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Consejo de Cuentos
DESDE GUADRAMIRO

Consejo de Cuentos

OPINIóN
Actualizado 30/10/2016
Juan Carlos López / Alberto Arroyo

Consejo de Cuentos | Imagen 1

Esta semana el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha hecho público el 'Informe comparativo sobre las universidades públicas de Castilla y León'. En el mismo, ha planteado que se supriman 20 carreras, hecho que afectaría principalmente a la Universidad de Salamanca, de las que esta institución autonómica pide que se eliminen 10 carreras, siendo la segunda más damnificada por dicho informe la Universidad de León, de la cual piden la 'cabeza' de 5 títulos.

Quizá algunos, al oír hablar de este Consejo, se preguntarán qué institución es esa. Pues bien, el Consejo de Cuentas de Castilla y León es una institución autonómica con sede en Palencia, cuyo presidente es nombrado por las Cortes de Castilla y León. Su actual presidente es Jesús Jaime Encabo Terry que, aunque soriano, su nombre puede que suene algo en estas latitudes por haber sido entre 1995 y 2003 teniente de alcalde y concejal de urbanismo en Salamanca, función a la que relevó para ser procurador en las Cortes autonómicas entre 2003 y 2012 y, de ahí, a presidir el Consejo de Cuentas autonómico hasta el presente.

Pero si Encabo Terry es el presidente, otro viejo conocido de la política salmantina también es consejero. Se trata de Emilio Melero Marcos, que también fue teniente de alcalde del ayuntamiento de Salamanca (aunque en su caso por el PSOE), y que fue vicepresidente de la Diputación en los años ochenta, cuando su hermano Juan José la presidía.

Finalmente, el tercer consejero en discordia en el Consejo de Cuentas autonómico es Miguel Ángel Jiménez García, orensano vinculado con Soria (fue secretario general de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas), que lleva desde 2003 como consejero en el Consejo de Cuentas y que, antes de ello, había sido durante once años consejero en el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES).

Por otro lado, aunque suenen parecido y sus funciones vengan a ser las mismas, no hemos de confundir el Consejo de Cuentas de Castilla y León, con el Tribunal de Cuentas de España. En realidad, especialmente debido a que sus informes son meramente consultivos, y a que son los parlamentos autonómico y estatal los que designan sus integrantes, ambas instituciones no dejan de ser a día de hoy más bien unos nichos en los que enchufar amiguetes de los políticos de turno (y otro tanto se puede decir de otras instituciones similares como el Consejo Consultivo de Castilla y León).

De este modo, en el Consejo de Cuentas autonómico han encontrado acomodo viejas glorias de nuestra política provincial como Encabo o Melero, mientras que en el español nos encontramos por ejemplo al hermano mayor de Aznar, Manuel Aznar López, al exconseller catalán y exsenador del PSC Lluís Armet, al exdiputado de UCD Ramón María Álvarez de Miranda (a la sazón, hijo del expresidente del Congreso Fernando Álvarez de Miranda), o a la que fuera ministra de Justicia con Aznar Margarita Mariscal de Gante.

Pero dejando a un lado la institución del Consejo de Cuentas autonómico en sí, y yéndonos al informe que nos trae a colación, he de señalar que me parece un tanto arrogante por parte de este Consejo que pretenda señalar a una universidad que presenta superávit, como es el caso de la Universidad de Salamanca, lo que debe hacer o dejar de hacer con las titulaciones que oferta.

Por otro lado, la respuesta de la Junta ante el informe ha sido reconocer que, debido a la legislación estatal en la materia, no pueden llevarse por delante ninguna titulación universitaria, ya que la Consejería de Economía y Hacienda "no tiene capacidad para imponer a las universidades públicas la estructura económica de sus presupuestos. Las universidades públicas tienen total autonomía financiera para concretar la estructura económica de sus presupuestos, como establece el art. 81.4 de la Ley Orgánica de Universidades."

No obstante, lo que sí hizo este verano la Junta fue firmar un acuerdo con las cuatro universidades de la autonomía para asegurarse de que no introdujesen ninguna titulación nueva en los planes de estudios o, en caso de hacerlo, que esta tuviese que ser aprobada por el resto de universidades de la autonomía y por la propia Junta. Lo que se dice autonomía universitaria de la buena, vamos.

