La Junta expone su trabajo para vincular los Servicios Sociales a la inserción y al empleo

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha sido invitada a participar durante esta semana en un foro de trabajo organizado en Bruselas por la Comisión Europea en torno a experiencias para el fortalecimiento de la coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales para la creación de nuevas oportunidades. En este sentido, Castilla y León ha sido invitada a exponer el trabajo que se desarrolla en la Comunidad a través de la Red de Protección a las Personas y a las Familias y cómo, en los últimos meses, se están articulando desde los Servicios Sociales de la Junta mecanismos, herramientas y actuaciones orientadas al empleo de las personas más vulnerables.

En este encuentro europeo ha participado el director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta, Pablo Rodríguez, que ha explicado en Bruselas que uno de los objetivos prioritarios de las políticas sociales de la Junta de Castilla y León es la lucha contra pobreza y la exclusión social, dar respuesta a las necesidades de las personas y familias más vulnerables y procurar su efectiva integración social para construir una sociedad más justa.

Para ello, el diálogo, el pacto y el consenso siempre han sido señas de identidad de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales, donde se han alcanzado importantes acuerdos que han permitido a la Comunidad avanzar en la atención y protección a las personas más vulnerables. En este sentido, Rodríguez ha recordado que uno de los últimos pasos en este ámbito se ha dado a comienzos de esta semana con la reunión que mantuvo la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, con los representantes de los agentes sociales y económicos de la Comunidad. En ella, y en el marco del Diálogo Social, se constituyeron dos mesas de trabajo para seguir avanzando y mejorando en la protección a las personas y familias más vulnerables y en la atención a la dependencia. A través de estos trabajos Castilla y León quiere ir más allá en la protección a los que más lo necesitan a través de la elaboración de un proyecto de Ley que consolide legalmente la Red en dos aspectos esenciales: dotándola de un carácter estable y permanente para que sus servicios, prestaciones y forma de trabajar en la lucha contra la pobreza y la exclusión social se mantengan de forma indefinida y al margen de la coyuntura económica de cada momento, y extender y configurar como derechos subjetivos las principales prestaciones de la Red: la Renta Garantizada de Ciudadanía y las ayudas de emergencia social ya tienen este carácter de derecho subjetivo y lo que se quiere con esta nueva Ley es extender este carácter al servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucio y a la prestación urgente de alimentos. La Junta contempla 180 millones de euros en 2016 para ofrecer respuestas concretas y urgentes a través de los diferentes programas de la Red de Protección a las Familias y Personas más vulnerables de Castilla y León.

Junto a esto, Pablo Rodríguez ha puesto de manifiesto que el trabajo de la Junta de Castilla y León en los últimos meses para facilitar el acceso al empleo de las personas más desfavorecidas se está articulando a través de la elaboración de un Plan Autonómico de Inserción Socio-laboral para el periodo 2016-2020, un Plan dotado con 335,6 millones de euros para todo el periodo y con el que se refuerza la acción protectora de las personas más vulnerables y también se mejora su inclusión social y laboral. Se estima que el conjunto de acciones de formación, orientación e inserción laboral podrán llegar a 109.000 personas en todo el periodo temporal de desarrollo del Plan. Está elaborado con la participación e implicación del Dialogo Social y de las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la exclusión, y contempla todos los aspectos de la inserción laboral, abarca actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad y a facilitar tanto el acceso como el mantenimiento del empleo, actuaciones todas ellas adaptadas a las circunstancias y perfiles de las personas a través de los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral. Un Plan que está sustentado en la innovación social que incorpora la metodología del Proyecto Europeo 'PACT', iniciativa europea liderada por Castilla y León y enfocada a potenciar la Red de Protección y la inserción socio-laboral de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía con dos estrategias interconectadas: la alianza público-privada y la inversión social proactiva.

En cuanto a la atención a la dependencia, y respecto a la vinculación entre Servicios Sociales y Empleo en Castilla y León, Pablo Rodríguez ha explicado que la Comunidad es la primera y única Comunidad Autónoma en España que ha implantado al 100 % el Sistema de la Dependencia, un Sistema que atiende en la actualidad en Castilla y León a 84.566 personas con 107.247 prestaciones y que apuesta por la profesionalización y el empleo, lo que permite que Castilla y León encabece en España la creación empleo vinculado a dependencia con casi 10 empleos por cada 1.000 habitantes y la existencia de casi 23.000 puestos de trabajo, más de cinco puntos por encima media nacional en España.

Entre los colectivos vulnerables se encuentran también las personas con discapacidad. Pablo Rodríguez ha informado de que Castilla y León ha dado pasos destacados en los últimos meses dirigidos al empleo también en este ámbito. En el objetivo del empleo como la mejor herramienta de integración e inserción, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está apostando por el apoyo a los itinerarios personalizados de empleo, con 4,9 millones de euros en 2015 y con una participación de 2.584 personas con discapacidad, lo que posibilitó la celebración de casi 1.200 contratos para su inserción en el mercado laboral. Otras líneas de actuación recientes de la Junta que se han recordado son la de la promoción del acceso al empleo público, con la reserva para personas con discapacidad como mínimo del 10 % del total de plazas de la oferta y al menos el 2 % de estas plazas ofertadas a personas con discapacidad intelectual, y la aprobación de un nuevo Acuerdo sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación pública, que amplía la reserva de contratos, además de a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción laboral y prioriza en la adjudicación de un contrato la inclusión de proyectos de inserción sociolaboral para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social.