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El pleno da luz verde a la caducidad del contrato con la empresa que gestiona Vega Terrón
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CON LA ABSTENCIÓN DE PSOE Y PODEMOS Y EL VOTO EN CONTRA DE CIUDADANOS

El pleno da luz verde a la caducidad del contrato con la empresa que gestiona Vega Terrón

Actualizado 28/10/2016

Un informe del Consejo Consultivo recoge que no existe formalización del contrato entre Vegater y la Diputación al no constituirse la garantía definitiva

Con los votos a favor de los 13 diputados populares, la abstención de PSOE y Podemos y los dos votos en contra de Ciudadanos, el pleno provincial ha sacado adelante la propuesta para declarar la caducidad del contrato con la empresa Vegater para la explotación del muelle fluvial de Vega Terrón. Este acuerdo se remitirá al Consejo Consultivo que, en un primer informe, señalaba que sin garantía definitiva, no existía formalización del contrato entre la empresa y la institución provincial.

"Debemos resolver el contrato para dar un futuro al muelle con un uso turístico y no comercial como se preveía hace años" ha asegurado el vicepresidente primero y responsable de Fomento, Carlos García Sierra, que ha insistido en la importancia de que la propuesta llevada al pleno se aprobara para trasladarla de nuevo al Consejo Consultivo de Castilla y León. Desde abril de 1997, fecha en la que se adjudicó la gestión, la empresa no abonó a la Diputación el canon por ocupación de dominio público y por actividad.

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Hernández, ha argumentado su voto en contra basándose tanto en el informe del técnico Ricardo Barrientos, como en el del Consultivo. En el informe técnico se recoge la falta de formalización del contrato entre la empresa adjudicataria y la Diputación sin haber constituido la garantía definitiva, "una omisión trascendente desde el punto de vista jurídico" Hernández acusó a la Diputación de haber permitido una actividad "presuntamente ilegal durante casi 20 años". El portavoz de Ciudadanos ha pedido conocer "a qué empresa hay que rescindir el contrato, si a Vegater o la UTE". Por lo que se refiere al informe del Consultivo, Hernández explicó que recoge que en el expediente no constan los motivos por los que se constituyó la garantía definitiva. "Ni constan ni pueden constar porque es evidente y manifiesta la tramitación irregular del expediente de contratación y el fallo en cadena de todos los controles que debe realizar la Diputación".

Por su parte, Manuel Ambrosio Sánchez, del PSOE, lamentó que el asunto de la resolución del contrato de Vega Terrón regrese por tercera vez al pleno en dos años "y mucho me temo que no será la última". El socialista insistió en el informe del Consultivo, "que pide que se expliquen los motivos por los que no se formalizó el contrato", exigiendo que se asuman responsabilidades por parte del equipo de Gobierno del PP. Con este panorama, Vega Terrón "un proyecto que vendieron a bombo y platillo, es un agujero negro", un recurso que el diputado del PSOE consideró fundamental para esta provincia "pero que continuará inactivo", criticando también el estado "de abandono" en el que se encuentra el centro de recepción de turistas.

En un tono más crítico se mostró el diputado de Podemos, Gabriel de la Mora, que acusó a la Diputación de dejar pasar 20 años "sin pedir obligaciones a la empresa ni cobrar el canon y es ahora cuando intentan resolver el contrato y lo paraliza el Consejo Consultivo". De la Mora manifestó que no permitirán "chapuzas y desfalcos como el que tenemos entre manos", insistiendo en conocer las razones por las que la Diputación no ha realizado cobros a la empresa en 20 años. "Tienen que pedir responsabilidades a su compañeros responsabilidades, que son los que la han liado".

Seis millones para el Plan de Empleo

Con los votos a favor de PP; PSOE y Ciudadanos, y la abstención de Ganemos, el pleno ha aprobado los seis millones de euros destinados al Plan de Empleo y Apoyo Municipal. De esta cantidad, el 50% se destinará al fomento del empleo y, el resto, a inversiones en obras municipales. Gabriel de la Mora, de Ganemos, argumentó su abstención indicando que no solo debían tenerse en cuenta criterios poblacionales a la hora del reparto. Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Chabela de la Torre, explicó que este reparto "se realiza para ahorrar burocracia a los ayuntamientos y a la Diputación" y llega a todos los consistorios "con un criterio objetivo por el número de habitantes".

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