantizar justicia ni equilibrio en los mercados.

La Alianza UPA-COAG denuncia la constante caída de los precios de venta de los principales productos agrarios y ganaderos, que se inició hace varios ejercicios pero que se ha acentuado en los últimos doce meses. En varios sectores los precios medios de venta se han situado por debajo de los costes medios de producción, lo que ha ocasionado pérdidas que han comprometido seriamente la viabilidad de miles de explotaciones de Castilla y León.

Así pues, precios por debajo de los costes de producción, cotizaciones en caída libre sin motivo aparente alguno, uso frecuente de productos como reclamo comercial, ventas con pérdidas o a resultas e intercambios comerciales sin contrato son algunas de las realidades con las que se han encontrado los agricultores y ganaderos en este año 2016.

El abuso de la posición de dominio de la gran distribución en el conjunto de la cadena agroalimentaria crece año tras año. De hecho, la evolución que han seguido los precios en origen en los últimos diez años está cada vez más distanciada del precio en destino por los alimentos. Los ciudadanos pagan cada vez más por productos que los agricultores han cobrado en el 2016 a precios de hace 20 años.

El supuesto incremento de la renta agraria del 5 % a lo largo de este año en nuestro país y que tanto enorgullece a los responsables del Ministerio de Agricultura choca frontalmente con la realidad que han sufrido las explotaciones familiares agrarias de Castilla y León con pérdidas a lo largo del 2016 de cerca de 850 millones de euros según estimaciones realizadas por la Alianza UPA-COAG en subsectores claves como cereales, conejo, porcino, miel y ganaderías de leche (ver cuadro inferior).

La Alianza UPA-COAG denuncia que esta situación se ha producido como consecuencia del desmantelamiento de los instrumentos de regulación de los mercados y de la preferencia comunitaria, que favorece el acceso a nuestros mercados de productos de terceros países con unos estándares de calidad y seguridad alimentaria muy poco exigentes, además de unas condiciones medioambientales y socio laborales muy precarias basadas en la especulación y la competencia desleal. Esta desregulación es muy grave porque el 75 % de los ingresos de los agricultores vienen vía precios y, por lo tanto, del mercado. Además, lleva a una volatilidad de los precios que afecta negativamente a las rentas de los agricultores.

A lo largo del año 2016 hemos seguido sufriendo la eliminación de los sistemas de cuotas de producción. La desaparición de las cuotas lácteas sigue originando un serio perjuicio a los ganaderos puesto que aumentan los excedentes de producción de leche en Centroeuropa, con la consiguiente caída de precios en origen y el cierre de explotaciones en nuestra región.

La Alianza UPA-COAG denuncia el incremento especulativo de los costes de los insumos, con especial incidencia en la energía, los fertilizantes y las semillas, y advertimos una vez más que a lo largo de este año 2016 hemos vuelto a sufrir el régimen de oligopolio que opera en estos mercados y la falta de regulación y control públicos, y que afecta directamente en los bolsillos de los profesionales del campo.

Pérdidas en subsectores agrarios de Castilla y León en el año 2016

El número de ATPs en Castilla y León sigue cayendo

La situación de desánimo y desesperación en el sector agrario ha quedado muy patente a lo largo de este año. Los costes de producción se han incrementado enormemente y las cotizaciones en origen de los alimentos se han desplomado. Este año 2016 ha venido marcado por falta de rentabilidad y muchas explotaciones se han visto abocadas al endeudamiento y al cierre, tal y como lo demuestran los datos donde en Castilla y León solo en el último año ha perdido 428 ATPs . Y venimos arrastrando esta situación desde hace tiempo. Hace apenas quince días Castilla y León contaba con 41.237 ATPs mientras que 10 años atrás esa cifra ascendía a 50.145. Un total de 8.908 profesionales de explotaciones familiares que han tenido que abandonar forzosamente su actividad.

Falta de desarrollo de la Ley Agraria en cuestiones claves

La Alianza UPA-COAG ha echado en falta durante este año que el Gobierno regional haya desarrollado y aplicado la Ley Agraria de Castilla y León para velar por el mantenimiento de un precio que cubra al menos los costes de producción como garantía de equilibrio de las partes contratantes, en las relaciones comerciales propias de la Cadena Alimentaria, evitando la posición dominante del distribuidor y comprador.

