Los cerca de 50.000 afiliados que teóricamente tiene el PP de Castilla y León están convocados a las urnas entre el viernes 16 y el lunes 19 para elegir al grueso de los compromisarios que les representen en el congreso nacional que celebrará el partido el próximo mes de febrero. Todos ellos son electores y elegibles siempre que estén al corriente del pago de sus cuotas, requisito éste que a buen seguro mermará lo suyo el censo.
La elección, a realizar en listas abiertas, supondría sin duda todo un alarde de democracia interna si no fuera porque a ella no se someterán ni los máximos dirigentes orgánicos ni buena parte de sus representantes institucionales, que son compromisarios natos porque así lo determinan los estatutos en vigor.
No están expuestos al posible revolcón de la militancia los presidentes provinciales del partido, los diputados del Congreso, los senadores, los presidentes de Diputación y los alcaldes de las capitales de provincia o de municipios de más de 50.000 habitantes (en este caso la alcaldesa de Ponferrada), en total alrededor de 70 de los cerca de 250 compromisarios que aporta Castilla y León a dicho cónclave.
León, con diferencia la provincia con mayor afiliación (más de 10.000), elige a un total de 43 delegados, seguida a distancia de Salamanca (33) y Valladolid (32). 32 elige también Zamora, la cuarta provincia en número de afiliados, muy por delante de Burgos, que elige tan solo 26 compromisarios, menos que Ávila (29) y Palencia (27).
De lo anterior se desprende que la implantación provincial del PP no guarda proporción con la población, siendo notablemente superior en toda la franja oeste que en el resto del territorio regional. Curiosamente, son las provincias mas castigadas por la despoblación las que cuentan con mayor índice de afiliación al partido que gobierna desde hace casi 30 años la comunidad autónoma. Tanto es así que León, Zamora y Salamanca acaparan cerca del 50 por ciento del total de la militancia del PP en Castilla y León. Todo un dato para la sociología política.
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