En cuanto a la reacción de la USAL ante la propuesta de eliminación de diez de sus titulaciones por parte del Consejo de Cuentas de Castilla y León, la universidad señala que esta institución autonómica atribuye "costes a una titulación que probablemente no corresponderán con la diferencia de coste necesaria para implantarla, teniendo en cuenta que muchas nuevas titulaciones van, probablemente, a aprovechar parcialmente recursos que otras titulaciones ya están aprovechando también parcialmente."

Asimismo, la USAL ha aprovechado sus alegaciones al informe para recordar que "las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma han prohibido la incorporación de nuevo personal, [?] Esta ha sido la situación de las universidades, como la de Salamanca, que más profesorado han perdido como consecuencia de la jubilación de un número importante de profesores funcionarios que, prohibida o muy limitada la reposición de efectivos, enfrentaba a la universidad a la imposibilidad, por carecer de profesorado para ello, de mantener la docencia de determinadas asignaturas que debían impartirse por obligación legal. Con la finalidad de no incumplir la ley, la Universidad ha debido acudir a figuras de profesorado laboral temporal, manteniendo así una docencia de calidad muy mermada que, como es natural, no contribuye a atraer a nuevos estudiantes para las titulaciones deficitarias a que se refiere el Informe Provisional."

En todo caso, que la Universidad de Salamanca se sitúe en el punto de mira de las instituciones de Castilla y León no es algo nuevo. Un caso bastante revelador en este sentido se dio en 2009, cuando la Fundación Villalar, financiada por la Junta, subvencionó un máster con las mismas horas y temario en las universidades de Salamanca y Valladolid. En este caso, pese a ser el mismo en ambas universidades (denominado en la Usal 'Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Histórico Artístico'), la dotación era diferente, pues a la Universidad de Valladolid la Fundación Villalar le otorgó una subvención de 60.000 euros, mientras que para la de Salamanca la asignación era de la mitad, 30.000.

Asimismo, en 2011 nos podemos encontrar otro agravio notorio de la Junta si la comparamos con el Estado. Me refiero a la financiación que la USAL precisaba para llevar adelante el Campus de Excelencia Internacional. En este asunto, mientras el Ministerio de Educación otorgó una subvención de 923.103 euros a la Universidad de Salamanca, la Junta no concedió a la USAL una subvención, sino un préstamo que la universidad debía devolver con unos intereses que acababan ascendiendo a los 42.420 euros.

Históricamente, también cabe recordar que la tradicional deuda arrastrada por la USAL (que este año ha conseguido eliminar), se derivaba principalmente de que la Junta no había hecho frente en su momento a la parte que le correspondía pagar por la creación del Campus Universitario Miguel de Unamuno, que tuvo que ser financiado de manera íntegra por la USAL.

Este hecho generó a la Universidad de Salamanca una deuda que le ha lastrado en su crecimiento desde entonces, al tener que derivar parte de sus ingresos a financiar los préstamos a los que hizo frente para construir el nuevo campus y que, por ejemplo, la Universidad de Valladolid no tuvo que afrontar, pues la Junta sí financió la remodelación de sus instalaciones en tiempo y forma. Finalmente, el actual equipo rectoral, tras su elección, logró firmar un acuerdo para que la Junta fuese devolviendo a la USAL el dinero que le debía, hecho que ha sido decisivo en que la universidad haya podido por fin dar carpetazo a su deuda este año.

Y es que, pese a que la Junta reconozca que no puede eliminar titulaciones universitarias (básicamente porque la Ley Orgánica de Universidades (LOU) no se lo permite), sí que puede emplear la vía de intentar ahogar a la Universidad de Salamanca otorgándole menos financiación de la que precisan sus necesidades.

En cuanto a lo que apuntaba el Consejo de Cuentas, personalmente no me opongo ni a que la USAL elimine titulaciones ni a que cree otras nuevas, pero sí considero que eso debe ser un asunto interno, que debatan exclusivamente los propios responsables de la universidad. Así, teniendo superávit la Universidad de Salamanca, no creo que el Consejo de Cuentas de Castilla y León sea quien para señalarle el camino o someterle a presiones. Decía el filósofo griego Epicteto que "es libre el que vive de acuerdo con su elección", pues bien, dejemos que la Universidad de Salamanca, en base a su autonomía, siga siendo libre.

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