Para ello, resulta inaplazable durante mucho más tiempo el desarrollo reglamentario de la Ley Agraria y, con carácter prioritario en sus artículos 170, 171 y 172, y así: 1) Poner en marcha la Junta de Arbitraje y Mediación para el ámbito de los contratos agrarios. 2) Instaurar la figura del Defensor de la cadena alimentaria, que entre sus funciones deben estar el control, denuncia y sanción de posibles prácticas abusivas y la emisión de dictámenes sobre cuestiones relativas a las relaciones contractuales entre productores y compradores. En este sentido, podría denunciar los supuestos detectados de compras de productos agrarios con pérdida para el productor de los mismos. El Defensor de la cadena debería recibir denuncias anónimas y confidenciales a través de organizaciones representativas.

Además sigue sin crearse por parte de la Junta de Castilla y León un Observatorio Regional de la Cadena alimentaria. Sus funciones deberían ser, entre otras, el seguimiento, asesoramiento, consulta, información, estudio y propuesta sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria y de los precios de los alimentos en el ámbito de Castilla y León. En su composición se asegurará la inclusión de las Organizaciones y Asociaciones representativas de la cadena alimentaria desde el productor hasta el consumidor final.

Hemos reclamado a la Administración regional a lo largo de este año, y sigue sin atenderse nuestra reivindicación, una mejora de la coordinación entre las distintas autoridades territoriales y con las autoridades del Estado.

Y es que las competencias en materia de calidad, fraude y etiquetado en punto de venta y control de prácticas como la venta a pérdidas, están en manos de las autoridades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es absolutamente indispensable la correcta coordinación con la Administración central y de otras Comunidades Autónomas, a través de, no sólo mesas de trabajo, sino a través de otros instrumentos que permitan la mayor celeridad en la transmisión de la información. También se deben establecer manuales y guías de coordinación que clarifiquen los procedimientos y los doten de la mayor seguridad jurídica.

Opas, cada vez con más responsabilidad y con menos recursos

El impulso de la interlocución entre Administración regional y organizaciones profesionales agrarias (OPAS) a través de la representación en distintos órganos consultivos sin duda es muy importante porque está revirtiendo en beneficio de los agricultores y ganaderos. Sin embargo, el trabajo que estamos desempeñando las Opas en el día a día colaborando en distintos frentes de manera tan activa para agilizar en cierta medida la maquinaria tan lenta y pesada de la propia Administración regional en los servicios a los agricultores y ganaderos choca frontalmente con la precarización de los recursos asignados a las propias organizaciones agrarias representativas para acometer dichos fines. En estos momentos somos agentes muy activos en la prestación de servicios que en muchos casos corresponden a la propia Administración regional, por lo que reforzar la interlocución directa con todo el sector productor y agroalimentario al máximo nivel resulta crucial para que éste tenga una representatividad justa, pero de igual modo es prioritario dotar de los medios necesarios a quienes realizamos esas tareas de acercar al ciudadano, en este caso agricultores y ganaderos, cuantas respuestas demandan en el día a día de su actividad profesional.

Daños de la fauna silvestre

Una vez más ha sido nuestra organización la que en este año 2016 ha levantado la voz de alarma sobre las consecuencias del descontrol de la fauna silvestre. A través de varios actos de protesta hemos exigido compromiso a la Junta de Castilla y León reclamándoles mayor control de la fauna y un cambio radical en las políticas de Bruselas, Ministerio de Agricultura y Junta de Castilla y León. Los agricultores no aguantan más, y los ciudadanos del medio rural castellano y leonés cada vez son más conscientes del peligro de tanto descontrol de la fauna silvestre.

Sirva como ejemplo. El número de accidentes provocados por animales en las carreteras de Castilla y León se ha incrementado un 68 por ciento en los últimos ocho años, al pasar de los 3.956 siniestros contabilizados en 2007 a los 6.670 del 2015. Este dato supone que en casi cuatro de cada diez accidentes de tráfico que se registran en la Comunidad (37,5 por ciento) están implicados animales, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por su parte, en el sector agrario la fauna silvestre produce daños en miles de hectáreas todos los años. La Alianza UPA-COAG lleva reclamando desde hace tiempo una solución al problema que origina la proliferación de ciervos, corzos y jabalíes por toda Castilla y León, con los problemas añadidos de saneamiento ganadero que generan.

