Bandas latinas y violencia social

Hace dos semanas (el 22 de octubre) titulaba mi columna semanal "peligro de deriva social" y alertaba que el incremento de la pobreza en España y los recortes en las políticas sociales de los últimos años (que están agudizando los desequilibrios económicos en nuestra sociedad), pueden provocar un incremento de la marginalidad y, por ende, de la actividad delictiva en un país, como el nuestro, que cuenta con una baja tasa de criminalidad violenta.

El 3 de noviembre, el diario El Mundo publicó un interesante informe sobre "el auge de las bandas latinas en Madrid" que resulta realmente preocupante, porque en esa noticia se admite por parte de la policía que hay un "repunte cualitativo" de la actividad de estas bandas de delincuentes, con dos asesinatos en lo que va de año por disputas entre los diferentes grupos. A su vez (afortunadamente), la misma policía reconoce que el repunte es sólo cualitativo (aunque esto en sí también es grave), porque cuantitativamente no se están produciendo más delitos en este año que en los anteriores.

Las bandas latinas que están operando en Madrid y en otras regiones del Estado, como Cataluña y Valencia, son, fundamentalmente, los Trinitarios y Dominican Don't Play (de procedencia Dominicana) y los Ñetas y Latin Kings (Ecuatorianos). De ellos, los Trinitarios son los más activos y numerosos, según la policía, y en los últimos años han cometido muchos delitos, principalmente robos con intimidación. Resulta preocupante que la mayoría de los miembros de estas bandas sean jóvenes de 16, 15 y hasta 14 años.

La mayoría de ellos son hijos de familias desestructuradas y pertenecientes a un entorno social muy humilde y son producto de la desigualdad, el desempleo y la brecha educativa, lo que provoca en ellos un sentimiento de exclusión. Los estudiosos de la psicología social, la criminología y la sociología, denuncian constantemente que a la realidad social de la que proceden sus miembros se les está negando sistemáticamente ayuda social y otras subvenciones públicas y que si hubiera habido mejores planes de prevención (estatales, regionales y municipales) que hubieran facilitado el acceso a la educación y al mundo laboral de estas personas, "no tendríamos niños con pistolas".

Pero este discurso, que es el más racional y coherente, no es compartido por el poder político, que ha dejado de ser político y se ha quedado sólo en "poder". Y desde el poder, el único mensaje que se transmite para combatir estos problemas es el reduccionista, mediante la escandalosa inflación penal, incrementando considerablemente las penas para los delitos y endureciendo las condiciones de cumplimiento de las condenas para los culpables, como si el Derecho Penal fuera la única solución para resolver los conflictos sociales. Las leyes penales se llevan endureciendo progresivamente desde la publicación del nuevo Código Penal, en 1995 (el anterior, de 1944, revisado en 1963 y 1973, además de las necesarias reformas para adaptarlo con urgencia al nuevo Estado de Derecho Constitucional, procedía de la dictadura), sin que el poder reflexione sobre otro tipo de políticas y medios de control social menos severos y, en cambio, más eficaces y preventivos. El poder se ha quedado sin discurso científico y técnico y quién lo tiene (los expertos en las ciencias jurídicas, sociales y de la conducta), no es escuchado o simplemente tachado de utópico y revolucionario. Un ejemplo de ello ha sido la última gran reforma del Código Penal, de 2015, que introdujo la eufemísticamente denominada "prisión permanente revisable", cuando no es ni más ni menos que una cadena perpetua pura y dura. En la misma no se ha tenido en cuenta a la doctrina científica ni se generó el debate necesario previo a acometer la reforma.

Por otra parte, y todo hay que decirlo, nuestro país también cuenta con una ventaja en la prevención de delitos violentos cometidos por grupos de criminalidad organizada y bandas armadas: tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad muy profesionales y bien preparados. Afortunadamente han desarticulado algunas células de otras bandas de pandilleros infinitamente más violentos que los descritos y que querían implantarse en España: las maras (la M18 y la Salvatrucha), que actúan de forma extremadamente virulenta en algunos países de centro américa (Guatemala, Honduras y El Salvador, fundamentalmente).

Sólo la combinación de estas medidas preventivas (el incremento de las políticas de bienestar, que combatan los desequilibrios sociales y económicos y la actuación policial), además de la colaboración ciudadana, pueden evitar este tipo de conductas delictivas, no así un Código Penal que imponga penas draconianas, porque, como bien dice el refrán "es mejor prevenir que curar".