Expansión incontrolada de lobos al norte y sur del Duero

La Alianza UPA-COAG denuncia la expansión incontrolada de lobos por todo el territorio regional a lo largo de este año. Más ataques que nunca y más ganaderías destrozadas ante el cada vez mayor número de ejemplares de cánidos en todas las provincias. Al sur del Duero gracias a la sentencia que ganó la Alianza UPA-COAG en los tribunales de Justicia se han indemnizado los daños y se ha hecho en un periodo de tiempo de apenas 15 días entre el ataque y el pago en sí. Sin embargo, el problema sigue muy latente con cada vez más lobos y más daños a las explotaciones ganaderas. Hemos exigido que el cambio de régimen al sur del río de especie protegida a especie gestionable mantenga el compromiso de las indemnizaciones y suponga el control definitivo de una especie que cada vez está más presente y ocasiona más daños. Al norte del Duero la gestión ha sido catastrófica, con cupos de caza que un año más se han incumplido hasta en un 50 %, por lo que la multiplicación de ejemplares es espectacular año tras año. La Alianza UPA-COAG exige máximo compromiso al Gobierno regional para que realice un severo control poblacional de esta especie tanto al norte como al sur del Duero y que se indemnicen por igual, independientemente de la zona, los daños que provocan a los ganaderos.

Crisis continuada en los sectores ganaderos de leche

Los bajos precios de la leche de vaca a lo largo de todo el 2016 ha sido el denominador común de todo este año y cuyos efectos se acumulan a las enormes pérdidas del año anterior. El mínimo repunte de cotizaciones a lo largo de este mes de diciembre no ha supuesto avance significativo alguno, puesto que el precio final de 30 céntimos/litro sigue sin cubrir los costes de producción. El problema se ha trasladado en este 2016 a la leche de oveja y cabra, debido principalmente al contagio de la crisis del vacuno de leche y a la introducción de un mayor porcentaje de leche de vaca en los quesos de mezcla. Las cotizaciones en algunos casos han descendido hasta 0,25 euros/litro que al ganadero le supone no haber cubierto los costes de producción debido a que las industrias lácteas imponen las condiciones de los contratos, pervirtiendo las intenciones de la Ley de la cadena alimentaria. A esto hay que añadir que la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos (conocido como CAP) ha penalizado muy severamente al sector ovino-caprino.

Sentencia favorable para los remolacheros e incertidumbre en el sector productor

El 2016 se ha cerrado con una nueva victoria de nuestra organización a nivel judicial. En este caso lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia, que ha decidido dar la razón a la reclamación de nuestra organización agraria contra el Gobierno regional, que tendrá que pagar a 5.315 remolacheros de Castilla y León los 3 euros por tonelada correspondiente a la campaña 2011/2012 que se comprometió a abonar a los productores y que no lo hizo en su día. Además tendrá que abonar los intereses generados desde entonces. La victoria de la Alianza UPA-COAG en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León beneficiará a todos los remolacheros de la región.

La noticia más negativa para el sector se ha conocido a finales de año cuando el Gobierno central ha decidido implantar un impuesto a las bebidas azucaradas con el consiguiente perjuicio que ello tendrá en el sector productor. Si los responsables políticos del Gobierno, señor Montoro al frente, estuvieran realmente preocupados por la salud pública de los españoles el problema deberían afrontarlo con actuaciones que favorezcan los hábitos saludables mediante medidas pedagógicas, educativas y sociales, y no desde el ámbito de más cargas fiscales al ciudadano y que trascienden directamente al sector remolachero-azucarero. Con la puesta en marcha de esta medida impositiva corren serio peligro miles de empleos directos e indirectos que actualmente se generan en torno a esta actividad profesional en Castilla y León, lo que conllevaría una destrucción muy importante de tejido social y económico en nuestra comunidad autónoma.

Además la incertidumbre para el sector remolachero es enorme dado que en septiembre del 2017 desaparecen las cuotas remolacheras sin saber aún cómo afectará al agricultor esta decisión política.

Una quema de rastrojos insuficiente y muy restrictiva a nivel normativo

La tan deseada, por esperada y necesaria normativa, sobre quema de rastrojos que sacó a bombo y platillo la Administración regional en el 2016 finalmente ha resultado ser absolutamente inútil. Apenas 30.000 hectáreas se han podido acoger a esta norma. Así lo denunciamos previamente en varias mesas de negociación en la que reclamábamos que la normativa no fuera restrictiva y permitiera actuar para acabar con las plagas como medida fitosanitaria. La realidad es que ha habido muy pocas opciones de quemar rastrojos en las parcelas de la región por la cantidad de inconvenientes que han impuesto las consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura. Y es que la opción de la quema llegó demasiada tarde y con restricciones en muchas comarcas cerealistas, y con enormes prohibiciones por cercanía a carreteras, zonas de monte, zonas ZEPA, etc.